Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
Tuesday 14 de July de 2020

Fortalecer al Estado para evitar la impunidad

Fortalecer al Estado para evitar la impunidad

05/03/2020 |Por Nahuel Maciel EL ARGENTINO

 

Casi como si fuera parte del deporte nacional, “la política y los políticos” en Argentina son especialistas en instalar falsos dilemas para llevar aguas a sus molinos sectoriales en detrimento del interés general.

 

Y esto lo hacen gracias al invaluable aporte de grandes medios de comunicación que también son especialistas en instalar falsos dilemas o consignas tan perversas como siniestras que también tienen jugosos intereses de lucro, a expensas de la verdad.

El debate en torno a la “liberación de presos” es un claro ejemplo de la mediocridad no sólo de gran parte de la dirigencia política, sino también de la maldad que se puede ejercer ocupando un cargo público que es casi vitalicio como el de un juez.

La ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y reglamentada mediante el Decreto N° 421/18 del 9 de mayo de 2018, es clara: todo juez antes de otorgar un beneficio a un condenado, debe consultar a la víctima.

Es decir, las víctimas deben expresar su opinión frente a la concesión de salidas transitorias, régimen de semi libertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semi detención, libertad asistida u otros institutos similares.

A raíz de la histórica y vergonzosa realidad de las cárceles en el país, donde el Estado no garantiza que sean limpias y sanas, en el marco de la pandemia del coronavirus, Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos supra nacionales, fueron claros: el Estado debe adoptar medidas que eviten aún más el contagio y, en consecuencia, tomar medidas que puede incluir la liberación de las personas en riesgos como los mayores de 65 años o aquellos que padecen enfermedades crónicas y que hayan cometido delitos menores. Obviamente, esta recomendación no incluye delitos graves como violación, abusos, violencia de género, crímenes de lesa humanidad, homicidios violentos, entre otros.

Hay que partir de un razonamiento más simple: una persona que tiene condena firme por parte de la Justicia (la única que la puede dar) tiene que cumplir su pena. Se trata de un elemental acto de reparación o en todo caso la forma que el Estado tiene para que no se quebrante la paz social. Bien se enseña que la paz es obra de la Justicia.

Ahora bien, cuando el Estado que propone ese acuerdo a sus ciudadanos no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de la pena; entonces es el propio Estado quien viola esa alianza primaria con la víctima. No el gobierno ni la gestión pasada ni la de turno, sino el Estado.

El problema de las cárceles es histórico y nunca se garantizó el constitucional mandato de que sean limpias y sanas. Además, las cárceles no son lugares para castigo de las personas (lo dice la Constitución); aunque culturalmente muchos sientan que un delincuente “deba pudrirse en la cárcel”.

Es el Estado el único responsable de que hoy en las cárceles no se garanticen el cumplimiento de las condenas y las unidades penales provinciales como federales tengan como denominador común el hacinamiento; a un servicio penitenciario casi sin presupuesto y sin una línea de resocialización de los internos constante y consolidada.

Algunos jueces (contados con los dedos de una mano) otorgaron beneficios a muchos presos sin consultar a las víctimas y sin tener en cuenta el delito que se cometió. Hacia ese horizonte se encamina el Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación, que adelantó que mañana presentará ante el Consejo de la Magistratura bonaerense un pedido de juicio político para tres jueces que liberaron presos por el coronavirus?.  Pero, la problemática no es solamente de la Provincia de Buenos Aires, sino que se vive en todo el país.

Ante la incapacidad del Estado de ofrecer mejores condiciones en las cárceles, siempre se han propiciado soluciones que fueron atroces y violatorias de aquel acuerdo que dice que quien es condenado debe cumplir su pena. Así se han propiciado bajar los años de penas para acelerar el otorgamiento de libertad y de ese modo tener más espacios en las cárceles. Una iniciativa desopilante que, como una noria, libera presos para encerrar a otros sin solucionar el problema de fondo.

También hubo otras iniciativas vergonzosas como la lamentable ley del dos por uno. Y así se podrían señalar más ejemplos. Siempre intentando tapar el sol con las manos y nunca abordando la cuestión de raíz.

Es oportuno recordar, por ejemplo, que la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú hace décadas debió ser desactivada e incluso trasladada a otro lugar de la ciudad.

En Entre Ríos la realidad penitenciaria es muy grave y se está trabajando hace años al límite. Ejemplo de ello es que históricamente las sedes policiales se han convertido en cárceles improvisadas. Calabozos pensados para que un detenido pase un tiempo medido en días, los mantienen durante años y encima con una cantidad mayor de personas que las que puede albergar. Nuevamente el hacinamiento como común denominador. Se dice desde la retórica que esa práctica es ilegal e inconstitucional, pero nadie hace nada al respecto. Lo concreto es que las sedes policiales se convierten en depósitos humanos porque las unidades penales ya están hacinadas.

Cuando la pandemia por el coronavirus haya terminado, la realidad de las cárceles seguirá siendo una materia pendiente del Estado nacional y del provincial.

Lo que debería cambiar al menos, es el nivel del debate para buscar una solución acorde con la realidad. Por ejemplo –y sin ánimo de agotar una lista- discutir al menos en Entre Ríos cuál es la estrategia para enfrentar la criminalidad. Si la decisión es endurecer penas e incrementar los encierros, entonces antes se deben dotar de mayores recursos para incrementar la oferta carcelaria. Es casi demencial proponer mayores encierros por parte del Estado; y que luego el propio Estado tenga que “liberarlos” para tener más espacio para los nuevos condenados.

En este planteo, hay que señalar también que son irresponsables (además de demagógicos) aquellos políticos que piden una Justicia más dura, y al mismo tiempo no son capaces de discutir en su labor legislativa las prioridades de un presupuesto.

Habrá otros que podrán plantear –con un caudal de razón mayor- que hay que incrementar las medidas de prevención para poder operar sobre las causas del delito. Ya lo dijo en la década del ´70 del siglo pasado Darcy Ribeiro (educador, político, etnólogo, antropólogo y escritor brasileño): “Si nuestros gobernantes no hacen escuelas, en 20 años nos faltará dinero para construir cárceles”.

Para los que están hoy en la oposición, es más fácil decir “hagan más cárceles” y para quienes ejercer hoy el oficialismo es más cómodo señalar las cuentas en rojo que dejó la anterior gestión de gobierno. Nuevamente una noria que no conduce a ningún lado, salvo a alimentar la falacia de quienes deben proponer soluciones concretas y en defensa del interés general.

Se necesita una discusión seria. Que sea ideológica, por supuesto; pero sin sacrificar a la lógica. Una discusión que no se alimente “desde la grieta” porque eso es caer al vacío como sociedad. Una discusión donde el Estado pueda encontrar el delicado equilibrio que le permita evitar la impunidad y al mismo tiempo favorecer a la vida como algo sagrado para los pueblos.

 

 

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