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Caja de Jubilaciones: tras informe periodístico, fiscales abrieron una causa por irregularidades
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano abrieron el jueves pasado una causa penal tras el informe publicado en la edición papel de la Revista Análisis titulado “El otro agujero negro”, donde señala la pérdida de millones de pesos, debido a jubilaciones que se siguieron depositando durante años a personas que ya fallecieron.
Aproximadamente a las 13:15 del jueves, la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos recibió un oficio caratulado “Presuntas Irregularidades cometidas en el marco de la Caja de Jubilaciones S/Peculado”.
Según consignó el portal El Entre Ríos, “es una clara muestra de que el Ministerio Público Fiscal ha resuelto intervenir para investigar las presuntas irregularidades en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos reveladas por la edición de la Revista Análisis”.
El oficio que ingresó a la Caja implica que la Procuración ha resuelto abrir una investigación para determinar qué pasó, si efectivamente se abonó durante años a “fallecidos”, si hubo delito y, en caso de que así fuera, quién o quiénes serían los responsables.
El informe de Daniel Enz, director de la Revista Análisis, asegura que –en principio- se encontró un grupo de 80 jubilados ya fallecidos, a quienes la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le seguía abonando los haberes, mes tras mes, durante 15 años. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Se busca determinar si hubo fallas en el sistema o fueron desvíos organizados sistemáticamente, para bolsillos de unos pocos. Enz agrega que “la situación habría sido clave para el pedido de renuncia a Daniel Elías”.
La historia arrancó a mediados de mayo de este año, a escasas semanas del inicio de la cuarentena por el avance del Covid-19, pero se escondió bajo siete llaves porque se sabía que era una información sensible e impactante. En el IOSPER, detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde “alguien” cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra.
Cuando en el IOSPER miraron un poco más profundo notaron que en el padrón aparecían por lo menos 80 casos, muchos de ellos desde 2013 (aunque algunos eran de diez años antes) y que representaba para la Caja de Jubilaciones algo así como 2,5 millones de pesos por mes, que iban para gente no determinada que percibían beneficios por alrededor de 40 mil pesos mensuales. “Son algo así como 30 millones de pesos anuales que llevaba ese mecanismo”, se indicó.
La Revista Análisis se hizo eco de versiones según las cuales el gobernador Gustavo Bordet habría “estallado de bronca” cuando le llegó la documentación y le comentó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que había que disponer urgente una investigación y que desde el organismo de Andrés Pazos y Corrientes había que dar una respuesta. También fue notificado de la situación el ministro de Economía, Hugo Ballay.
Como dato de contexto, la Caja de Jubilaciones es el principal talón de Aquiles financiero de Entre Ríos, en razón de su multimillonario déficit, al punto que la resistida Ley de Emergencia Solidaria elevó aportes a jubilados que perciben más de 75 mil pesos, con el propósito de disminuir “el rojo”.