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Friday 25 de September de 2020

Más Estado y menos debate y poder de justicia

Más Estado y menos debate y poder de justicia

08/09/2020 |Por Javier Cubillas

 

Alberdi diría: “Vivimos tiempos de licencias, no de libertades”, y por ello conviene resaltar en su tesitura que siempre sostuvo que el gobierno no había sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia.

 

En sus propias palabras: “no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad de industria”.

Paradojal resultado tiene entonces que el Presidente haya anunciado con más elocuencia qué argumentos una reforma del poder judicial que lejos está de ser una reforma del sistema de justicia para la seguridad de las personas y bienes que debe tutelar, pero que además, lo hace justo cuando la agenda de temas públicos piden soluciones de economía doméstica y de seguridad local por el aumento de los índices negativos en lo relativo a cobertura social e individual por la emergencia acrecentada por las mismas medidas de cuarentena generalizada ante el Covid-19.

En este sentido, la pandemia aún hoy al menos para un sector de la Argentina, se debate entre los aislacionistas y los pro responsabilidad individual pero para el principal actor del sistema político, hiperpresidencialista sin lugar a dudas, la novedad y el principal tema político es la necesidad de agrandar el Estado aumentando la dimensión del Poder Judicial sin un diagnóstico sobre eficacia y eficiencia que lo acompañe y sostenga desde el punto de vista del mérito, oportunidad y conveniencia.

A nadie escapa, que gran parte de la sociedad reclama se implemente desde la década de los años 90 y post reforma constitucional, un Poder Judicial con innovación en materia tecnológica, mayor meritocracia en su administración y por ende una modernización de su estructura capaz de actuar a la altura del efectivo combate y la correspondiente prevención de la comisión de delito en la actualidad.

Pero hasta aquí, las noticias y el mensaje presidencial en sus artículos 82 y 83 relativos al gasto en materia presupuestaria, importantes en tanto comunican previsión y certeza a la medida, dicen que con posterioridad: se imputarán al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público de la Defensa, según corresponda. Por ende, no tienen una estimación exacta sino estimada por la opinión de especialistas del derecho, periodistas, economistas y voceros de bancadas que van entre los 800 y 1600 millones de pesos para tareas operativas. Cero previsión al respecto sobre la distribución de fondos.

Sin estimación exacta, volver a las reflexiones fundamentales en materia de rentas públicas es clave y Alberdi expresa en el Sistema Rentístico (el primer manual de derecho económico de estas tierras) para que nunca nos olvidemos que: Si la economía es el juicio en los gastos (Say), la disipación es la locura en el gobierno y en el país. No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos. La ley de gastos (si habla la verdad) nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores, o está regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición.

Frase más potente no puede encontrarse y es claro entonces que más gasto del Estado, en este caso, resulta menos en materia de prudencia, transparencia y justicia. Cuando además, gran parte de la inteligencia que se va a dedicar a diseñar propuestas para el Poder Ejecutivo y posteriormente el legislativo no posee legitimidad plural en voces, escuelas doctrinales y políticas que conformen una verdadera comisión representativa de sectores académicos, políticos y de luminarias del derecho. Por si fuera poco, no muchos de ellos o ninguno quizás sea un franco lector y reconoce en Juan Bautista Alberdi un referente constitucional.

Todo esto es una muestra más que las mejores intenciones suelen tener buenos títulos y proclamas pero la bajada en donde el contenido se expresa deja avizorar un mayor esfuerzo presupuestario de parte de un Estado, o sea nuestro esfuerzo contribuyente administrado, pero que no tendrá correlación en eficiencia ni en legitimidad para que la reforma comunicada sea lo que realmente la sociedad demanda: modernización y efectividad en prevención, seguridad y restitución del daño ajustada en tiempo y forma al sistema de derecho vigente.

Lo que resta por advertir es que quizás, esta etapa de la pretendida reforma, pueda ser sancionada con un tratamiento de ley de menos de 15 días corridos en el Senado de la Nación y otro tanto en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero digamos todo: podemos estar ante una ley express para el tenor y la profundidad que requiere y que nos puede dejar evidenciada otra paradoja. Puede llegar a tardar más tiempo en discutir y dictaminar el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público creado por el Decreto 635/2020, con 90 días para ello, que el mismo Congreso de la Nación para debatir y sancionar la ley objeto de análisis.

Finalmente, y sólo para darle una última semblanza literaria, en la obra Peregrinación de luz del día, Alberdi ya en sus años de madurez expresaba mediante uno de los personajes con magistral ironía que: La señora Justicia, tiene otra manía más ridícula, y es la de quitarle al Gobierno sus hombres más útiles, sus empleados más leales para mandarlos a los presidios, so pretexto de alguno que otro robo o asesinato insignificante, generalmente cometido contra enemigos del Gobierno, y las más veces en su servicio mismo. Ante esa conducta no le queda al Gobierno otro medio de mantener el orden, que tenerlas en la cárcel (a la libertad y verdad) por orden permanente.

No más preguntas señor Juez.

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