Conflicto familia Etchevehere: el juez dio un plazo hasta hoy para presentar las pruebas

Participaron por la Unidad Fiscal, Oscar Sobko (agente fiscal) y María Constanza Bessa (fiscal auxiliar interina); por la defensa técnica de los imputados Lisandro Mobilia, patrocinante de Dolores Etchevehere; y Ernesto F. Taboada, en la causa de usurpación; y Daniela Verón también patrocinante de Dolores Etchevehere, pero como auxiliar técnica la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti; y el representante legal del querellante particular Las Margaritas SA; Rubén Alberto Pagliotto.

 

Presentadas las partes, se le otorgó la palabra al fiscal, quien a continuación por pedido de la defensa técnica y de la auxiliar técnica, se hizo ingresar a la Sala de Audiencias, a la abogada Paula Soledad Casal (como auxiliar técnica de Carpinetti).

El fiscal Sobko siguió con su alocución y seguidamente tomó la palabra María Constanza Bessa; y a continuación se le concedió la palabra al abogado de Luis Miguel Erchevehere, Rubén Pagliotto.

A las 19:08, María Constanza Bessa solicitó la autorización para retirarse de la Sala; y Pagliotto continuó su alocución.

A las 19:17 se incorporó la doctora Bessa; y Pagliotto cerró su alocución; solicitando que un escribano ingrese a la Sala, se le releve del secreto profesional, a fin de exhibir documentos que consideró necesarios. Seguidamente, a las 19:39, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 19:55.

A las 20:03 se reanudó la audiencia, y se incorpora por videoconferencia, a través del sistema “Jitsi meet”, la doctora Victoria Donda, titular del INADI. Por así haberlo solicitado, se le concede la palabra a María Constanza Bessa, quien dio a conocer una denuncia recibida vía correo electrónico por la Fiscalía, y solicitó que se introduzca un audio como prueba.

Luego, el juez Flores le concedió la palabra a Victoria Donda. Y seguidamente expuso el abogado Lisandro Mobilia, que defiende los intereses de Dolores Etchevehere, quien manifestó sus argumentaciones sobre la cuestión traída a resolver; y solicitó se adjunte como prueba el expediente del juicio sucesorio.

A las 20:43 horas, la titular del INADI interrumpió la alocución de Mobilia y formuló una denuncia, manifestando que -en ese instante- estaban ingresando personas al campo amenazando de muerte a quienes estaban dentro del predio.

Seguidamente, y en virtud de lo manifestado por Victoria Donda, el fiscal Oscar Sobko, se retiró de la Sala de Audiencias. Y siguió con su alocución el abogsado Mobilia. En ese marco, se le concede la palabra al fiscal Sobko que regresó a la Sala, e informó las comunicaciones recibidas en virtud de la situación planteada por Victoria Donda, y las instrucciones impartidas al jefe de la Jefatura de Policía de la Departamental La Paz.

El abogado Mobilia cerró su alocución y luego expuso la doctora Verón. A continuación, solicitó replicar el fiscal Sobko y también el abogado Pagliotto.

Por último, hizo uso de la dúplica el abogado Mobilia y seguidamente Pagliotto tomó la palabra. Oídas las partes, atento a la complejidad del tema a decidir, a las 21:16 el juez resolvió lo siguiente: dar un plazo hasta hoy a las 12 para que las partes incorporen la prueba que han ofrecido en la audiencia, ante la Oficina de Gestión de Audiencias de La Paz, a efectos de pasar a resolver.

Respecto de la que no se ha mencionado en la audiencia, la podrán incorporar en el mismo plazo, previo conocimiento de la defensa.

 

Tensa vigilia en el campo y en la ruta

 

Nunca un conflicto familiar por plata escaló tan hondo en Entre Ríos. Y esto teniendo en cuenta el largo historial de herencias robadas entre familiares, abogados y escribanos y en algunos casos con la mirada para otro lado de la Justicia.

