Familiares de internos temen incidentes en la UP N° 1 por la falta de diálogo con autoridades

El conflicto que derivó en una huelga de hambre que se inició hace días en la Unidad Penal N° 1 “Dr. Juan José O Connor” de Paraná en reclamo de rehabilitar las visitas y retomar beneficios para los internos podría escalar si las autoridades provinciales no toman medidas, advirtieron los familiares de quienes están privados de su libertad.

 

Según los familiares, la huelga de hambre se ha extendido a toda la UP N° 1, con la sola excepción de los Pabellones 6 y 19 por lo que estiman que la población penal que se incorporó a esta protesta en reclamo de la rehabilitación de las etapas de resocialización (con sus salidas socio laborales y familiares) y mejoras en las condiciones de visita que estableció el protocolo que dio a conocer el Servicio Penitenciario la semana pasada suma casi un millar.

Algunos pabellones se mantienen en este modo de protesta desde el lunes de la semana pasada. Si el tiempo sigue corriendo sin que se canalicen los reclamos, podrían registrarse episodios de mayor gravedad, entienden las familias, según consignó la agencia de noticias APF.

 

Protocolos y diferencias

 

Luego de conocerse el protocolo para que los internos retomen contacto con sus allegados, las familias hicieron llegar otra propuesta a las autoridades.

A diferencia del esquema de rotación en salones que prevé el protocolo oficial, proponen que haya burbujas por pabellón, lo que consideran mejoraría el control y seguimiento en caso de que se produzca un brote de coronavirus en los internos penitenciarios.

Entienden que, en caso de registrarse contagios, el modelo oficial que aprobó el Servicio Penitenciario en coordinación con la Justicia y el Ministerio de Salud forzaría a una nueva suspensión de las visitas, que estuvieron prohibidas desde el 20 de marzo cuando se inició el aislamiento social.

“No hay diálogo” ni con el Ministerio de Gobierno, ni con el Servicio Penitenciario (que depende de esa cartera) ni con la Justicia, sostuvieron los familiares de los internos en diálogo con APF. “Nadie se hace presente”, denunciaron.

El lunes presentaron un pronto despacho a fin de obtener una respuesta rápida sobre la propuesta que acercaron. El plazo vence hoy, pero no hubo contactos con las autoridades hasta el momento.

Esposas y madres de detenidos están molestas porque la resolución debería hacerla la doctora Cecilia Bértora, jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, quien es responsable del seguimiento de las condenas. Pero, la magistrada está en uso de licencia, según les informaron, y la decisión deberá ser tomada por un juez subrogante. “Es la cuarta licencia en lo que va del año”, protestaron.

Los familiares temieron que durante la noche se produzca un motín en la UP 1, habida cuenta de lo que ocurrió en otras jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires. A esta altura, tienen más miedo de que se produzcan incidentes dentro de la cárcel de Paraná y que incluso desde la UP 1 se extienda a otras unidades de la provincia como “efecto contagio o dominó de la protesta”.

Según indicaron, tratan siempre de mantener la calma y de no incitar a quienes están del otro lado del muro dado que en caso de una revuelta son los que llevan la peor parte. Lo mismo ocurre entre ellas: buscan a través de un grupo de WhatsApp mantener los ánimos tranquilos y contener a quienes están más exaltados.

Si el peor escenario finalmente se produce, las familias temen no solo el accionar de las Fuerzas de Seguridad, sino también las consecuencias posteriores. Por eso, para evitar que los trasladen en caso de que la protesta suba de nivel, montaron una vigilia en la puerta de la UP N° 1.