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Más diálogo y menos enemigos internos
La discusión pública sobre la justicia por mano propia en Argentina no va más, ya demostró su fracaso. A la película del jubilado que mató al ladrón ya la vimos innumerables veces, antes con el médico, luego con el carnicero, por ejemplo.
Por José Amado (*)
Los días enteros de transmisiones televisivas y los debates sobre pericias y testimonios que convertían a cualquiera en un criminalista, terminaron sin dejarnos nada que nos permita abordar probables soluciones y mejorar como sociedad. Lo mismo sucederá con el caso del jubilado: cada cual se quedará con su opinión hasta el próximo show.
Las preguntas que nos debemos no refieren a si el jubilado actuó o no correctamente. A esto lo responderá solo una investigación penal preparatoria completa y terminada, y luego el jurado popular que deberá declararlo culpable o inocente. Más bien cabe preguntarse ¿de qué manera un grupo delictivo puede actuar con total impunidad en la noche para sacarle lo poco que tiene al jubilado? Si los cuatro detenidos tienen antecedentes ¿No estaban en carpeta de ninguna investigación para actuar antes? Si el ladrón muerto estaba en la segunda línea de la barra brava de Quilmes (la caravana fúnebre lo demostró) ¿Hasta cuándo las autoridades políticas y judiciales van a dejar que los jugosos negocios que se tejen en las tribunas sigan fomentando bandas violentas y captando a cientos de pibes que se crían en una cultura del delito que no tiene más límite que la muerte, propia o ajena? ¿La Justicia seguirá ocultando sus responsabilidades cada vez que libera a un preso sin razón y lo destina a matar o morir? ¿Nadie (principalmente organismos públicos de protección de derechos de niños y adolescentes) vio el camino que tomaba Franco El Piolo Moreyra hace 10 o 12 años? ¿Nadie ve hoy a los otros tantos que recorren ese fatídico camino?
La discusión pública sobre la justicia por mano propia en Argentina no va más, ya demostró su fracaso. A la película del jubilado que mató al ladrón ya la vimos innumerables veces
Analizar un conflicto social que venimos arrastrando por décadas y encontrar soluciones requiere superar debates emocionales sobre episodios que conmueven a cualquiera. La seguridad es un derecho que se garantiza desde la prevención y con un abordaje integral que supere el paradigma punitivo.
“Debemos articular saberes y recursos federales, provinciales y locales, concentrados cada vez más en la prevención social y comunitaria, asumiendo la importancia de un fuerte esquema de inteligencia criminal, de abordaje del delito complejo, de promoción de la seguridad como un derecho que se debe garantizar en todo el territorio nacional”, definió la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, a inicios de febrero en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior, que integra la provincia de Entre Ríos. Resulta una línea de trabajo clara que puede traer resultados a mediano y largo plazo. Para ello, destacó que “el compromiso en materia de apego a la ley, de defensa y promoción de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la descriminalización de los grupos sociales más segregados es fundamental para concentrar el trabajo de la seguridad en la prevención y conjuración del delito complejo”.
Se trata de un enfoque que en ciudades como Paraná y Concordia podría permitir buscar soluciones de fondo en lugares donde resulta imperioso reducir la conflictividad social. Más aún en aquellos lugares donde recurrentemente rebrota la violencia, a veces naturalizada como en el caso de la Villa 351 de la capital provincial, donde la presencia policial ante cada balacera o robo aparece como la más frecuente entre todos los organismos públicos, y donde organizaciones sociales y no gubernamentales actúan como contenedores de conflictos violentos. Además, en muchos casos se ha demostrado que eficientes investigaciones han permitido desarticular grupos generadores de esos conflictos.
No obstante, en la politización del caso del jubilado ya aparecen voces que cuestionan que desde la antropología (tal es el campo de la ministra Frederic) no se pueden abordar los problemas de la seguridad, presionando por el regreso de un discurso patibulario y sus consecuentes medidas. Para que nada cambie. Jorge Ríos es carne de cañón de intereses ajenos a él. Apoyar a una política de seguridad pública que apueste al diálogo en vez de caracterizar enemigos internos es un desafío que nos debemos y nos merecemos.
(*) Esta columna de Opinión de José Amado se publicó originalmente en el diario Uno de Paraná.