Ayer se reeditó este clásico entrerriano, donde familias adineradas (y con denuncias cruzadas por la corrupción y otros delitos) se instaló en la agenda pública.

Caravana de productores y grupos de choque lideradas por el ex ministro de Agroindustria de la gestión de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, intentó ayer rodear la estancia que hace tan solo una semana, su hermana -Dolores Etchevehere-, accedió tras haber enfrentado la violencia económica que sufrió de parte de sus hermanos.

Dolores es la única mujer en la familia y viene denunciando desde hace varios años una oscura trama de corrupción, evasión impositiva, crímenes ambientales, extorsión y defraudación (entre otros delitos) por parte de sus tres hermanos.

Hace poco, Dolores Etchevehere se acercó al dirigente social, Juan Grabois, quien se transformó en su abogado y encabezó una recusación de los jueces y fiscales que habían actuado en las viejas denuncias, que siempre terminaban en la nada. Finalmente, Dolores logró que la Justicia le reconozca parte del patrimonio familiar en una de las estancias de Entre Ríos y en un gesto de solidaridad inédita, donó el 40 por ciento de lo conseguido para realizar un plan agroecológico denominado “Proyecto Artigas”.

Todo esto tiene lugar en la polémica estancia El Quebracho (vinculado con la quiebra del Frigorífico Santa Elena, una de las más escandalosa en su tipo) y cuyas tierras siempre estuvieron judicializadas por denuncias cruzadas de distintos interesados.

Desde el Proyecto Artigas destacaron que, en últimos días, “hemos recibido graves amenazas que comenzaron con los hijos de Dolores y prosiguieron con el anuncio de una caravana que pretende rodear el campo”.

 

Los ruralistas

 

Desde el sector ruralista se señaló a Grabois como el iniciador de esta “usurpación” y en todo momento evitaron señalar a Dolores Etrchevehere, quien fue la mujer que ingresó al campo en cuestión con su propia llave.

No obstante, decenas de camionetas, tractores, automóviles y jinetes a caballo, llegaron ayer hasta la entrada del campo conocido como “Casa Nueva”, ubicado en la Ruta Nacional N° 12 en inmediaciones de Santa Elena (Departamento La Paz), propiedad de la familia Etchevehere, en el marco del conflicto que mantienen los hermanos por la herencia familiar.

La propiedad fue ocupada por Dolores Etchevehere, quien reclama su parte de las tierras, quien está acompañada por miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En horas del mediodía de ayer, se realizó una asamblea para decidir los pasos a seguir en espera de la audiencia ante el juez subrogante de Garantías de La Paz, Raúl Flores, quien debe resolver la denuncia realizada por Leonor Barbero Marcial (madre de los Etchevehere, y tres de sus hijos), quienes afirman que Dolores ya cobró su herencia y, en consecuencia, está ilegalmente en el predio familiar.

La denuncia está enmarcada en el Artículo 73° Inciso K del Código Procesal Penal de Entre Ríos. En esa audiencia se tratarán los derechos de las partes y es de esperar que el Ministerio Público Fiscal pida el desalojo de la propiedad. La propia Dolores Etchevehere denunció al Procurador General Jorge Amílcar García “de cajonear” todas las denuncias que viene formulando desde hace años, por su relación con su hermano Luis Miguel.

 

El conflicto y el gobierno

 

La semana pasada Dolores Etchevehere, había anunciado que donaría el 40 por ciento de su parte de la herencia de esas tierras para iniciar un proyecto productivo y Luis Miguel Etchevehere calificó la iniciativa como una usurpación.

El ministro de la Producción, Juan José Bahillo, le sacó la iniciativa a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y fue el primer funcionario del gobernador Gustavo Bordet en referirse a este conflicto.

En ese marco, pidió responsabilidad y “apego a la Ley. La defensa de la propiedad privada es un deber del Estado”, resaltó en relación a la disputa en el campo Casa Nueva.

“Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza”, afirmó Bahillo ante la pasividad de la cartera de Gobierno y Justicia.

“La defensa de la propiedad privada es un deber del Estado”, exhortó el titular de la cartera productiva y enfatizó que “este gobierno jamás va a favorecer una usurpación, sencillamente porque se trata de un acto ilegal, contrario a la Constitución”, adelantándose a lo que debe resolver el juez.

Luego que esas declaraciones se “viralizaron”, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, atinó a realizar un llamado a la reflexión y a las conductas de las partes que están en conflicto, a fin de garantizar la paz social y realizó declaraciones en defensa de las instituciones.

En un intento de tomar la iniciativa, llamó “a respetar la decisión de la Justicia que dirimirá el conflicto familiar y dirá efectivamente quién tiene derechos sobre esas tierras”. Asimismo, lamentó las “amenazas” que circularon en forma de audios, “con el argumento de defender la propiedad privada”.

“Estamos con una situación muy difícil en el Norte entrerriano, concretamente en la zona de Santa Elena en un campo donde hay una disputa que nace de una diferencia familiar. No estamos ante una situación común como las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión que una de las propietarias o herederas hace a un grupo organizado bajo una asociación que se llama Artigas. Entonces, la base que genera conflictos es esa disputa familiar que hoy desde luego trasciende en un debate sobre quién tiene derecho a estar en esa propiedad privada y quién no”, sostuvo Romero para agregar: “El juez decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra. Más tarde o más temprano la Justicia deberá determinar a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho”.

 

Dolores Etcheverhere denunció amenazas a sus hijos

 

Dolores Etchevehere (hermana de Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, hija de Leonor Barbero Marcial y Luis Félix Etchevehere), difundió un video en las últimas horas donde denunció amenazas a sus hijos, por lo cual requirió custodia policial de la Justicia Federal. La pieza comunicacional es parte de una estrategia mucho más grande, denominada Proyecto Artigas que la mujer, en asociación con Juan Grabois, lleva adelante hace varios días en el campo Casa Nueva en Santa Elena.

En el video la mujer cuestionó también al procurador de la provincia, Jorge García y dijo que su hermano, Luis Miguel, “quiere precipitar una situación de violencia para mostrar su poder, quiere torcer la voluntad del juez de Garantías y del fiscal que afirmaron que no hubo usurpación”.

“Fueron a amenazar a mis hijos y el Juzgado Federal dispuso su custodia”, aseguró y agregó que “se están tramitando todas las nulidades” y que ha “presentado toda la documentación, escrituras y expedientes sucesorios que acreditan de manera fehaciente que soy legítima propietaria de la parte que me corresponde de este campo, y de otros campos y sociedades anónimas de las que mi padre fue propietario o socio fundador. Le pido a la Justicia que no se deje humillar otra vez por mis hermanos. Le pido a la sociedad entrerriana y al país que me acompañe en estas horas difíciles”, solicitó y concluyó interpelando al gobernador Gustavo Bordet para que se sume a su convocatoria. 

 

En qué quedó la denuncia por defraudación

 

Dolores Etchevehere radicó la primera denuncia contra su familia, por el delito de defraudación, en 2011. Esa causa quedó registrada bajo el número de legajo N° 6.418, caratulada “Estafa. Denuncia de Dolores Etchevehere”. A poco de tramitarse, a pedido de la fiscal Laura Cattáneo, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, mandó al archivo la denuncia.

Dolores apeló la medida, y un tribunal de alzada revocó el archivo de la investigación. El caso fue tomado por los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra, quienes avanzaron en el análisis de las maniobras de la familia Etchevehere.

Actualmente el expediente tramita en el Juzgado de Garantías y Transición de Paraná, hoy a cargo de Carlos Ríos. Se tramita es un eufemismo por estar paralizada, porque la denuncia tiene ya nueve largos años.

