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La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para que la causa Vicentin se tramite en Bs As
La jueza María Alejandra Biotti rechazó ayer el pedido del gobierno de Alberto Fernández para que la causa por la intevención de Vicentin saliera de la órbita de Santa Fe y se tramitara en el fuero en lo contencioso administrativo.
El Ejecutivo pretendía que sean los tribunales porteños los encargados de revisar las decisiones del Poder Ejecutivo. El fiscal del caso estuvo de acuerdo, pero ayer la jueza Biotti rechazó esa interpretación.
“Si bien los planteos efectuados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC y los agravios expuestos por el Estado Nacional contra la decisión del Juez del concurso en esta inhibitoria deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, considero que el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa”, dijo la jueza.
En el fallo al que accedió Infobae, la magistrada sostuvo: “Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”, ante los que deberá analizar “la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional”.
El fallo avaló un criterio que está en debate en la Corte Suprema de Justicia –pero ya aplicado en varias causas- sobre la potestad de los fueros federales del interior para analizar las resoluciones del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, podrá apelar esta decisión.
Se trata del segundo fallo adverso al Gobierno en el caso Vicentin, la cerealera aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, que está siendo investigada penalmente por haber acumulado una deuda de más de $18 mil millones con el Banco Nación durante el ultimo tramo del Gobierno de Mauricio Macri, mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.
El 4 de diciembre 2019, la sociedad Vicentin SAIC anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de “estrés financiero”, que no le permitiría enfrentar sus obligaciones. Entraba en cesación de pagos. Fue en febrero que la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.