Rodríguez Signes confía en que la Justicia fallará a favor del gobierno por agrotóxicos
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que integran Andrés Marfil, Virginio Galanti y Valentina Ramírez Amble, deberá fallar sobre un nuevo amparo presentado por la coordinadora Basta es Basta (organización que nuclea al Foro Ecologista y a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer) a través del cual se pretende frenar la vigencia del Decreto Nº 2239, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, donde se establece un nuevo sistema de control y distancias para las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia.
Según se supo, los plazos de los magistrados vencen hoy y hasta entonces tendrán tiempo para resolver sobre una u otra postura.
Ante la consulta, respecto a las expectativas del inminente fallo, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes (que viene realizando un extenuante lobby a favor de los agrotóxicos) se mostró confiado en que esta vez la Justicia fallará a favor de los intereses del Gobierno Provincial: “Tengo casi la certeza de que la Justicia va a fallar distinto. El decreto N° 2239 importa un sistema de control, lo grave es que no se cumpla con este decreto, que no se constituyan las unidades centinelas, que no se constituyan las unidades de control, que no se reempadronen las máquinas, que es lo que está dispuesto en el decreto nuevo”, afirmó.
En diálogo con FM Universidad de Paraná, Rodríguez Signes relató su asistencia en las 37as jornadas de buenas prácticas agrícolas con fitosanitarios ocurridas el jueves pasado en Gualeguay: “Pude comprobar, directamente que las distancias que pusimos en el nuevo decreto son muy excesivas respecto a la realidad de cómo se comportan los plaguicidas cuando son bien aplicados”, relató. En esa línea, volvió a expresar que “las distancias son una de las variables”, pero que hay otros componentes que hacen a la cuestión: “Si las condiciones climatológicas no son las adecuadas y se hace igual la aplicación, ni con las distancias establecidas en la sentencia original (1.000 metros para método terrestre y 3.000 metros vía aérea) se garantiza el reaseguro”. “Si se hace un análisis correcto, no tiene por qué ser anulado ni suspendido el decreto”, afirmó como una forma de presionar a los jueces. Ante la consulta respecto a un eventual fallo adverso, confirmó que irán a la Corte Suprema de Justicia nuevamente tal como ocurrió con el decreto anterior: “Nosotros interpusimos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y vamos a llevarlo al máximo órgano judicial”, amenazó. No obstante, el fiscal de Estado volvió a mostrarse confiado: “Yo confío en que no va a pasar. Pienso que las organizaciones ambientales, si miran bien el sistema y se comprometen con el funcionamiento del mismo, deberían apoyarlo”, aseguró.
Como los ambientalistas niegan que hayan sido convocados, Rodríguez Signes confirmó esta situación: “Nosotros no convocamos a ningún organismo ni organización que no sea oficial. Trabajamos con el INTA, el Conicet, con Salud Pública, con Medio Ambiente, con Educación. No trabajamos con organizaciones en particular de ningún tipo, ni ambientalistas ni agrarias. Sí fuimos a audiencias cuando las entidades de la producción las pidieron, pero creo que el Foro Ecologista no pidió audiencias”, expresó. En este último punto, Análisis Digital consultó a los ambientalistas y desde el sector aseguraron que en reiteradas oportunidades presentaron notas solicitando audiencia al gobernador, pero nunca fueron respondidas.