Una Ley de Humedales para un nuevo paradigma de sostenibilidad justa

 

Hace algunos días, el hashtag #LeydeHumedalesYa inundó las redes sociales, impulsado por distintas organizaciones ambientalistas. Si bien los incendios en el delta del Paraná lo ubican en el centro de la escena, el reclamo por esta ley no es nuevo, sino que lleva muchos años de idas y vueltas, configurando una deuda de larga data que debe ser saldada en el seno del Congreso de la Nación.

 

¿Y por qué en el Congreso de la Nación? En la reforma constitucional de 1994, las provincias delegaron competencias a la Nación para que ésta dicte normas uniformes, umbrales mínimos de protección ambiental sobre las cuales luego se iría a construir la estructura normativa ambiental de nuestro país. Estos presupuestos mínimos pueden ser ampliados o complementados por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca limitados, ya que esto sería inconstitucional, algo que ha reafirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”.

En este sentido, se han dictado importantes normas como la Ley General del Ambiente, y leyes para el ordenamiento ambiental del territorio como lo son la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Glaciares. Dos veces llegamos a tener media sanción de una Ley de Humedales en el Senado, pero nunca se pudo llegar a un verdadero acuerdo en la Cámara de Diputados para poder zanjar el debate.

Los humedales son ecosistemas ricos en agua dulce y biodiversidad, que nos prestan servicios esenciales para nuestra vida y desarrollo. Por ejemplo, capturan dióxido de carbono -lo que ayuda a combatir el cambio climático- y retienen agua dulce, ayudando a prevenir tanto inundaciones como la desertificación. Además, son el hogar de las especies de flora y fauna que mantienen el equilibrio en nuestro planeta y el sustento de muchísimas comunidades que viven y realizan distintas actividades productivas en ellos y gracias a ellos.

Contar con una Ley de Humedales implica un cambio de paradigma que derribe la falsa dicotomía entre preservar o extraer. En lugar de pensar un desarrollo productivo basado en el agotamiento de nuestros recursos, en donde las áreas protegidas queden reducidas a una pequeña porción del territorio, debemos poder concebir un modelo de desarrollo sostenible, basado en información científica de calidad sobre nuestro territorio y los servicios ambientales que nos presta. Y, en este marco, pensar y planificar de qué forma podemos seguir usando y realizando actividades productivas en los distintos ecosistemas, que puedan perdurar en el tiempo y generar riqueza sin dañar el equilibrio de éstos.

Para preservar los humedales, necesitamos de una ley que cree ciertos instrumentos que permitan unificar la información y los criterios de aplicación a nivel nacional. Estamos hablando, en primer lugar, de una definición clara que permita identificarlos, para luego incluirlos en un Inventario Nacional de Humedales que debe ser llevado adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como Autoridad de Aplicación Nacional. Este inventario, a su vez, debe estar seguido de un ordenamiento ambiental del territorio en cabeza de las distintas jurisdicciones en un proceso participativo, según ciertos parámetros que la ley debe establecer claramente (por ejemplo, la superficie, la elasticidad, la existencia de valores biológicos sobresalientes, la vinculación con otros ecosistemas y áreas protegidas, el estado de conservación y el potencial de uso sostenible). Además, para evitar abusos y acelerar los tiempos, debe regir un “período de moratoria” en el que no se autoricen nuevas actividades o la ampliación de las existentes hasta en tanto se aprueben las zonificaciones. Finalmente, se debe crear un Fondo de Compensación que sea distribuido entre las jurisdicciones que hayan aprobado su ordenamiento territorial a través de una ley provincial.

La pandemia nos invita a volver a poner estos temas en agenda y a replantearnos nuestra relación con la naturaleza. Nos interpela, nos obliga a repensar modelos y a diseñar instrumentos para consagrar un desarrollo con sustentabilidad, equidad y responsabilidad. Nos exige que evaluemos las consecuencias de nuestras actividades para poder diseñar soluciones innovadoras, muchas de las cuales provienen de la propia naturaleza. Producir sin dañar el entorno natural no solamente es posible, sino que la experiencia nos demuestra que este es el único camino para garantizar que el desarrollo de distintas regiones pueda tener previsibilidad y continuidad en el tiempo. Este nuevo paradigma de sostenibilidad justa debe ser nuestro horizonte para una verdadera y duradera recuperación económica.

 

El autor es diputado nacional y jefe de Bloque CCARI