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Diario El Argentinoviernes 19 de abril de 2024
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Denegaron la excarcelación y domiciliaria a Spañoletti en la causa por trata laboral

Denegaron la excarcelación y domiciliaria  a Spañoletti en la causa por trata laboral

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, denegó el miércoles pasado la excarcelación y prisión domiciliaria a Juan Luis Spañoletti, ex viceintendente de Federación y ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia de la Nación, que encabezó Germán Garavano durante la presidencia de Mauricio Macri.


Spañoletti está acusado del delito de trata luego de que se rescataron de una finca de su propiedad en Colonia Ayuí a cinco trabajadores misioneros que vivían en condiciones infrahumanas. Lo curioso de la resolución, es que el juez refiere al posible peligro de fuga del imputado, hace mención a estupefacientes, lo cual es un error ya que no se vincula a la causa en la que está imputado Spañoletti, y podría estar indicando que quedó copiado de la resolución de otro caso.

La defensa de Spañoletti sostiene que su cliente es inocente y su “carta” frente a la Justicia se basa en poder demostrar que en rigor había arrendado el campo al titular de un aserradero de Concordia, y que esa persona fue la que contrató al personal que fue encontrado en condiciones infrahumanas en su propiedad.

En las primeras horas del 21 de mayo, Spañoletti fue llevado a la delegación Chajarí de la Policía Federal al aguardo de la resolución del juez Seró, que finalmente decidió aplicarle prisión preventiva por 30 días y derivarlo a la cárcel de Concordia. Tras la presentación de la defensa para solicitar la excarcelación y prisión domiciliaria, el magistrado denegó el pedido.

Respecto de los riesgos procesales, el juez entendió que “en lo que respecta a la situación en particular de Juan Spañoletti, si bien no surgen cuestiones negativas de reincidencia y estadística criminal, restan medidas importantes incorporar a los autos principales, tales como declaraciones testimoniales, que a raíz de la situación sanitaria de público conocimiento, identificación de las víctimas y recibir sus testimonios, informe socioambiental, informe psicofísico, entre otras”.

En tanto, sobre el posible peligro de fuga, más allá del error en la resolución arriba señalado, Seró indicó que “ante el estado incipiente de la causa, no se puede descartar que podría existir accionar de terceras personas, que puedan ser todavía sometidas al presente proceso, y en el caso de encontrarse en libertad el imputado podría colaborar para que aquellas eludan el accionar de la justicia o unirse para entorpecer la investigación, quienes podrían prestar auxilio al nombrado a los fines de mantenerse alejado del proceso, en clandestinidad, si es que se profugara”, publicó Análisis.

“De lo reseñado precedentemente y las circunstancias analizadas, puede observarse que resulta de interés y utilidad al proceso el mantener medida de coerción personal respecto del imputado, en aras de la protección de la eficacia del accionar de la justicia. Es que la capacidad de influir en los testigos o colaboradores, a través de cualquier medio, se encuentra latente hasta en el mismo momento en que se desarrolle el debate”, agregó.

“Asimismo, la posibilidad de que existan otras personas que podrían tener responsabilidad sobre la producción de los hechos investigados, crea la posibilidad de que, en caso de concederle la libertad al imputado, mancomunen esfuerzos para eludir el accionar de la justicia”, completó.

En cuanto al peligro de entorpecimiento, el magistrado indicó que “inclusive cuando la causa se encuentra en estado avanzado, todavía restan por disponerse las correspondientes medidas instructorias, tales declaraciones testimoniales, identificar a varios de sus integrantes como el camionero señalado por las víctimas”, por lo que resolvió denegar el pedido.

Spañoletti fue detenido en la madrugada del jueves 21 en su finca de Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de Federación, en el Departamento Concordia, durante un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, junto con integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

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