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Personalidades argentinas y de la región piden la suspensión inmediata del pago de todas las deudas
Alfredo Serrano Mancilla
Bajo la consigna “la deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”, más de mil personalidades de la Argentina, España, Bélgica, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Cuba, Paraguay, Costa Rica y Haití se sumaron la iniciativa.
Más de mil personalidades de la Argentina, España, Bélgica, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Cuba, Paraguay, Costa Rica y Haití pidieron la suspensión inmediata del pago de todas las deudas soberanas, con la consigna “la deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”.
Referentes y personalidades políticas, sindicales y religiosas, de la educación, la ciencia, la cultura y el periodismo, junto a medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de América latina y Europa, firmaron una convocatoria de respaldo a la decisión de la Argentina de ir a fondo en la negociación con los acreedores externos.
En un llamamiento a los gobiernos de la región, dentro de un contexto definido por la aguda crisis sanitaria y mundial, pidieron que se declare el “estado de necesidad” y prioricen la salud de los pueblos antes que el pago de la deuda externa.
Entre los firmantes e impulsores figuran Fernanda Vallejos, Raúl Zaffaroni, Eduardo Barcesat, Héctor Daer, Guillermo Moretti, Oscar Parrili y Pablo Moyano; y el belga Eric Toussaint y el español Alfredo Serrano Mancilla.
El documento alerta que “la crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América latina y el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas” y advierten a los gobernantes de la región que, “frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos”.
Los puntos centrales son la declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad”, como “único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente”, la suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas; y el impulso de acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.
Y que los países periféricos -mediante investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- controlen la legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.
También se esboza la necesidad de trazar una política para encontrarle “una solución definitiva al problema de la deuda externa” y subraya la importancia de encarar un plan de acción “de cara al futuro” que contemple “el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de ‘fondos buitre’, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional”.
Además, sugiere impulsar “una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías”.
El llamamiento pone en valor la importancia de “encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de guaridas fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos”.
En sus conclusiones, puntualiza que “la historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas de dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos”.