Hay tres entrerrianos en la causa que investiga el tráfico de pornografía infantil

Una investigación de la Policía Federal que comenzó en una localidad bonaerense se extendió a toda la Argentina y a otros países, pasando por tres ciudades de Entre Ríos: Paraná, Victoria y Nogoyá.

Así, se descubrió que no sólo se compartía el material pedófilo, sino también algunos de los acusados lo producían con registros de abusos a menores. En los procedimientos hubo en total 72 objetivos en 112 allanamientos, con secuestro de material que será peritado para imputar a los sospechosos, tal como informó EL ARGENTINO en su edición del lunes pasado.

Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, los patrulleros de la Fuerza Federal arribaron a los distintos domicilios. En la capital entrerriana; en una vivienda de la zona del barrio Quinto Cuartel de Victoria; y en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles 9 de Julio y Corrientes de Nogoyá, cerca del centro, según informó el diario Uno de la capital provincial.

Allí secuestraron material de interés para la causa, principalmente celulares desde los cuales los acusados se habrían conectado con los grupos de la red de mensajería, pero también elementos informáticos, desde computadoras hasta dispositivos de almacenamiento.

Los 112 allanamientos tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy.

El operativo policial articulado entre la Policía Federal y la bonaerense fue denominado “Corona Web”, y se desarrolló durante 48 horas de intenso despliegue territorial. La profunda investigación llevó varios meses y estuvo encabezada por la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia, de la fuerza federal, junto a la Fiscalía de Berazategui y el Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de Ernesto Ichazo,

La pesquisa se inició a partir del análisis de una página de internet, cuyo origen estaba en Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Desde la misma se derivó a grupos de WhatsApp, compuestos por participantes de 35 países, entre ellos, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, España y Argentina.

Desde la Federal se precisó que, en esos grupos, las y los participantes compartían mensajes y archivos de pornografía, contenidos para adultos e intercambio de contenidos gráficos relacionados con el abuso sexual de menores a través de imágenes y videos.

A través del análisis de la información recabada, pudieron reconocer a diez grupos, y a partir de ello iniciaron el rastreo a través de las empresas de telecomunicaciones, de la consulta de bases de datos institucionales, de los aportes del Registro Nacional de las Personas y de una importante actividad de detección de los perfiles de usuarios en fuentes abiertas.

De este modo, comprobaron la existencia de más de 200 números telefónicos pertenecientes a usuarios radicados en Argentina. Como resultado de los procedimientos, se identificó a una parte importante de los titulares de las 212 líneas que participaban de los grupos mediante la producción, circulación y consumo de pornografía infantil. Esas personas no fueron detenidas, pero quedaron supeditadas a la causa.