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Tuesday 4 de August de 2020

Las universidades públicas usarán un sistema de reconocimiento facial para evitar fraudes en los exámenes

Las universidades públicas usarán un sistema de reconocimiento facial para evitar fraudes en los exámenes

07/16/2020 |Los alumnos deberán validar su identidad antes de rendir una evaluación. El anuncio generó dudas. Las autoridades aseguran que la privacidad de los datos no corre riesgo.

 

La mayoría de las universidades proyecta que al menos buena parte de sus segundos cuatrimestres transcurrirá a distancia. Ante la contingencia, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzó en un sistema de reconocimiento facial de alumnos que las casas de estudio podrán usar para evitar fraudes en los exámenes.

 

El software cruza datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), lo cual posibilita la validación de la identidad del alumno. El procedimiento es sencillo: el docente carga a los estudiantes en condiciones de rendir un examen y los alumnos deben sacarse una foto y subirla al sistema. A los pocos segundos, obtiene una respuesta que confirma su identidad.

 “Es un procedimiento análogo al que se da en el aula, que el alumno tiene que llegar con el documento. El sistema es cien por ciento seguro y no corre riesgo la confidencialidad de los datos. Cada universidad define si quiere usar la solución o no”, explicó a Infobae Guillermo Diorio, coordinador general del Sistema de Información Universitaria, a cargo del desarrollo del sistema.

Ayer los 57 rectores del CIN firmaron un convenio con los ministerios de Educación y del Interior para que aquellas universidades públicas que lo deseen puedan acceder a la plataforma de validación de identidad, que se llama “Siu Quechua”. No se utilizará solo para exámenes virtuales, sino también para trámites como la inscripción a una carrera desde el año que viene.

El sistema no es nuevo. Según fuentes oficiales, lo utilizan más de 150 instituciones públicas y privadas. Por caso, Migraciones, AFIP, ANSES, PAMI, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte, el Poder Judicial y Poderes Legislativos o mismo las billeteras virtuales como Mercado Pago.

“La aplicación va a estar a disposición de las universidades y cada institución considerará su uso. Es una herramienta que otros organismos públicos ya utilizan. La aplicación fue adecuada a las necesidades de las actividades académicas, los exámenes y la asistencia”, indicó Delfina Veiravé, presidenta del CIN.

Siu Quechua surgió de la inquietud de las instituciones, que tenían dificultad para verificar si efectivamente era el estudiante el que estaba por rendir un examen. Ya muchas manifestaron que la usarán. La UBA, por su parte, reconoció que lo analiza. “Lo estamos analizando en general pero cada facultad es la que decide qué medios tecnológicos utiliza de acuerdo a sus necesidades”, advirtieron.

Dos semanas atrás, un anuncio de la Universidad de Córdoba había generado controversia fuerte en la comunidad educativa. La UNC compró 17.545 dólares el software Respondus para que las facultades usen para tomar exámenes. Este sistema es más sofisticado y, a la vez, más invasivo. Por un lado, el programa inhibe la navegación por internet mientras se rinde la evaluación. El alumno solo puede contestar la prueba y el resto de las opciones informáticas se bloquean hasta que la entregue. Por otro lado, filma al estudiante durante toda la sesión y capta, a través de gestos, posibles señales de “trampa”.

Si bien la plataforma del CIN solo implica una fotografía, despertó inquietud. La Asociación por los Derechos Civiles le envió una carta al ministro de Educación Nicolás Trotta solicitando información, con una serie de preguntas como: “¿Fue realizada una evaluación de impacto en derechos humanos (como el derecho a la privacidad, a la educación, a la no discriminación) previo a la firma del convenio?”, “¿La validación de la identidad del estudiante será obligatoria?”, “¿Los estudiantes tendrán métodos alternativos para validar su identidad?”.

“Es fundamental que estas iniciativas se encuentren debidamente justificadas para no interferir de manera desproporcionada con derechos como la privacidad, la protección de datos personales, el acceso a la educación y la no discriminación”, expresaron desde la asociación civil.

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