Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
Monday 28 de September de 2020

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero conocía denuncias por apremios y las desconoció

08/12/2020 |      

 

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

 

Los apremios por parte de la Policía de Entre Ríos tiene denuncias en casi todas las jurisdicciones de la provincia, especialmente en las ciudades cabeceras de los distintos Departamentos.

El hecho de que no se hayan investigado como corresponde por parte de la Fiscalías y no se haya dado respuestas desde el Poder Ejecutivo, no habilita a ningún funcionario a sentirse sorprendido por el comunicado emitido por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

El viernes 7 de agosto, la Sala Nº 1 en lo Penal del STJ -integrada por los vocales, presidente Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak- resolvió hacer saber a la Procuración General su preocupación por el incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos, a fin de que adopte las medidas que estime pertinente.

“La resolución de la Sala Penal, fue adoptada luego de haber tomado conocimiento de excesos cometidos por integrantes de la policía entrerriana al momento de su accionar en casos vinculados a hechos delictivos”, se resaltó en ese momento.

El lunes 10 de agosto, se reunieron de manera virtual los miembros de la Sala Penal con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. En la oportunidad se habló sobre la necesidad de articular acciones, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para evitar apremios o abusos de autoridad por parte de cualquier integrante de la Fuerza Policial de Entre Ríos.  

Allí también se acordó la necesidad de realizar inspecciones en las distintas sedes de las comisarias de toda la provincia. Y se coincidió que a esa iniciativa serán invitados los jueces de Garantías de cada jurisdicción, como así también al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y otros organismos del gobierno provincial.  

Desde la Sala Penal se le hizo conocer a la ministra un listado de hechos que ocurrieron en diferentes localidades de la provincia, en los que se habrían registrado apremios y violencia por parte de agentes de seguridad hacia a algunos detenidos.

Sin embargo, en declaraciones públicas la ministra Romero manifestó su sorpresa y expresó en declaraciones al programa de radio “Tarea Fina” de FM Ciudadana de Concordia: “No sé por qué se consignó así en el comunicado (que emitió la prensa del STJ) pero a mí no se me entregó ninguna prueba, ningún informe” de apremios ilegales por parte de la Policía.

“A mí me sorprendió el comunicado donde decía que se dieron las pruebas. En realidad, no se me dio nada”, reiteró, señalando que a esta situación “se la comenté al Jefe de Policía”, comisario general Gustavo Maslein.

“Sí quedó la Sala en enviarme un listado de procesos o situaciones que les preocupan”, agregó la ministra y recordó que la Policía de Entre Ríos está integrada por “doce mil hombres y mujeres y exagero si digo que hay abiertas 20 causas con reproches hacia miembros de la Fuerza” y afirmó que se trata de “situaciones muy excepcionales”.

 

Noticias desde Gualeguaychú

 

El 27 de febrero pasado, la ministra Rosario Romero recibió una nota por escrito firmada por Matías Ayastuy, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychú.

En esa nota –a la que accedió EL ARGENTINO- se indica que se comunican con ella “con el fin de informarle sobre la situación de nuestra ciudad al respecto de casos de violencia institucional por parte de agentes de la Policía de Entre Ríos”.

“Lo hacemos para solicitarle urgente intervención para revertir esta situación, en tanto entendemos que los casos se reiteran, se recrudecen, y con ello se corre el riesgo de su naturalización. La violencia institucional implica la puesta en riesgo de la seguridad y los derechos más básicos de los ciudadanos”, se sostuvo en ese escrito.

“Desde el Estado Municipal, a través de la Dirección de Derechos Humanos, hemos asumido un creciente involucramiento en la temática. En este sentido, estamos en permanente contacto con funcionarios del sistema judicial, esto es, Defensores Penales, la Coordinación General de Fiscales y los Jueces de Garantía de los Juzgados Nº 1 y 2; así también con organizaciones barriales y de la sociedad civil”, se le aclaró para atestiguar que son muchos los sectores que comparten esa preocupación.

“En diversas oportunidades de reunión con funcionarios judiciales, resulta común y reiterada en los comentarios la alarma por el crecimiento de los casos de violencia institucional”, se destacó y a manera de ejemplo, se le explicitó a la ministra Romero el registro de:

* Golpes en el marco de un uso desmedido de la fuerza al momento de detención en la vía pública, como también durante el traslado y en comisaría.

* Insultos, burlas, denigración a las personas.

* Detenciones innecesarias.

