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Diario El Argentinoviernes 29 de marzo de 2024
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Los bonos de la ex diputada Patricia Díaz: posee más 900 mil dólares en el exterior

Los bonos de la ex diputada Patricia Díaz: posee más 900 mil dólares en el exterior

Domingo Daniel Rossi y su esposa Patricia Teresa Díaz, cada vez más complicados por el enriquecimiento ilícito.


La situación de la actual concejal y ex diputada provincial del PJ de Santa Elena, Patricia Teresa Díaz -esposa del intendente Domingo Daniel Rossi- se ha complicado en las últimas semanas, en relación a la causa por enriquecimiento ilícito que tiene sobre sus espaldas hace ya unos años.

 

Sucede que el cruce de información entre Argentina y la República Oriental del Uruguay dejó al descubierto que la edila tiene bonos en el exterior por 906.290 dólares, además de otras cuentas en el vecino país, tal como se denunció periodísticamente en su momento, a través de la Revista Análisis.

Y cuando la llamaron desde el organismo recaudador nacional para preguntarle al respecto, tuvo que reconocer que se había olvidado de declarar tales bonos externos por semejante cifra, que a precio actual del “dólar blue” sería el equivalente a 167 millones de pesos argentinos.

El detalle al que accedió el programa de televisión Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), indica que Patricia Díaz de Rossi tiene bonos en el Republic of Brazil, adquiridos el 16 de julio de 2009; en el República Oriental del Uruguay Global, comprados el 20 de enero de 2010; en el Republic of Chile, el United Mexican States y también en el Rou Global, en estos tres últimos casos, todos ellos adquiridos el 4 de diciembre de 2014. Es decir, que siendo diputada provincial -entre 2007 y 2011, primera administración de Sergio Urribarri- compró bonos externos en dos lugares y luego amplió su inversión tres años después de finalizado su mandato, en que Domingo Daniel Rossi fue su principal asesor legislativo.

La administración de tales bonos las hizo la empresa Jenkins & Keane Limited, con sede central en el Reino Unido y creada en Inglaterra en el 2000.

A raíz de esta situación es que la Unidad de Información Financiera, dependiente del gobierno nacional (UIF) habría dispuesto abrir un expediente para investigar a la actual concejal de Santa Elena, porque al hacer el análisis de sus ingresos estaría determinando que no surgen indicios de que posea capacidad económica financiera y operativa, ni que haya desarrollado actividad comercial alguna en los últimos tres años, más allá de declarar actividades de cría de ganado bovino y venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir hasta septiembre de 2017.

Según se pudo saber, en su declaración jurada de bienes personales en 2015 y 2017 no hizo constar la existencia de bonos personales por 906.290 dólares ni los saldos de las cuentas de dos cajas de ahorro en el Uruguay, también en dólares. Por eso fue que cuando la inspeccionaron tuvo que reconocer rentas en el exterior por 163.510 dólares, otros saldos en el vecino país y recién allí blanqueó los bonos por más de 900 mil dólares.

La Revista Análisis denunció cuentas de Patricia Díaz en el Uruguay en una edición del año 2016, pero tanto ella como Rossi siempre las negaron; es decir, que adoptaron el mismo mecanismo que el ex vicegobernador concretó en 1997, cuando ese mismo medio reveló las cuentas millonarias que disponía en el país oriental, por lo cual luego fue condenado por enriquecimiento ilícito.

La negativa de Rossi y Díaz, obviamente, fue hasta que aparecieron los informes del organismo recaudador uruguayo, el año pasado, que confirmó la existencia de tales registros de cuentas en Montevideo, por más de 300 mil dólares, por lo cual la causa judicial siguió adelante y opacó los insistentes reclamos de los dirigentes, en cuanto a que todo era una campaña de desprestigio hacia ellos en base a una supuesta mentira que no fue tal, como quedó demostrado, publicó Análisis.

Pudo saberse además que, en los próximos días, la actual concejala Díaz sería citada por el fiscal Álvaro Piérola para que justifique tales inversiones en bonos externos en Uruguay, Chile, Brasil y México y luego se dispondría su indagatoria, como paso previo para la elevación a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito.

 

 

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