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Tuesday 14 de July de 2020

La Asociación de Magistrado interpela al Poder Judicial ante la falta de insumos para brindar el servicio de Justicia

La Asociación de Magistrado interpela al Poder Judicial ante la falta de insumos para brindar el servicio de Justicia

04/20/2020 |El presidente del STJ, Martín Francisco Carbonell, fue duramente interpelado por la Asociación de la Magistratura por no garantizar el servicio de Justicia en tiempos de pandemia.

 

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos elevó con fecha 19 de abril una dura nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Francisco Carbonell, donde re reprocha la falta de respuesta ante una petición realizada el 12 de abril pasado, además de exigirle que revisen el Acuerdo del 8 de abril y de recordarle que no han llegado los insumos de higiene ni prevención para garantizar el servicio de Justicia.

 

La nota lleva la firma de la presidenta de la Asociación de la Magistratura, María Gabriela López Arango y del secretario general, Leonardo Portela, quienes en duros términos le reprocha el silencio ante “la expresa petición formulada por esta institución en fecha 12 de abril de 2020, en la que manifestamos la disconformidad que nos fue transmitida por gran número de colegas con la disposición que habría sido adoptada en el Acuerdo del 8 de abril del corriente año, en lo que respecta al reinicio de la actividad judicial bajo nuevas modalidades de trabajo, que luego se fueron ampliando a través de numerosos anexos”.

“Sostuvimos en esa oportunidad y lo reiteramos por la presente, que dado que son muy dispares las condiciones en las que se presta el servicio de justicia en nuestra provincia, tanto por la naturaleza de cada fuero e instancia, como por la localización de los organismos encargados de cumplirlo, resulta muy difícil y hasta imposible respetar las estrategias de higiene, aislamiento social y demás recaudos establecidos por las autoridades sanitarias tanto de la Nación como de la Provincia. Les hicimos saber también la incertidumbre respecto a la suficiencia de las medidas de cuidado dispuestas, atento a que en algunas jurisdicciones no se habían recibido las partidas presupuestarias para la adquisición de material de limpieza, ni aportado los elementos que asegurasen una adecuada protección, como tampoco había uniformidad de criterios en cuanto a la asistencia de los agentes de cada organismo a los edificios tribunalicios”, expresó la nota elevada al STJ a la que accedió EL ARGENTINO.

“En tal marco de situación, no estaban dadas las condiciones para el inmediato reinicio de la actividad, sin el indispensable, obligatorio y oportuno  cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene y capacitación de las personas, tanto en esa materia, como en  lo que respecta a las nuevas formas de trabajo impuestas, nada de lo cual puede considerarse subsanado con la cuantiosa comunicación de extensos anexos a través de WhatsApp a escasas horas del reinicio dispuesto, sin dejar obviamente de reconocer el esfuerzo desplegado en aras de lograr aquellos objetivos”, advirtieron.

También interpela al STJ al recordarles que “los fundamentos del DNU 355/2020 son categóricos en señalar que la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, ha sido adoptada luego de haber recibido precisas recomendaciones de destacados expertos en epidemiología a los fines de proteger la salud pública”.

Luego le recrimina a Carbonell que “no ha sido posible en los hechos garantizar en tiempo oportuno las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las personas que debieron reintegrarse a trabajar a los juzgados y tribunales de toda la provincia a partir del pasado lunes 13 de abril, ni capacitarnos oportuna y debidamente acerca de las nuevas modalidades y protocolos de trabajo”.

Al momento de ejemplificar, la Asociación de Magistrados, señaló lo siguiente a manera de denuncia (se publican los más relevantes):

1) No se han efectuado a quienes concurrieron a trabajar, los necesarios controles para descartar la presencia de síntomas de contagio de COVID 19, todo lo cual ha expuesto a las personas que representamos y al personal afectado, a un riesgo injustificado que atenta contra nuestra seguridad, contra la de nuestras familias y, finalmente, contra la salud pública.                                           

2) Las partidas necesarias para adquirir insumos básicos de limpieza no estuvieron a disposición de los organismos en tiempo oportuno, lo que colocó en cabeza de la buena predisposición y voluntad de los responsables a cargo de la situación en cada uno de ellos, de adquirirlos en el marco de la emergencia, a su propio costo.

3) No fueron entregados elementos de seguridad personal básicos e indispensables a personal, jueces, juezas, secretarios y secretarias, tales como barbijos y guantes, ni mucho menos se ha recibido una capacitación oportuna y adecuada acerca de cómo manejarnos con la manipulación de papel, así como en la prevención específica de los riesgos.

4)  Hemos recibido quejas concretas de asociados y asociadas por la mala calidad de los elementos de seguridad entregados en los pocos lugares en los que los mismos sí han sido entregados.

5) Hemos recibido serios cuestionamientos acerca de la imposición de que cada organismo informe a los abogadas y abogadas como número de contacto el del celular de alguna persona del mismo. Ello los ha puesto en la necesidad de proveer el de las líneas particulares de los secretarios y secretarias, con las implicancias que ello es susceptible de generar en lo que respecta a la intimidad e incluso la seguridad de los mismos, por la difusión de sus números de contacto particulares, entre otros motivos.

La Asociación de Magistrados reiteró que “la implementación de la nueva modalidad de trabajo nos ha expuesto a un riesgo injustificado que no se ha reflejado en la concreción del servicio de justicia efectivo al que se aspira, cuando, hasta la fecha, por diversas razones, más o menos justificadas, ni siquiera ha sido posible hacer efectivas las órdenes de pago a justiciables y profesionales”.

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