Abogados defensores de causas de corrupción plantearon “violación de derechos” a la Sala Penal

El encuentro fue ayer y duró poco más de dos horas, según contaron algunos de los defensores. Los vocales de la Sala Miguel Ángel Giorgio; Daniel Carubia y Claudia Mizawak (por videoconferencia), escucharon el planteo respaldado por el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), del cual participaron también Miguel Ángel Cullen, Raúl Barrandeguy, Iván Vernengo, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa y José Raúl Velázquez, se indicó en un comunicado oficial del área de Prensa de STJ.

La nota central de la última Revista Análisis fue el detonante. Es que los abogados consideran que se violó normativa al filtrar miles de horas de video que contienen los testimonios en la causa conocida como “contratos truchos de la legislatura”, donde se investiga por lo menos el desvío de dos mil millones de pesos tan sólo entre 2008 y 2018.

Los abogados esta vez no cuestionan el rol periodístico, pero reclamaron que se investigue cómo llegó esa información a la Revista Análisis. Así lo planteó en reiteradas ocasiones Emilio Fouces, tras la publicación titulada “Los videos de los contratos”.

En ese marco, y con el apoyo del Colegio de Abogados, se solicitó la reunión con la Sala. “Entendemos que hay ciertas cuestiones que están pasando en el Ministerio Público Fiscal (MPF) y cómo va la marcha del nuevo Código Procesal Penal”, indicó Iván Vernengo, uno de los participantes del encuentro, y ahondó sobre el segundo punto: “Creemos que se ha desvirtuado un poco el espíritu del nuevo Código”.

“No fue estrictamente por la publicación sobre la causa 'contratos', ese podría decirse el detonante”, reconoció.   

Por su parte, Miguel Cullen agregó que los señalamientos no están acotados al nuevo Código sino a todo el sistema. “La Sala Penal tiene competencia para vigilar que se cumplan los fines del proceso penal”, asentó. “No pedimos ninguna acción en concreto, simplemente notificamos a la Sala Penal porque solo podemos llegar a través de apelaciones. A veces hay cuestiones que no vienen vinculadas a una resolución judicial sino al entorpecimiento del ejercicio de la abogacía”, consignó Análisis.

Entre otros puntos, Cullen refirió a “otras jurisdicciones donde se puede ejercer la abogacía y defensa con muchísimo más tranquilidad, acceso al expediente, legajos, prueba, cosas que acá realmente, en Paraná se hace dificultoso. No sólo en una causa determinada. Ya es sistemático, es como una especie de toma de postura por parte del Ministerio Fiscal que, tal vez lo hacen sin intención, pero se entorpece el ejercicio de la profesión de abogado. Eso es, básicamente, lo que nos está pasando”. Ahondó que en otras jurisdicciones conocen el legajo y se los invita a participar de las entrevistas. “Es otra forma de trabajar y en Paraná no sucede eso”.

“Esto trae aparejado -continuó-, que no se respeten derechos y garantías de las personas que están siendo sometidas a proceso”.

“Hay que llevar adelante ciertas correcciones porque está desequilibrada la labor de la defensa con la posición del MPF en materia probatoria, de comunicación, de recolección de pruebas, recursos. Fue una charla interesante”, reafirmó Emilio Fouces. 

 

Crítica a jueces de Garantía

 

Los abogados entienden que algunos “desequilibrios” entre las partes ocurren “con anuencia de algunos jueces de Garantías”.

“Dentro de algunas medidas que se toman en las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) se están conculcando derechos de los investigados. En todas las causas, no en esa causa particular (por la de los contratos truchos)”, dijo Vernengo. “Creemos que eso va en contra del espíritu del sistema acusatorio. Esto tiene algunos años”, acotó.

También indicó que los vocales del Cuerpo se mostraron “interesados” en conocer la opinión de los abogados en cuanto al sistema penal. “Nosotros creemos que hay que hacerle una serie de modificaciones. Fue una reunión sana”, calificó.