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Otro escándalo jurídico en Entre Ríos: a favor de los agrotóxicos y en contra de la niñez
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) en otro fallo escandaloso volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial.
“La Coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, repudió la notificación que recibieron el 8 de febrero pasado por parte del Superior Tribunal de Justicia, y que lleva la firma de los supremos Germán R. F. Carlomagno, Bernardo I. R. Salduna, Susana Medina de Rizzo, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone, donde rechazan el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección para las escuelas rurales entrerrianas frente a las fumigaciones con agrotóxicos.
“Además, esta decisión contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que el STJ pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes (a quien todos y todas pagamos su abultado sueldo)”, se quejaron del colectivo Basta es Basta. “Esta situación es de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados. Más que un acto jurídico, parece una acción dirigida a silenciarnos. No lo lograrán, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho internacional nos respalda”, advirtieron.
“Es de suponer que estos jueces que integran el órgano máximo en la Justicia entrerriana, son las personas más formadas en la materia. Por tanto ¿desconocen la gratuidad de la acción de amparo ambiental, otorgada en la propia Constitución de Entre Ríos? ¿A qué intereses sirven cuando desconocen la Constitución a la que se deben? ¿Al mal denonimado agronegocio? Ya ni siquiera es buen negocio esa práctica de la agricultura industrial”, recalcaron en un comunicado de prensa.
Agrotóxicos
“Desde Basta es Basta nos preguntamos qué resultados generó el Decreto 2239/19 que vino a reducir la protección lograda por nuestro amparo, una acción jurídica modelo que fue replicada en otros puntos del país. Según el fiscal este decreto que entró en vigencia el 1° de enero, es ´ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas´. Pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya tan desmedidos autoelogios”, reprocharon los ambientalistas.
Según prometió Rodríguez Signes “el decreto garantiza la seguridad ambiental y la salud”. Le cabe al fiscal y al Gobierno de Entre Ríos responder varias preguntas, formuló la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta:
1) ¿Por qué no está disponible de manera completa el mapa georreferenciado de Escuelas Rurales de la provincia de Entre Ríos (Artículo 7°)?
Esa información fue provista en 2014 a la Secretaría de Agricultura, relevada por uno de nuestros compañeros. Pero ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican por escrito. Mal pueden evaluar el impacto en el ambiente y menos determinar el impacto en la salud.
2) ¿Se inició el programa de seguimiento de la salud de los agricultores y comunidades rurales (Artículo 15°)?
3) ¿Ya puso en línea el Gobierno de Entre Ríos el cacareado “sistema web de gestión de información con tecnología geo referencial” y el “sistema de monitoreo Remoto y Trazabilidad de la aplicación de agroquímicos que implique la adquisición, registro y gestión de alarmas con transmisión de datos basados en una microcentral para ser instalado en pulverizadoras” prometido en el Artículo 8° del decreto?
4) ¿Habrá llegado la hora milagrosa de que los pueblos fumigados podamos acceder a la información de quienes son los responsables de envenarnos?
Las empresas aplicadoras y el Colegio de Agrónomos ya lo saben de sobra, hace largo tiempo porque la tecnología está vigente y es utilizada por la agroindustria.
“Es inaceptable que el Estado deje la provincia liberada para fumigar e impida que avancemos en un modelo productivo que nos incluya y respete la vida en la tierra, tal como lo propusimos de manera permanente a través del Foro de Agroecología, al que se comprometió el gobierno de Bordet. Entre Ríos merece otro destino. ¡Hay alternativa, Agroecología!”, recalcaron en el comunicado de prensa.
Por último, la “Coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta” señaló que los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que favorecieron a los fumigadores en vez de a los gurises fumigados son los siguientes: Susana Ester Medina de Rizzo, Martín Francisco Carbonell, Juan Ramón Smaldone, Bernardo Ignacio Ramón Salduna, Germán Reynaldo Francisco Carlomagno.