Etchevehere desafía a la Justicia y su hermana lo denunció por secuestro

El ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere se apersonó en la puerta del predio Casa Nueva, a pesar de las medidas restrictivas dispuestas por el juez Raúl Flores, y encadenó el ingreso a la estancia impidiendo la entrada y salida de personas o de vehículos con productos destinados a quienes están ocupando el terreno.

 

Dentro del establecimiento se encuentra su hermana, Dolores Etchevehere, junto a unas cuarenta personas, que integran el Proyecto Artigas, que denunciaron penalmente al ex funcionario por “privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada”, según publicó el portal Infobae.

En la denuncia presentada en la Justicia de La Paz, Dolores Etchevehere peticionó la detención del ex ministro y el “inmediato desalojo de los secuestradores a los fines de garantizar el ejercicio libre de mis derechos y los de las personas que me acompañan”, según dice el escrito presentado en sede judicial.

“Venimos por medio de la presente a formular denuncia penal por la comisión en concurso real e ideal de los delitos de privación ilegítima de la libertad, coacción y extorsión, ambas agravadas por condición de género y por el uso de arma de fuego, y usurpación agravada por uso de arma de fuego”, dice el escrito presentado ayer en horas del mediodía en sede judicial.

La privación ilegítima de la libertad, regulada por el Artículo 142° bis, establece una pena que va de entre 5 y 15 años de prisión efectiva para quien “sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

Además, la denunciante pidió la detención de su hermano y “el desalojo de las personas apostadas en el ingreso de la estancia Casa Nueva” ya que rige un “estado existente de amenazas de ataques físicos a mi persona y a mis acompañantes y la negativa de cumplir con lo dispuesto por la Justicia”. La mujer también solicitó la debida intervención de los organismos de género pertinentes y pidió que se le entregue el botón antipánico.

En la denuncia se aseguró que el ex ministro, “disconforme con el pronunciamiento de la Justicia” -que rechazó el pedido de desalojo realizado por la empresa familiar Las Margaritas SA- se hizo presente en el ingreso del campo y “atravesó una camioneta y encadenó la tranquera que permite el ingreso a la estancia en la que estamos viviendo”, aseveró Dolores Etchevehere.

En otro de los párrafos del escrito, la denunciante aseguró que la Justicia entrerriana “enfrenta una situación de gravedad institucional severa, con un poder económico histórico de la provincia que desafía descaradamente” a uno de los tres Poderes del Estado. Habló de “poderes fácticos que se arrogan la facultad de controlar la Policía y los territorios, y consideran que la ley no resulta de aplicación para ellos”.

Cabe recordar que desde el viernes pasado rige sobre el ex ministro, sus dos hermanos Juan Diego y Sebastián, como así también contra su madre, Leonor Barbero Marcial, una restricción de acercamiento a Dolores y a la propia estancia Casa Nueva por un plazo de 30 días. La misma se enmarca en una denuncia por presunta extorsión radicada en Comodoro Py, aunque la medida fue dispuesta por el juez subrogante de La Paz Raúl Flores, publicó Infobae.

En este contexto de tensión y reiteradas denuncias judiciales, los productores del agro convocaron a una concentración en la puerta del predio -ubicado a un kilómetro y medio del acceso a la ciudad de Santa Elena- como así también un respaldo federal en “defensa de la propiedad privada”. Hasta el momento, la convocatoria se mantiene vigente y está programada para las 17 de hoy.

 

Un gobierno desbordado

 

El conflicto de la familia Etchevehere ha desbordado al gobierno provincial, desdibujando la autoridad de los distintos Poderes del Estado.

Ayer, tímidamente la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, expresó que “las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar”, mientras la Policía no sabe si obedecer a su autoridad o a la de los hermanos Etchevehere.

“Desde un comienzo hemos situado este caso tal como lo hizo el juez, en un conflicto básicamente familiar que se pretendía presentar como una toma de tierras y que en realidad lo que hay es un fuerte debate en el seno de una familia, la madre y los hermanos contra Dolores Etchevehere; ese debate no saldado, esa puja judicial que todavía no ha terminado, es lo que motivaba y sigue motivando el conflicto”, explicó Romero a través de un comunicado enviado a EL ARGENTINO.

“La sensación que tengo es la siguiente: Si nos situamos en un Estado de Derecho y si pretendemos ser una República, tenemos que respetar las instituciones, lo que en este caso es decir la justicia. Acá hay una resolución del juez que rechaza ordenar un desalojo. Para el juez determinar un desalojo tenía que apreciar una semiplena prueba o por lo menos que surgiera la verosimilitud del derecho, no lo tuvo a su modo de entender. Lo argumentó en la resolución y la misma debe ser respetada, si bien es recurrible”, indicó.

En ese sentido la ministra Romero precisó que “el juez, en una parte de su resolución, el punto séptimo, les dice a las partes que no se trata más que de bienes materiales, que van a quedar en la tierra, los insta a ponerse de acuerdo y a dialogar, ese es el mensaje de la justicia”, señaló la ministra Romero.