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Diario El Argentinojueves 28 de marzo de 2024
Policiales

Por superposición de debates, defensores piden la postergación del juicio a Urribarri

Por superposición de debates, defensores  piden la postergación del juicio a Urribarri

Abogados defensores pidieron que se postergue el juicio a Sergio Urribarri y buena parte de su gabinete, porque está ocupados con el juicio que ventila las causas “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio” en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Según informó Entre Ríos Ahora, un grupo de abogados hizo la petición al tribunal que componen Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gervasio Labriola.


Los jueces determinaron que se realice una audiencia para que los defensores expongan sus argumentos y la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) deberá fijar una fecha para eso.

De ese trámite dependerá si el debate comienza el 20 de este mes, o se aplaza. El tribunal, además, pidió “recabar la información que corrobore que la sustanciación del debate aludido -conocido como la causa ´Narcomunicipio´- en el Tribunal Oral Federal de Paraná, su cronograma de audiencias y el carácter que revisten los abogados peticionantes en el mencionado debate, librándose el despacho pertinente”.

El inicio del juicio por la conocida “Causa de la vaca” ya fue postergado una vez, en julio pasado.

Defensores en común

* Miguel Ángel Cullen: defiende, junto a Rubén Pagliotto, al intendente de Paraná Sergio Varisco, que está imputado en la causa Naromunicipio. En la “Causa de la vaca” defiende a Alejandro Almada, y Maximiliano Sena y es codefensor de la contadora Corina Cargnel.

* Guillermo Vartorelli: es defensor de María Esther Márquez en la causa Narcoavioneta. En la “Causa de la vaca” es abogado de Cargnel y Emiliano Giacoppuzzi.

* Emilio Fouces: defiende al concejal de Cambiemos, Pablo Hernández en la causa “Narcomunicipio. En la “Causa de la vaca” defiende al empresario Hugo Montañana.

* José Velázquez: es defensor junto a Leopoldo Cappa de Daniel Andrés “Tavi” Celis en las causas “Narcoavioneta” y “Narcomunicipio”. En la “Causa de la vaca” es codefensor junto a Ignacio Díaz del diputado y ex ministro Pedro Báez.

* Marcos Rodríguez Allende: es codefensor junto a Boris Cohen de Griselda Bordeira en la causa “Narcomunicipio”. En la “Causa de la vaca” defiende a Juan Pablo Aguilera.

Juicio por la

“Causa de la vaca”

La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Se investigó penalmente la distribución irregular de publicidad callejera entre 2010 y 2015 por un monto de 24.204.918,69 pesos, con fuertes sospechas de pago de coimas a firmas que se atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri.

En el nuevo cronograma fijado por la OGA se establecieron las audiencias para los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre. Los debates continuarán durante diciembre los días 4, 5, 6, 11 y 13.

El proceso, en principio debió empezar el lunes 29 de julio último, pero menos de una semana antes fue aplazado, a pedido, por razones de salud, de los abogados Rodríguez Allende y Fouces.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias, consignó Análisis Digital.

En esta causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del ex gobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.

Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, nueve del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano (director de la Unidad Central de Contrataciones); Aurelio Miraglio (contador General de la Provincia); y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue director Jurídico del Ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.

Sueño Entrerriano

Además, se espera fijación de fecha para el segundo juicio por corrupción a Urribarri, el conocido como Sueño Entrerriano. La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14 millones de pesos; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos cuatro millones de pesos. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

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