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Cómo afectará a la Justicia Federal en Entre Ríos la posible reforma judicial
La reforma judicial afectará al actual funcionamiento de la Justicia Federal en Entre Ríos: habrá más jueces, pero menos fiscales.
El Gobierno Nacional presentó un proyecto que busca descentralizar a la Justicia Federal penal y aspira a restablecer pautas para garantizar la independencia de los jueces. Sin embargo, revela un desconocimiento del funcionamiento que se da en Entre Ríos y no contempla la inminente aplicación del sistema acusatorio.
La justicia, en rigor el Poder Judicial, enfrenta una crisis inédita, un desprestigio generalizado y entonces no es casualidad que sea la institución que mayor desconfianza genera entre los argentinos.
De los jueces de la servilleta a la mayoría automática, la elección discrecional de jueces, la irrupción de los servicios de inteligencia en los tribunales, el intento de nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema por decreto, las presiones sobre los jueces para promover un uso irracional de la prisión preventiva, las presiones para que los jueces que hubieran firmado fallos perjudiciales a los intereses del gobierno renuncien, la filtración ilegal de escuchas telefónicas y una larga lista de etcéteras, reflejan que los problemas de la justicia son obvios y muchos; y los resultados, también obvios, generan impunidad, descreimiento e incapacidad para solucionar los conflictos sociales; y no hay soluciones mágicas para devolverle el prestigio perdido al Poder Judicial, publicó el portal Página Judicial.
¿Por qué más jueces y no más fiscales?
La Justicia Federal tiene a su cargo los hechos de corrupción que se dan en el Estado Nacional, el tráfico de drogas, la trata de personas, los delitos de lesa humanidad, el lavado de dinero, el contrabando, la evasión de impuestos y además de delitos como sedición o traición a la Patria, entre otros
Cada uno de los tribunales que existen tienen dos secretarías y el proyecto establece que continuarán funcionando con una y la otra se transformará en la secretaría de un nuevo juzgado. Así, por ejemplo, Entre Ríos pasará a tener cinco nuevos juzgados federales de primera instancia: dos en Paraná y uno más en Victoria, Gualeguaychú y Concordia. En Concepción del Uruguay, extrañamente, no se prevé la creación de nuevas estructuras.
Este esquema supone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país, aunque en Entre Ríos algunos actores del sistema judicial, ante la consulta de Página Judicial, manifestaron ciertas dudas respecto de la necesidad de crear nuevas estructuras.
Este esquema recoge la propuesta impulsada en 2018 por senadores que en ese momento eran oficialistas, en su mayoría de Juntos por el Cambio, bajo el nombre de Programa Justicia 2020, que planteaba la creación de nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en el interior del país. El nuevo proyecto propone la creación de 94 nuevos juzgados penales en las provincias. De esta manera, los juzgados ya existentes, que en muchos casos tienen competencia múltiple (Penal, Electoral, Civil y Comercial, Tributaria), dejarán de abocarse a las causas penales y solo se ocuparán del resto de las materias.
La creación de nuevos juzgados, se aclaró, no afectará el principio de “juez natural” de las causas que están en curso. Esto significa, por ejemplo, que las causas por delitos de narcotráfico que actualmente tramita el juez Leandro Ríos, en Paraná, continuarán a su cargo aun cuando el nuevo esquema transfiera las secretarías penales, la secretaría de derechos humanos y la secretaría electoral a los nuevos juzgados y, en lugar de éstas, le asigne una secretaría civil y comercial.
En este sentido, el proyecto supone varios inconvenientes: por un lado, carga el prejuicio de la mirada porteño-céntrica que traslada al interior del país los vicios que se observan en el fuero federal porteño; revela un desconocimiento del funcionamiento de la Justicia Federal en las provincias, o al menos en Entre Ríos; y, por otra parte, parece traído a contramano de los tiempos que vienen, con el nuevo sistema acusatorio en el horizonte.
Nuevo paradigma
El proyecto de reforma judicial parece ir en dirección contraria del sistema penal acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy y está en marcha su implementación en forma escalonada en el resto de las provincias argentinas.
El sistema acusatorio asegura una división de roles entre jueces y fiscales. La investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal y el juez deberá garantizar el cumplimiento de la ley durante el procedimiento penal, además de controlar que se respeten las garantías constitucionales.
Otra característica del sistema acusatorio es que desaparece el expediente en papel y los planteos que realizan las partes son resueltos en audiencia ante el juez de garantías.
El nuevo sistema supone el abandono de un diseño en espejo al del Poder Judicial, estructurado sobre la base de un fiscal en cada juzgado, para pasar a un modelo de organización dinámico en el que la actuación de los fiscales debe estar orientado por criterios de política criminal y de persecución establecidos en función de las necesidades de cada jurisdicción.
No obstante, el proyecto de reforma judicial propone la creación de solo dos cargos de fiscales con competencia penal –contra cinco cargos de jueces– con jurisdicción en todo el territorio de Entre Ríos; pero establecidos en Paraná, a casi 300 kilómetros de San José de Feliciano, por ejemplo. Aunque las reformas nunca son definitivas y el funcionamiento de las instituciones es dinámico, esto parece un contrasentido.
Del mismo modo, la reforma plantea la creación de un cargo de defensor público oficial con competencia penal, con jurisdicción en todo el territorio provincial y con asiento en Paraná. Otra vez, ¿se puede ejercer eficazmente el derecho de defensa a 300 kilómetros del lugar del hecho?
La irresponsable situación en Victoria
Si para muestra basta un botón, el Juzgado Federal de Victoria podría serlo.
La situación es escandalosa: el 14 de enero de 2004 se promulgó la Ley N° 25.862 de creación del nuevo juzgado, con competencia sobre los Departamentos de Victoria, Nogoyá, Tala y Gualeguay.
Tres años después, en 2007, la Corte Suprema le asignó los cargos y, previo concurso, fueron designados el juez, el fiscal y el defensor público oficial. Pero, inexplicablemente, el juzgado nunca fue habilitado por la Corte Suprema y, en el camino, se quedó sin juez y sin fiscal.
Desde entonces, el Consejo de la Magistratura lleva invertidos varios millones de pesos en la refacción y acondicionamiento del inmueble donde debería funcionar el juzgado, en el centro de la ciudad, y hace nueve años que está pagando un oneroso alquiler; a pesar de que la Municipalidad de Victoria donó un terreno para construir el edificio propio.
Una mañana, a fines del año pasado, los muebles que estaban embalados y guardados en un depósito fueron cargados en un camión y terminaron poblando las oficinas del flamante Juzgado Federal de Gualeguaychú.
Al día de hoy, el Juzgado Federal de Victoria está operativo, pero no habilitado, es decir, un fiscal interino instruye causas que tramitan en el Juzgado Federal de Paraná.