Y se le informó por escrito que en lo que va de este año se han identificado casos que incluyen:

* Una mujer trans golpeada por agente policial fuera de un boliche bailable, siendo luego insultada en la comisaría.

* Un joven con discapacidad mental fue insultado e intimidado por un móvil policial, en las cercanías de su hogar.

* Dos jóvenes, de 16 y 19 años, fueron detenidos violentamente, por ser sospechados de robo. En el operativo fueron maltratados y golpeados. Sus padres, que se hicieron presentes en el operativo, denunciaron los malos tratos y luego también las amenazas por parte de uno de los agentes policiales. Luego el mayor fue amenazado por el agente policial.

* Una mujer, al momento que la policía concurrió a detener a su sobrino, fue golpeada por una agente policial. La mujer tiene cáncer y estaba recientemente operada al momento que fue golpeada, lo cual implica un alto riesgo debido a su delicada situación de salud.

* Un menor luego de sufrir una grave golpiza por parte de un joven, no habría recibido la atención inmediata a pesar de que la policía estaba en el lugar.

* Un joven al ser detenido fue golpeado en el lugar de detención y durante el traslado, recibiendo también amenazas explícitas e insultos.

El escrito elevado en febrero a la ministra Romero, además se le denunció que a estos hechos se suman al menos 36 casos en 2019, de acuerdo “a los datos que surgen de informes de Coordinación de Fiscalía, de los Juzgados de Garantía Nº 1 y 2, de la Defensoría de Pobres y Menores y de fuentes propias de la Dirección de Derechos Humanos”.

“Entre estos, son importante destacar un caso de tortura, en el cual un agente habría practicado la técnica de ´submarino seco´ a un joven al momento de su detención, y obviamente el asesinato por ´gatillo fácil´ de Iván Pérez, el 9 de octubre de 2019, por parte de un agente de la policía que contaba con graves antecedentes, un caso de extrema gravedad que creemos que se inscribe en este preocupante contexto de incremento de prácticas autoritarias, que esperamos encuentre justicia”, recalca la nota remitida a la ministra Romero en febrero pasado.

“Nos preocupa mucho esta situación y entendemos que de no tomarse medidas empeorará. Solicitamos a usted que se tomen las medidas necesarias para poner freno a esta situación”, finaliza el escrito firmado por el responsable del área de Derechos Humanos de la Municipalidad, Matías Ayastuy.

 

Polémica por los abusos policiales

 

La ministra Romero, no sólo desmintió al Superior Tribunal de Justicia, al aseverar que hasta el momento no ha recibido las pruebas sobre los abusos policiales que los vocales dijeron haberle entregado.

También calificó a las primeras expresiones del STJ sobre excesos policiales como “muy duras” y consignó que en la reunión le indicaron cuatro ciudades (Gualeguaychú; Concordia; Paraná y Federación) donde se concretaron estos hechos de abuso. Sin embargo, adelantó que habrá un nuevo protocolo para reducir el tiempo de los detenidos en las comisarías en el que se acelerará la notificación de la detención a los defensores en turno para “evitar situaciones de posible violencia”.

De esta forma Romero salió en defensa de los uniformados diciendo que muchas de las intervenciones que realizan son “en medio de una balacera” y que se viven “situaciones de violencia cuando se ingresa a un barrio y se da una confrontación con la persona que es detenida”. No obstante, llamó mucho la atención esta defensa, teniendo en cuenta el inquebrantable compromiso de la ministra con los Derechos Humanos.

Por su parte, el Defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, aseguró en declaraciones al programa “La huella del caracol” (LT14) que “celebra” la preocupación de los poderes públicos por los casos de violencia.

También recordó que, en septiembre del año pasado, una resolución del Ministerio Público de la Defensa que conduce, estableció un protocolo para que los defensores puedan establecer de una manera “clara y precisa” la cantidad de denuncias por las detenciones de Fuerzas de Seguridad aplicando vejaciones o abusos.

A partir de ese protocolo, se observó que en mayo y junio hubo “un aumento sensible de situaciones de violencia o apremios en relación a lo que ocurría en meses anteriores”. Dentro de los abusos en que incurren la Policía mencionó la existencia de violencia física, amenazas o maltrato.

Benítez había señalado que el crecimiento de este tipo de situaciones se relacionó con la implementación de la cuarentena por la pandemia de Covid–19 y que durante julio los índices fueron bajando a niveles previos a esta situación.

