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Deniegan la prisión domiciliaria a un condenado por proveedor de droga
Sergio David Molina fue el contacto más alto al que pudo llegar la investigación que desbarató una organización narco que distribuía drogas en distintos lugares de Entre Ríos.
El correntino conseguía la marihuana de a cientos de kilos, que era buscada y trasladada a Paraná, donde luego se fraccionaba y repartía en distintas ciudades y vendedores. Hace poco más de un año lo condenaron a siete años y medio de prisión, y ahora pidió alojarse en su casa, con prisión domiciliaria, pero el Tribunal Oral Federal de Paraná se lo rechazó.
El nuevo Código Procesal Penal Federal no está en vigencia plena en todo el país, sino que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del mismo, de la Cámara de Diputados de la Nación, resolvió que se implemente en forma progresiva. Uno de los puntos que ya rige de esta nueva norma es la que establece que la prisión preventiva en la cárcel sea la última opción, previo imponer otras medidas cautelares como la libertad con restricciones o el arresto domiciliario, por ejemplo.
Esta resolución del año pasado fue el argumento principal esbozado por el abogado defensor de Molina, Justo Pio Sierra, al momento de solicitar el beneficio de la excarcelación y subsidiariamente la prisión domiciliaria a favor del correntino Sergio David Molina, consignó el diario Uno de Paraná.
Resulta que Molina está condenado, pero como se presentó un recurso de Casación la sentencia aún no está firme. Por esto, es que el hombre está en la Unidad Penal N° 1 de Paraná con preventiva y no cumpliendo la condena.
El defensor pidió que le otorguen el beneficio de la domiciliaria en la vivienda de su familia en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá, y aportó el nombre de una familiar que actuaría como garante de que el hombre no se escape.
El fiscal general José Ignacio Candioti consideró que no corresponde hacer lugar a ninguno de los pedidos formulados por Molina, por varias razones. Entre ellas, que el hombre no fue localizado en su vivienda el día del allanamiento, cuando se desbarató la organización narco liderada por los paranaenses Horacio Viggiano y Hugo Ceola, ni cuando se interceptó el camión con más de 250 kilos de marihuana en Feliciano.
De hecho, Molina estuvo prófugo varias semanas, hasta que lo detuvieron.
Al momento de resolver, las vocales del Tribunal Oral Federal, Noemí Berros y Lilia Carnero, plantearon que la resolución de la prisión preventiva está fundada en las pruebas que se observaron en el juicio oral y público, “lo que autoriza a sostener una mayor certeza de la intervención del imputado en un hecho”.
Así, la Justicia Federal lo declaró “coautor responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la ejecución organizada de tres o más personas”, por el cual le impusieron siete años y seis meses de cárcel.
Las juezas entendieron que, con semejante condena, Molina tiene “disminuidas las chances de lograr una solución favorable a sus intereses” por lo cual “objetivamente incrementa el riesgo” de que intente evitar su cumplimiento y darse a la fuga.
La investigación
Como en pocas causas, en este caso el personal de Toxicología de la Policía había logrado llegar hasta el hombre que vendía la droga al por mayor. La investigación se había iniciado contra unos vendedores de marihuana al menudeo en Nogoyá. Las averiguaciones llegaron a Ceola en Paraná, quien solía ser la mano derecha del ex líder de la barra brava de Patronato, Gustavo Barrientos, y se pudo determinar que áquel hombre estaba asociado a “Cachete” Viggiano. Al seguir los pasos de éste, se pudo determinar que Molina era su proveedor de la droga en Corrientes, pero el encargado de buscarla a la localidad de Itatí (o el lugar que pactaran para la entrega) y trasladarla era el camionero Juan de la Cruz Moreno, quien manejaba una empresa de transporte de carga en Feliciano. publicó el diario Uno de Paraná.
Se cree que Molina era un proveedor de otras organizaciones narco del país, ya que se encontraba cerca de la frontera con Paraguay y era el contacto de diversas bandas. Lograba importar la droga en grandes cantidades, y venderla a sus clientes al por mayor. Razón suficiente para que no le permitan volver a su casa sin antes cumplir la condena en prisión.
Presos y Covid-19
En los últimos días se han presentado numerosos recursos de hábeas corpus, tanto en la Justicia provincial como en la federal, por parte de abogados que representan a internos alojados en distintas cárceles entrerrianas, alegando razones de salud ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19). Algunos han sido resueltos con rechazos, y por otros aún se esperan respuestas.
Por ejemplo, el abogado de un procesado por narcotráfico en la causa que tiene como principal implicado a Roberto Sterz, planteó que padece una enfermedad pulmonar crónica que disminuye las defensas en su cuerpo y, por lo tanto, encuadra en lo que denomina persona en riesgo de contraer Covid-19. Además, alegó sobre “las graves condiciones de detención y hacinamiento que viene sufriendo; que no ha recibido la medicación indicada por el profesional interviniente; y que en la Unidad Penal N°1 donde se encuentra alojado carece de tratamiento especial requerido, de respirador y medicación, como así tampoco de un pabellón especial que lo aloje”. Por esto, pidió la domiciliaria.
Al respecto, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná coincidió con el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, quien rechazó el pedido, al no demostrarse las condiciones criticadas en el hábeas corpus. No obstante, sugirió que se pida al abogado que demuestre con certificados médicos la situación de salud del detenido, así como acreditar las carencias señaladas de la Unidad Penal.