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Thursday 22 de October de 2020

Peculado y cohecho: citaron a indagatoria a Urribarri, Cardona Herreros, Smaldone y otros

Peculado y cohecho: citaron a indagatoria a Urribarri, Cardona Herreros, Smaldone y otros

09/29/2020 |Composición de imágenes de Sergio Urribarri y Diego Cardona Herreros.

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) del Expediente N° 65.623 caratulado “Urribarri Sergio D.-Cardona Herreros Diego A. S/ Negociaciones incompatibles, peculado y cohecho”, tendrá un nuevo capítulo en octubre.

 

Para ese mes fueron citados a prestar declaración como imputados el propio Urribarri (actual embajador argentino en Israel); el empresario paraguayo y amigo del ex gobernador, Diego Armando Cardona Herreros; el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales; el contador de la empresa, Guillermo Linares; y la abogada de la firma, Miriam Fessia; de acuerdo a la información confirmada al portal Análisis Digital.

* Urribarri y Cardona Herreros deberán declarar el 13 de octubre, a las 9 y 11, respectivamente.

* Un día después será el turno de Flores y Haidar, a las a las 9 y 11, en cada caso.

* El 15 de octubre deberán declarar Ulrich y Erbes; a las 9 y a las 11, respectivamente.

* El 16 será el turno de Smaldone a las 9 y de Zanabone, a las 11.

* El 19 de octubre deberán declarar Fessia, Linares y Campitelli: a las 8, 10 y 12, en ese orden.

La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la Revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, firmado por el director de la revista, Daniel Enz, se inició una causa de oficio.

Hasta el 2 de octubre los imputados deberán manifestar su voluntad de realizar las audiencias de forma presencial en la sede del Ministerio Público Fiscal o de manera remota a través de videollamada.

 

Qué se investiga

 

La investigación, que llevan adelante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, inició con datos oficiales de enero de 2007. En ese entonces, Urribarri era ministro de Gobierno de la provincia, quien a partir de una relación de amistad que había hecho con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, propuso la contratación de su empresa Relevamientos Catastrales, con sede en Capital Federal, publicó Análisis.

Los fiscales Yedro y Badano, a partir de documentación encontrada, en especial en el estudio del empresario Cardona Herreros, en Capital Federal -que fuera allanado el año pasado- determinaron marcadas desprolijidades y sobreprecios en las licitaciones, que sirvieron para pagos irregulares a los funcionarios provinciales intervinientes en contraprestación por la realización de actos públicos, como así también a los directivos intervinientes, a través de seis hechos concretos.

Los pagos irregulares incluyeron también al propio ex gobernador Sergio Urribarri, a partir de licitaciones iniciadas en 2008, es decir, a poco de asumir la primera administración del actual embajador en Israel.

 

Las maniobras

 

En la primera operación con Relevamientos Catastrales hubo 3.200.000 pesos de sobreprecio a distribuir entre funcionarios y directivos de la firma, como los casos de Jorge Zanabone, Alfonso Campitelli, Guillermo Linares y la abogada Miriam Fessia. Es decir, se destinó algo más de un millón de dólares a distribuir (en ese entonces el dólar estaba 3,17 pesos), de una operación con el Estado de 3.218.000 dólares o 10.201.060 pesos de 2008.

Los sobreprecios percibidos entre gobernador, funcionarios y directivos -según las anotaciones y documentación hallada en el estudio de Cardona Herreros- fueron cobrados entre mayo de 2008 y diciembre de 2010, se consignó en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).

 

Segundo y tercer hecho

 

En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga de la contratación de Relevamientos Catastrales, para generar otro sobreprecio, que se abonaría nuevamente a los funcionarios. Esto se logró a partir de enero de 2010, aunque se falsearon fechas, para dar por iniciado el trámite en 2009.

La suma mensual cotizada por la empresa del empresario Cardona Herreros ascendió a 285 mil pesos mensuales (casi 90 mil dólares), por ocho meses.

En el tercer hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano, se tramitó una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero, desde el 11 de agosto de 2010, con una cotización de 180.290 pesos por mes.

El Contador General de la Provincia, Aurelio Oscar Miraglio, emitió el 9 d enovie,bre de 2010, el dictamen 900, dando curso a la tramitación. Por Decreto 4.437 del Ministerio de Economía del 17 de noviembre de 2010 se concretó la adjudicación por contratación directa. Así, se estableció una ejecución en diez meses, por el monto mensual de 180.290 pesos, sobre el cual, se había acordado una sustracción equivalente a 30 mil pesos mensuales que sería abonada a los funcionarios como contraprestación por sus asistencias funcionales favorecedoras para el empresario, publicó el portal Análisis.

 

Cuarto y quinto hecho

 

El cuarto hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal se registró en 2011. Era colateral de lo iniciado en 2008, por la contratación de un servicio de soporte diario de “administración de base de datos” y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.

Los funcionarios Haidar y Ulrich elaboraron el presupuesto oficial, estimándolo en 250 mil pesos mensuales (unos 80 mil dólares de entonces), por 18 meses con opción de prórroga por parte de la Provincia por otros 18 meses más.

Es decir, en 18 meses, le iba a costar a la provincia cerca de 1.500.000 dólares. Eso contempló un sobreprecio que se convertirían en pago de sobornos a los funcionarios, por al menos 67 mil pesos mensuales, que se distribuyeron 21.135 dólares por mes entre los involucrados.

Hubo un hecho número cinco en estos negocios del empresario Cardona Herreros con el Ministerio de Economía de la provincia. Fue en una licitación en 2015, es decir, el último año de gobierno de Sergio Urribarri.

Esta vez fue la contratación de Consultoría Técnica Informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso y el presupuesto estimado fue de 400 mil pesos mensuales. La empresa Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por un decreto de Urribarri y Valiero, con su oferta de 652.800 pesos mensuales (un monto total por 12 meses de 7.833.600 pesos, sin contabilizar la opción de prórroga), en la cual se preveían aproximadamente 130 mil pesos mensuales como sobreprecios, los cuales a la postre serían distribuidos entre los funcionarios en concepto de sobornos. Lo saliente de todo esto es que Ulrich y Haidar recibían, aparte, desde la empresa, cinco mil pesos mensuales, que incluso fueron depositados en sus cuentas bancarias.

 

Último hecho

 

El sexto hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano salió de la órbita del Ministerio de Economía. Esta vez fue con el Ministerio de Trabajo, que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia Urribarri.

El favorecimiento a las empresas contratistas de Diego Armando Cardona Herreros se concretó nuevamente a través de la Licitación Pública 84/13.

Nuevamente como única oferente, la firma “Relevamientos Catastrales SA” realizó una oferta económica que ascendía a 550 mil pesos mensuales, por los 36 meses de contratación, y un monto total de 19.800.000 pesos.

De acuerdo a lo investigado, se estipuló un sobreprecio de aproximadamente 155 mil pesos mensuales, monto que era luego abonado a los funcionarios intervinientes en el trámite como contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos a favor de la firma, así como una ganancia extraordinaria para los empresarios.

 

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