“La mejor manera de prevenir este tipo de hechos es preocuparnos cuando ocurren, aunque a lo mejor se consideren nimios, para no llegar a supuestos como los que ocurren en otras provincias. Con una historia como la que tenemos en nuestro país, tenemos que tener mucho cuidado de que puedan ocurrir”, concluyó de acuerdo a lo consignado por la agencia periodística Apf.

 

Condiciones inhumanas de detención

 

El domingo pasado EL ARGENTINO publicó en base al diario Uno de Paraná y otros portales, que las autoridades judiciales, Municipales y del Colegio de Abogados de Gualeguaychú realizaron una visita a la Alcaldía de la Jefatura Departamental de Policía en la que se encontraron con una situación general de falta de higiene, bajas temperaturas, escasez de abrigo y nulo distanciamiento con la consecuente alta exposición a contagios de coronavirus”.

La visita se realizó en los primeros días de julio y las autoridades que participaron se encontraron con una situación alarmante, debido la suciedad imperante, baños tapados y rotos, ventanas abiertas sin protección al frío, escaso abrigo e incluso mala alimentación.

Quienes participaron de la inspección manifestaron que se entrevistaron con todas las personas allí detenidas y labraron un acta con todo lo que era necesario modificar para brindar condiciones humanas de encierro.

A partir de lo encontrado, los Juzgados de Garantías N° 1 y N° 2, junto a autoridades del Colegio de Abogados y la Municipalidad de Gualeguaychú elaboraron el “Informe de condiciones detención de las personas privadas de su libertad en las instalaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos”, que elevaron a autoridades provinciales del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno y Justicia, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y al Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) provincial y local.

Se envió también una nota formal al jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Cristian Hormachea, que no fue respondida. Ante esto enviaron informes al jefe provincial, Gustavo Maslein, y a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, además de un oficio al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

No se trató de una acción aislada, sino que las inspecciones se realizan periódicamente e inclusive en anteriores oportunidades fueron subsanadas algunas cuestiones edilicias que se habían planteado. Sin embargo, en esta oportunidad el resultado fue alarmante.

La delegación de jueces, abogados y funcionarios recorrió el pabellón central, baños, duchas y celdas de la planta baja y primer piso de la Jefatura Departamental de Policía. Según el informe que se elaboró al finalizar, había en ese momento 16 personas detenidas, que contaban con un solo baño y una sola ducha para todos. Los demás sanitarios se encuentran tapados o en desuso. Respecto al clima, todas las ventanas, del pabellón central y celdas de encierro, se encuentran sin cerramiento, lo que implica el ingreso de viento frío, de agua cuando llueve y el sometimiento constante a bajas temperaturas.

A eso se suma la falta de distanciamiento, la ausencia de desinfección sistemática, pésima alimentación, falta de abrigo y desprotección total ante el frío; estándares elementales que resultan prioritarios en el actual contexto de pandemia.

“En los espacios comunes la falta de higiene es verdaderamente alarmante. Hay presencia de botellas con orines y excrementos dispersos en el suelo, además de aguas servidas provenientes caños tapados”, dice textualmente el informe.

Asimismo, los detenidos dijeron en las entrevistas que algunas noches, según quién esté de guardia, se les prohíbe ir al baño, por lo cual deben hacer sus necesidades en un balde o tacho. La presencia de orines se da, entonces, también en las celdas de descanso.

También manifestaron que precisaban frazadas, ya que en la noche la temperatura se sufre mucho más, sobre todo en ambiente húmedos y desprotegidos como la Jefatura Departamental.

 

Fiscales reconocen apremios

 

En medio de esta suerte de debate, desde el Ministerio Público Fiscal de Concordia explicaron al Diario Río Uruguay que han “recibido denuncias por apremios” o abusos de autoridad en esa jurisdicción.

Al respecto, el coordinador general de la Unidad Fiscal de Concordia, José Costa, mencionó que “hemos recibido denuncias desde hace tiempo” y, en estos casos, “se inician las investigaciones por cada hecho” de este tipo que se da a conocer.

Sin embargo, Costa reconoció que “el tema es que, por ahí es más difícil recolectar pruebas” debido a que son “las mismas víctimas las que no quieren brindarlas para evitar problemas” que puedan surgir al respecto. Aunque reconoció que “siempre se tuvo en cuenta este tipo de cuestiones” desde la Unidad Fiscal y “siempre se le ha dado prioridad”.

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