Ante la consulta del portal Entre Ríos Ahora, el juez Ríos indicó que la causa todavía está en trámite y refirió que este lunes 19 remitió a la Fiscalía de La Paz algunas copias del legajo en los que se hace referencia a la Estancia Casa Nueva, ubicada cerca de Santa Elena.

A su vez, la familia Etchevehere denunció ante la Fiscalía de La Paz el delito de usurpación y reclama que se disponga el desalojo de su hija y las demás personas -más de 45- que están en el lugar. Por ello, los fiscales Oscar Sobko y María Cosntanza Bessa solicitaron documental al juzgado de Ríos y al Civil y Comercial Nº 7, donde se tramitó el sucesorio de Luis Félix Etchevehere.

Consultado sobre la causa de defraudación, el juez Ríos indicó que “se trata de una vieja denuncia de Dolores Etchevehere que tramita bajo el sistema procesal viejo. La investigación está en trámite, y hay más personas imputadas, además de la familia Etchevehere”, comentó.

“Respecto del primer hecho, hay una cuestión por un supuesto arreglo entre las partes, y ahí hay algo que tiene que ver con la cuestión de La Paz. En el segundo hecho, se denuncia un vaciamiento de la sociedad que manejaba El Diario; y la venta de inmuebles”, agregó.

Respecto de este segundo hecho denunciado, señaló que “están involucrados los directorios de las diferentes etapas de la Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER, editora de El Diario) que hicieron esos actos de venta de inmuebles”.

Mencionó que entre los imputados se encuentran todos los integrantes de la familia Etchevehere: Leonor Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián; como así también el empresario Walter Grenón, la hermana de éste; Luis Alberto Guevara y Germán Buffa, quien se encuentra imputado en una causa por corrupción junto al ex gobernador Sergio Urribarri.

Consultado si en el expediente hay material sobre los campos cerca de Santa Elena, que actualmente son motivo de conflicto, sostuvo: “Sobre los campos cerca de Santa Elena hay documental relacionada sobre el supuesto acuerdo privado. La Fiscalía de La Paz nos pidió la documental, es lo único que puedo decir”.

“En el juzgado, Dolores declaró en dos oportunidades. Fue cuando el juzgado estaba a cargo de la doctora Paola Firpo. Tenemos nueve o diez cuerpos de expediente. Desde la Fiscalía nos pidieron algunas copias por el tema de los campos, pero la mayoría de la documental está en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7, donde se tramitó el sucesorio (de Luis Félix Etchevehere)”, completó.

 

Protestas

 

“Hacemos responsables al gobierno provincial y nacional, a las fuerzas de seguridad y a los organismos judiciales de la seguridad de Dolores (Etchevehere) y los integrantes del Proyecto Artigas”. Así, el dirigente social Juan Grabois inició una serie de tweets.

En otro posteo, mostraba los vehículos que se reunían en inmediaciones a la ruta 12 para avanzar hacia la tranquera del campo, con el siguiente mensaje: “Etchevehere muestra orgulloso la infantería para-estatal de la Republiqueta del Glifosato con las que pretende sacar por la fuerza a su hermana (Dolores) y los integrantes del Proyecto Artigas. La fuerza de los débiles va a triunfar sobre la prepotencia del poder fáctico”.

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina no fueron ajenas a este conflicto. Hasta sus instalaciones, se acercaron ayer varios movimientos sociales asociados a Grabois, quien los alentó -a través de Twitter- compartiendo imágenes de las respectivas concentraciones.

“Gravísimo”, alertó el dirigente social en otro tweet. “Isabel Rodríguez Varela y Manuel Etchevehere, autoridades de la Sociedad Rural, hija y nieto del ministro de Justicia del dictador Videla, acaban de violentar el departamento y amenazar a los hijos de Dolores Etchevehere para extorsionarla”, posteando la foto de una puerta aparentemente forzada.