El kirchnerismo avanzó en el Senado con el desplazamiento de dos juezas

Avaló el nombramiento de 26 funcionarios judiciales. Se validaron los traslados de Zunilda Niremperger y María Verónica Skanata, que  se encuentran en juzgados con competencia electoral.

 

El Senado dio acuerdo a dos de los polémicos traslados que habían sido puestos bajo la lupa por el Consejo de la Magistratura. Se trata del aval para la jueza Zunilda Niremperger, que pasó del juzgado 2 al juzgado 1 de Chaco (con competencia electoral), y el de María Verónica Skanata del juzgado de Oberá al juzgado de Posadas, en Misiones (también con injerencia para las próximas elecciones).

En la misma sesión se avaló el nombramiento de 26 fiscales, defensores y jueces de distintos puntos del país. Entre ellos aparecen dos cargos para cubrir juzgados de primera instancia en el fuero contencioso administrativo (el que revisa las decisiones de Gobierno y fue excluido de unificación en el proyecto de reforma judicial). También aparece Héctor Andrés Heim –uno de los fiscales que están hoy investigando el caso de Facundo Astudillo Castro–, que irá al Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó; y Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que se queda con el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, desplazando a Ignacio Mahiques, el fiscal que investigó a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública.

La decisión se tomó por 40 votos afirmativos, 4 negativos y 16 abstenciones. Así quedaron aprobadas las solicitudes de acuerdo para funcionarios del Poder Judicial, que deberán después ser refrendadas en un decreto presidencial.

El dato sobre la decisión del Senado no es menor. Fueron 10 los traslados puestos bajo la lupa del Consejo de la Magistratura por entender que no cumplían con las pautas fijadas por la Corte Suprema en las acordadas 4 y 7 del 2017. Tres de esos jueces convocados no fueron: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli eligieron pelear en los tribunales a través de un amparo la continuación en los cargos que venían ocupando hasta ahora (los dos primeros en la Cámara Federal y el tercero en el Tribunal Oral Federal 7, en donde está delegada la causa de los cuadernos).

Mientras Brugia, Bertuzzi y Castelli esperan ahora que la Corte Suprema les dé una respuesta sobre esos pedidos, luego de aceptar un per saltum que sorprendió al Gobierno, los otros siete jueces que sí habían ido a la audiencia para conseguir el respaldo habían quedado en ‘stand by’. Hoy, el Senado validó los pliegos de dos de esos jueces: Niremperger y Skanata. La primera había sido trasladada por el macrismo en 2017, mientras que el pase de Skanata que ahora se validó había sido firmado por Cristina Kirchner en septiembre de 2015.

En tanto, todavía falta que se sepa qué pasa con los otros cinco: Federico Villena, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Juan Manuel Iglesias y Enrique Velázquez. Esos cinco magistrados también fueron a la audiencia que se hizo el 4 de setiembre y esperaban saber qué resolverá el Senado con ellos.

La aprobación de esos dos traslados sirvió para volver el escenario en el que quedaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que, a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”, concurrieron al Senado y “agradecieron la convocatoria”, a diferencia de los tres magistrados que judicializaron la decisión de la Cámara alta.

Fernández Sagasti afirmó que el Frente de Todos está dispuesto a defender el reglamento y la Constitución “a como dé lugar” y sostuvo que la obligación de presentarse a la audiencia del Senado para el traslado es ineludible. Y destacó que el oficialismo “está trabajando a destajo” para nombrar jueces en los cargos vacantes.

En respuesta, Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos, insistió en que la ausencia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli se debió a que sus casos no necesitaban un aval de traslado en el Senado. También sostuvo que las reuniones de acuerdo de audiencia pública no estaban avaladas por vía remota, ni se cumplió con los 15 días posteriores de la publicación de edictos hasta el momento de la audiencia.