La reforma de la injusticia

Por Luis Petri

 

El proyecto de reforma judicial debe ser retirado del Congreso de la Nación, ya que supone avanzar sobre la Justicia Federal tomándola por asalto, poniendo en crisis su independencia, a partir de la creación de nuevos juzgados y el nombramiento de jueces subrogantes.

Arrancó mal este Gobierno y con la excusa de mejorar la Justicia apela a las recetas y fórmulas del pasado que nos condujeron hasta acá, sintetizando en un solo proyecto a los “jueces de la servilleta” del menemismo, con la “colonización de la justicia” del kirchnerismo.

Cualquier lector desprevenido se da cuenta de las verdaderas intenciones del Gobierno. Por un lado, aumenta los juzgados de Comodoro Py y, con esto, multiplica por tres los problemas -pasando de 12 juzgados a 46- y, por el otro, designa a la mitad de ellos por fuera de lo que la Constitución establece.

Si considera que hay jueces que incumplieron sus deberes, que actuaron con mal desempeño, debería iniciar el proceso de destitución, pero no sólo ha sido su partido el que históricamente ha nombrado a su gran mayoría, sino que también ha estado al servicio de los jueces cuestionados para impedir su remoción, llámese Oyarbide o quien sea.

Es tal la fijación con Comodoro Py, y su intento de someterlo, que el proyecto dispensa un diferente tratamiento, con dos velocidades muy distintas, entre los nuevos juzgados a crearse allí, respecto de los 94 juzgados que propone crear en el interior del país. A los primeros, tratamiento exprés y rápida puesta en funcionamiento a través de subrogantes en Juzgados nuevos, allí es a toda velocidad y excediendo los límites permitidos. A los segundos, cumpliendo con la Constitución para su nombramiento, algo que debería ser la regla en ambos casos. Las diferentes velocidades dejan a la luz que el corazón del proyecto está en Comodoro Py, por ser el lugar en donde se investiga, enjuicia y condena a los funcionarios por hechos de corrupción.

Por qué la insistencia en la utilización de las subrogancias para la designación de nuevos magistrados en Juzgados a crearse, cuando la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que el reemplazo de magistrados sin el procedimiento que marca la Constitución, es excepcional y nunca puede darse en juzgados que no fueron nombrados sus jueces previamente.

Tiene dicho la Corte que para asegurar su independencia, los jueces cuentan con garantías reforzadas que resultan indispensables para el ejercicio de su función. Entre ellas, se encuentran la de un adecuado proceso de nombramiento y la inamovilidad en el cargo, ambas ausentes en el caso de los jueces subrogantes. La designación de jueces subrogantes supone la creación de una justicia de excepción en la que no rige la garantía del juez natural ni de la independencia judicial.

Además, la reforma contribuye poco y nada en mejorar la rapidez de los procesos pese a la creación de nuevos juzgados. Veamos, actualmente, los 23 juzgados existentes entre los Criminales y Correccionales y los Penales Económicos, funcionan con dos secretarías en cada uno. El proyecto plantea transferir una de esas secretarias a los nuevos juzgados a crearse. Al dividir las secretarías y enviar la mitad de las existentes a los 23 Juzgados nuevos, se van a ralentizar las causas, donde muchas pueden llegar a prescribir, como ya ha sucedido, o violar el plazo razonable para el juzgamiento y posibilitar la absolución, como ocurrió con Carlos Menem y la causa por la venta de armas a Ecuador. Nuevamente el Proyecto elige una rara manera de mejorar y acelerar los procesos por corrupción, sacándoles personal y dividiendo la estructura judicial.

Tan burda es la reforma y espurios sus objetivos, que desalojan a la Cámara de Casación Federal de la facultad de confeccionar las listas de postulantes a jueces subrogantes y ponen en esa tarea en cabeza de la Cámara Nacional integrada mayoritariamente por miembros del colectivo “Justicia Legítima”. Así eliminan la posibilidad que pueda colarse algún juez independiente en la nómina de subrogantes por descuido.

Otra cuestión que es necesario reparar, es la ausencia de criterios objetivos para definir la creación de juzgados, fiscalías y defensorías. No se observa que se tenga en cuenta la cantidad y tipo de delitos, el número de causas en los juzgados preexistentes, la cantidad de población o la extensión territorial, al momento de definir su creación tanto en CABA como en el interior del país.

De hecho, en el Fuero Criminal y Correccional de Comodoro Py, las causas se han reducido en más de un 50% entre 2018 y 2019, pasando de 17.741 a 9.690 respectivamente. Ello se debe a la transferencia de los delitos de narcomenudeo a la Ciudad y, aún así, se decide la duplicación de los juzgados. El ojo del buen cuberismo y la improvisación en su máxima expresión.

Ahora bien, teniendo en cuenta la disminución de causas, ¿por qué unificar el fuero Criminal y Correccional con el Fuero Penal Económico cuando la tendencia es avanzar en la especialización por la complejidad de los delitos económicos y los delitos de corrupción, la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico, que requiere jueces abocados específicamente a esas problemáticas? Otra inexplicable inconsistencia del proyecto.

Esta reforma también va a significar un retroceso a la hora de perseguir y condenar fuertemente a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, ya que quienes la promueven, descreen del sistema de penas privativas y propugnan la liberación anticipada de todos aquellos condenados, lo que supone más inseguridad ciudadana, más delitos y más violencia. El perfil de jueces que buscan designar son los mismos que liberaron 4.500 personas, mientras 44 millones de argentinos debemos permanecer en aislamiento.

Por todo ello, porque no está dada la oportunidad, sino que hay oportunismo del Gobierno; porque carece de los consensos políticos y sociales que la transformen en una verdadera política de Estado que trascienda los partidos y los gobiernos; porque lejos de intentar mejorar a la justicia busca someterla para promover y garantizar la impunidad, es que creemos que Gobierno debe retirar el proyecto de reforma judicial.

Este no es un proyecto pensado en favor de los ciudadanos que reclaman una justicia independiente, sino que es en defensa propia de quienes buscan impunidad. Ninguna reforma a la Justicia va a llegar a buen puerto cuando el Gobierno que la promueva esté más interesado en su libertad que en la de su pueblo.

 

El autor es diputado nacional (UCR)