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Monday 13 de July de 2020

El desamparo de chicos cuyos padres cayeron por transportar marihuana

El desamparo de chicos cuyos padres cayeron por transportar marihuana

06/07/2020 |Cargamento. El 6 de diciembre del año pasado, la pareja fue detenida en la Autovía Gervasio Artigas con 170 “ladrillos” de marihuana.

 

El desamparo de los hijos de los presos por narcotráfico es un problema con escasa atención pública en el fragor de las causas judiciales.

 

Como se observa en innumerables casos que se publican a diario, los delitos relacionados a las drogas se cometen mayoritariamente en familia: desde el narcomenudeo en una casa que compromete a quienes residen allí, hasta las organizaciones más relevantes donde la confianza entre parientes las hace más efectivas. Y cuando caen, caen todos, menos los niños de esos grupos familiares.

En algunos casos, los menores tienen con quien quedarse, pero no en todos, y allí suceden los pleitos por las prisiones domiciliarias. Un caso que recientemente fue tratado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, expuso la situación de abandono en la que quedaron los cuatro hijos de una pareja que fue detenida por transportar marihuana por la Autovía Gervasio Artigas (Ruta Nacional N° 14), en Entre Ríos, publicó el diario Uno de Paraná.

Ramón M. y Carina B. fueron apresados el 6 de diciembre de 2019 cuando viajaban en un camión por la Autovía Gervasio Artigas y en un control de Gendarmería les descubrieron 170 “ladrillos” de marihuana que transportaban desde Misiones hasta Buenos Aires. El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, los procesó por el delito y les dictó la prisión preventiva en la Unida Penal N° 4 de esa localdiad. En el barrio Itaembé Mini, de la ciudad de Posadas, quedaron los cuatro hijos: tres menores de 7, 12 y 16 años, a cargo de su hermana de 18 años, quien a su vez tiene un bebé de un año y medio.

 

“Extrema vulnerabilidad”

 

La defensa pública oficial que representa a la pareja misionera reclamó contra la medida de procesamiento, que fue confirmada, pero la principal discusión pasó por el pedido de prisión domiciliaria para la mujer, en razón de la situación de desprotección en la que habían quedado los chicos.

En el debate que se realizó en la Cámara Federal de la capital provincial, el defensor José Alberto Boxler remarcó que “la ausencia de la madre en el hogar ha provocado diferentes desajustes en la dinámica, entre ellas, que su hija de sólo 18 años se tuvo que hacer cargo de sus hermanos menores, y además es madre de un bebé”.

Refirió los informes socio ambientales y del Equipo Técnico Provincial sobre la situación de los hijos, los cuales fueron elaborados antes de la pandemia Covid-19, por lo que se “desconoce el nivel de inseguridad moral y material” que puedan estar atravesando actualmente.

Por su parte, la defensora pública, Silvana Davite, en representación del Ministerio Público Especializado en Minoridad, fundamentó la necesidad de la presencia de la madre en el hogar donde viven los menores y advirtió por la situación de extrema vulnerabilidad de los mismos, consignó el diario Uno.

Asimismo, refirió que el hijo adolescente padece problemas de adicción a las drogas, estuvo detenido en la Alcaidía de Menores por tres meses y que su hermana de 18 años, ante la ausencia de su madre, asumió el compromiso de que el joven salga de ese lugar bajo ciertas condiciones las cuales no cumplió.

Davite expresó que “los menores necesitan de la contención por parte de un adulto en el núcleo familiar a fin de afrontar el desempeño de las tareas escolares, que actualmente por la pandemia Covid-19 se realizan desde su casa”, así como para cumplir con las medidas de aislamiento e higiene.

El fiscal general Ricardo Álvarez se opuso al pedido de prisión domiciliaria y pidió que se confirme la preventiva en la cárcel para la mujer.

 

Dos a uno

 

La camarista Beatriz Aranguren explicó que si bien la legislación sostiene que se le debe otorgar el beneficio de la domiciliaria a quienes tienen hijos menores de cinco años, en este caso se plantea la aplicación de una norma superior, como es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional, así como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, “que refiere al derecho a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen”.

Valorando el “interés superior del niño”, más allá del límite legal de cinco años de edad de un niño para que le permitan vivir con su madre detenida, la magistrada indicó que el mencionado informe de especialistas advierte que la hermana mayor trabaja en una carnicería por 500 pesos diarios, y percibe una pensión por discapacidad de su madre, la Asignación Universal por Hijo y un alquiler de una casa lindante”.

Pero las urgencias parecen estar más allá de lo económico. El menor de 16 años “no finalizó el año escolar en 2019, ya que estuvo detenido en la Alcaldía de menores por tres meses el año anterior”; y que la Justicia “lo dejó salir de ese lugar porque su hermana asumió el compromiso de que cumpla con ciertas condiciones, como ser: recibir asistencia psicológica y comenzar tratamiento por adicciones, las cuales no cumplió, como tampoco se presentó a la audiencia el 9 de enero”, describe el informe del Equipo Técnico.

Además, sostiene que “si bien la hermana mayor expresa que puede organizarse en la rutina de la familia y administrar los recursos económicos para cubrir las necesidades básicas del grupo, puede observarse que se encuentra angustiada, asumiendo responsabilidades en cuanto al cuidado y atención a sus hermanos, teniendo que dejar de hacer actividades y/o postergar algunos proyectos relacionados con su pareja e hijo. Cuando se refiere a su madre dice que desea que se resuelva la situación en la que se encuentra y pueda volver a la casa y ser ella quien cuide de sus hermanos”.

Asimismo, se remarcó que el padre biológico de los hijos de C.B. está detenido en la cárcel de Ezeiza, por ello considera que “no es alternativa familiar o a quien pueda solicitar algún tipo de ayuda”.

En este sentido, para la camarista “se advierte que los menores se encontrarían en una situación de desprotección o vulnerabilidad desde la detención” de su madre, por lo cual “se estima prudente otorgar preponderancia al interés superior del niño, en lo que refiere a la necesidad de tutela y preservación de las relaciones familiares directas, procurando conservar el contacto directo con su progenitora fuera del ámbito carcelario, aun cuando la imputada siga privada de su libertad, rescatando una vez más, la importancia que ello tiene para cualquiera de los protagonistas”, publicó el diario Uno.

Pero a la jueza Cintia Graciela Gómez no le pareció suficiente la situación descripta “que los menores se encuentren en una situación de desprotección, desamparo o vulnerabilidad”. En este sentido, citó del mismo informe de la profesional que la hermana de 18 años “está afrontando la situación familiar de la mejor manera, utilizando los diferentes recursos sociales con los que cuenta para así garantizar que el grupo familiar permanezcan juntos, y que los niños puedan desarrollarse en un ámbito lo más adecuado posible y reciban la contención afectiva que requieran”. Por mayoría, se resolvió que C.B. reciba el arresto domiciliario con “un minucioso seguimiento y control”, mientras avanza la causa que la juzgará por aquel transporte de drogas.

Por último, el camarista Mateo Busaniche coincidió con Aranguren, por lo que adhirió en su voto. Así, la Justicia resolvió atento al concepto jurídico y humanitario de “interés superior del niño” que se otorgue la prisión domiciliaria a la mujer.

 

 

 

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