El Ministerio Fiscal difundió un listado de causas por corrupción en Entre Ríos

El dato surge de tres informes en los que se precisan los números de expedientes, cómo están caratulados, el fiscal a cargo de su trámite y la instancia en el que se encuentra el legajo.

De este total, la mayor parte de investigaciones las concentra la Unidad Fiscal de Paraná. Allí hay 48 expedientes. Le sigue la Unidad Fiscal de Concordia con 19 investigaciones en curso; y, por último, se ubica la Fiscalía de La Paz, con ocho legajos. El listado, sin embargo, es parcial porque se trata de un adelanto de un trabajo de mucho más grande, según dicen desde la Procuración. La idea es concentrar todas las investigaciones penales por corrupción que están abiertas en las distintas unidades fiscales de la provincia.

Los delitos que se investigan en las diferentes causas, son: peculado, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, falsedad ideológica, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.

Entre las causas que tramitan en Paraná, se destacan las que tienen como principal imputado al ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri. Se encuentran detalladas que tres están a la espera del juicio oral y público: la “causa de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad; la del “sueño entrerriano”, que contiene tres investigaciones (parador playero, solicitada contra los fondos buitre y la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA ) en las que se indagó en relación a las contrataciones antes de la campaña presidencial de 2015; y en la que está acusado de beneficiar con pauta al empresario pizzero Germán Buffa.

Por otra parte, también aparece una de las causas contra el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco. Se trata de la que salió absuelto a finales de febrero por el supuesto delito de peculado en grado de tentativa por haber dado curso, en 2016, a un pedido de adelanto financiero por 1,5 millones de pesos a la Mutual Modelo -asistencia que finalmente no se concretó-. La Fiscalía apeló la absolución, que también alcanzó al ex secretario de Legal y Técnica y actual concejal Walter Rolandelli, y al presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, consignó Análisis.

También se encuentra incluida la denuncia que formuló contra Varisco el ahora intendente Adán Bahl, por presunta malversación de caudales públicos. Figura con el legajo Nº 118304 y la fiscal a cargo es Paola Farinó.

Por otra parte, también figuran investigaciones a otros conocidos en el mundo de la política, como al ex director del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa; o las causas contra el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; y la que tiene como imputado al ex diputado y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, y su familia.

Pero no son sólo funcionarios o ex funcionarios los encartados, también se encuentran empresarios de la construcción, como Miguel Marizza (Caballi), Néstor Iván Szczech, (Szczech & Szczech), Daniel Herenú (OICSA), Rubén Grasso (Cemyc) y Gabriel Lossi (Losi SA). Todos estos empresarios están bajo la lupa judicial en el marco de la causa por las contrataciones durante la Cumbre del Mercosur, que se llevó a cabo en Paraná a fines de 2014.

Para la Fiscalía, los empresarios tuvieron un grado de responsabilidad en las contrataciones que realizó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), que fue creada el 29 de octubre de 2014, por el entonces gobernador Urribarri, mediante el Decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la UOCM, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes.

Otro empresario que figura entre las numerosas investigaciones es el empresario paraguayo Juan Domingo Cardona Herreros, que figura en una causa junto a Urribarri. Es el expediente N° 65623 caratulado “Urribarri Sergio Daniel - Cardona Herreros Diego A. S/ negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Aquí, la Fiscalía investiga los contratos que obtuvo la firma Relevamientos Catastrales, de Cardona Herreros, durante la gestión urribarrista.

En la larga lista de investigaciones no podía faltar la causa de los supuestos contratos truchos de la Legislatura. Lleva el N° 87933 y fue abierta en septiembre de 2018. Actualmente está pendiente de realización la pericia que determine si hubo un perjuicio y, si lo hubo, a cuánto asciende el monto. La Fiscalía habla de un perjuicio de dos mil millones de pesos entre 2008 y 2018.

 

Enriquecimiento ilícito

 

Entre las causas por supuesto enriquecimiento ilícito aparecen varios dirigentes y sus familiares.

En primer lugar, figura la que se le sigue al ex gobernador Urribarri y su familia. Se trata del legajo 26585 en el que también están investigados su esposa Ana María Aguilera y sus hijos Mauro, Bruno y Franco. El fiscal a cargo es Gonzalo Badano (denuncia periodística de Análisis).

Además, aparece la que se le sigue al ex diputado José Allende y su grupo familiar. La causa, abierta en 2012, está caratulada “Satler Adriana Guadalupe – Traverso Diana María Cristina – Allende Julio - Allende Victoria – Allende Carolina S/ enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La causa está en manos de la fiscal Laura Cattáneo, tras una denuncia de también de Análisis de marzo de 2012.

Luego se detallan, por separado, las que se le siguen por el presunto mismo delito a Juan José Canosa, ex titular de Sidecreer; a Nelio Calza, quien también estuvo al frente de la tarjeta; y al ex ministro Pedro Báez. El fiscal que se ocupa de estos casos es Juan Malvasio.

Figuran también investigados por este delito la ex diputada y actual concejal de Santa Elena, Patricia Díaz; y su esposo el intendente de la ciudad y ex vicegobernador, Domingo Daniel Rossi (ya condenado en su momento por corrupción y habilitado por la Justicia para presentarse a cargos electivos). El expediente lo tramita el fiscal Álvaro Piérola y se abrió también luego de una denuncia periodística de Análisis.

Después, figura una investigación a Juan Carlos Lallana, titular del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER). Esta última se abrió en 2019 tras la denuncia de dos afiliados y la pesquisa está a cargo de la fiscal Patricia Yedro.

En total, son 48 las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública que hay en la Fiscalía de Paraná. Muchas de ellas muestran un avance significativo, mientras que otras se encuentran en un estado de letargo inexplicable.