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Enriquecimiento: los dirigentes entrerrianos que están siendo investigados por la Justicia
El juicio abreviado por el delito de enriquecimiento ilícito que firmó el ex diputado y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende (y que debe ser homologado por un juez), volvió a poner en agenda las causas en las que se investiga el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos entrerrianos.
En Entre Ríos, contando la causa Allende, hay once dirigentes con expedientes en los que se trata de conocer si tuvieron un enriquecimiento apreciable y no justificado, obtenido durante el ejercicio de un cargo público.
Además de Allende, en el Ministerio Público Fiscal tiene causas por ese delito el ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el ex ministro de Comunicación y Cultura y ex diputado, Pedro Báez; el ex senador por el Departamento La Paz y actual titular del Ente Portuario La Paz, Aldo Ballestena; dos ex titulares del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa y Nelio Calza; el titular del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), Juan Carlos Lallana; el ex intendente de Victoria, Rubén Garcilazo (PJ); el ex intendente de Santa Elena y ex titular del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Silvio Moreyra; y su concuñado y actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi y su esposa la ex diputada y actual concejal, Patricia Díaz.
Hasta ahora, en la provincia sólo tres dirigentes fueron condenados por este delito: Rossi, y los ex legisladores justicialistas Raúl Taleb y Mario Yedro.
El delito de enriquecimiento ilícito está previsto en el Artículo 268° del Código Penal argentino, que establece que será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua el que no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
En el Código se prevé que la o las persona interpuesta/s para disimular el enriquecimiento serán reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Además,
Además del enriquecimiento propiamente dicho, también se penaliza la utilización de información de datos reservados en beneficio propio, obtenidos en razón de la función o cargo; y la omisión maliciosa en la presentación de las declaraciones juradas obligatorias.
Urribarri
En primer lugar, en el listado de causas difundidas por el Ministerio Publico Fiscal figura la que se le sigue al ex gobernador Urribarri y su familia. Se trata del legajo N° 26585 en el que también están investigados su esposa Ana María Aguilera y sus hijos Mauro, Bruno y Franco. El fiscal a cargo es Gonzalo Badano.
En una audiencia celebrada en noviembre de 2019, el fiscal relató que la causa por enriquecimiento se abrió en 2015 e incorporó a un empresario que resultaría clave en el presunto crecimiento patrimonial “desproporcionado”: Cardona Herreros.
Para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demostraría de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del exgobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo, publicó Entre Ríos Ahora.
“Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el exgobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó entonces el fiscal.
Pedro Báez
El Expediente N° 42.302 es el que contiene la investigación contra el exdiputado provincial y exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Ángel Báez. La pesquisa está a cargo del fiscal Juan Malvasio.
La sospecha de la Fiscalía es que, siendo funcionario público, el diputado Báez incrementó de manera desproporcionada su patrimonio entre 1991 y 2016. En el expediente surgió que entre su patrimonio figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, en la Toma Vieja; una casona sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico – una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-; además, junto a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.
Además, la Fiscalía considera que existen elementos de convicción que permiten sostener como probable que el empresario Germán Buffa sería testaferro de Báez. Buffa maneja una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, y también está al frente de la empresa Global Means, que en 2011 consiguió que la gestión de Sergio Urribarri y Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente.
Otros investigados
También están bajo la lupa judicial por el presunto mismo delito dos ex titulares de Sidecreer: Juan José Canoza y Nelio Calza. El fiscal que se ocupa de estos casos es Juan Malvasio.
Figuran también investigados por este delito la exdiputada y actual concejal de Santa Elena, Patricia Díaz, y su esposo el intendente de la ciudad y ex vicegobernador, Domingo Daniel Rossi. Cabe recordar que el dirigente fue condenado por ese delito en 2006. La causa actual, que aún no tiene imputados, la tramita el fiscal Álvaro Piérola.
En las tantas audiencias que se realizaron en esta investigación, el fiscal informó que en base a informes del sistema bancario uruguayo conseguido vía judicial se supo que Rossi y Díaz tendrían un depósito de 300 mil dólares en el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay.
El matrimonio ha solicitado ser sobreseído, pero en cuarto años de investigación sólo han obtenido rechazos a sus planteos.
Juan Carlos Lallana, titular del Soever, también está siendo investigado por este delito desde 2019, cuando fue denunciado por dos afiliados del sindicato de viales. La pesquisa está a cargo de la fiscal Patricia Yedro.
En la Unidad Fiscal de Victoria se encuentra en trámite la causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exintendente Rubén Darío Garcilazo (PJ). La investigación se abrió en 2016 por una denuncia formulada por el dirigente radical César Zuccotti.
En la Unidad Fiscal de La Paz se encuentran dos causas por ese delito contra dos dirigentes del departamento homónimo: Aldo Ballestena y Silvio Moreyra.
En el Legajo N° 1.156, caratulado “Reggiardo Carlos Guillermo s/ denuncia”, se investiga al ex intendente de Santa Elena y ex titular del Iosper, Silvio Moreyra. La investigación se inició una denuncia que formuló en 2014 el entonces intendente y ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, junto con su abogado Carlos Guillermo Reggiardo. La investigación está a cargo del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri.
Una de las últimas novedades sobre el avance de esta causa la dio a conocer Entre Ríos Ahora, en 2019, cuando el fiscal Alfieri solicitó al director de Catastro de la provincia que informe sobre tres inmuebles ubicados en la capital entrerriana y que los denunciantes le adjudican a Moreyra. Las propiedades en cuestión fueron: una ubicada en calle Presidente Perón Nº 350; otra en calle Rosario del Tala Nº 153; y una tercera en Coronel Uzin Nº 1354.
En La Paz también tramita el Expediente N° 10.677 caratulado “Agente fiscal S/investigación de oficio”. Se trata de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exsenador del departamento La Paz, Aldo Ballestena. La misma se abrió de oficio en 2018 tras la publicación de un informe periodístico de Daniel Enz, director de la revista Análisis, en la que indicó que el entonces legislador es un “nuevo millonario de la clase política”.
“El senador provincial Aldo Ballestena (PJ) es otro nuevo millonario de la clase política. Dispone de varios inmuebles en La Paz, un complejo en construcción de 24 departamentos a escasos metros del complejo termal -que está a nombre de su hija de 28 años-, campos en la zona y varios vehículos. Entre ellos, un Mercedes Benz de 60 mil dólares. Pero tiene además una fuerte injerencia en los negocios de la empresa constructora Norvial, la más beneficiada con obras en La Paz a partir de las administraciones de Sergio Urribarri”, decía la nota publicada el 27 de septiembre de 2018.
Condenados
En la provincia, sólo tres dirigentes fueron condenados por enriquecimiento ilícito: Rossi, Raúl Taleb y Mario Yedro. Próximamente se sumará José Allende.
El ex senador justicialista Mario Yedro fue condenado en 2005 por enriquecimiento ilícito por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia. En su momento, la condena fue de tres años de prisión condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años y el decomiso de un campo de 2.164 hectáreas que está ubicado en el departamento Tala, que fue valuado entonces en alrededor de siete millones de dólares.
Luego, en 2016, el ex legislador provincial y ex embajador argentino en Cuba, Raúl Abraham Taleb, fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de casi medio millón de pesos al hallárselo culpable del delito de enriquecimiento ilícito.