Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
Wednesday 2 de December de 2020

Crece el malestar de familiares e internos en las dos unidades penales de la ciudad

Crece el malestar de familiares e internos en las dos unidades penales de la ciudad

11/18/2020 |El lunes comenzó una protesta de los internos que dependen de la Justicia Federal que están alojados en la UP 2, y ahora se sumaron algunos internos de la UP 9.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos se encuentra jaqueado por diversos movimientos de protestas que se expresan con distinta intensidad en las diferentes unidades penales de la provincia.

 

A las quejas –no neutralizadas del todo- de la Unidad Penal N° 1 de Paraná vinculada con la visita de familiares, se le sumó la protesta de los internos de la Unidad Penal N° 2 dependientes de la Justicia Federal, que se unieron en una huelga de hambre para reclamar, entre otras demandas, que se aceleren sus causas y del mismo modo que los jueces de Ejecución de Penas sean más expeditos para conceder permisos laborales y en su caso, libertades condicionales.

Esta situación en la UP 2 se vivió desde el lunes, principalmente por los casi cien internos federales que conforman los Pabellones 11 y 12 y cuya huelga de hambre fue “levantada” provisoriamente en la última jornada.

No obstante, aún persiste el malestar en la “vieja fortaleza” porque los internos del Pabellón 2 (donde conviven “federales” con “provinciales”) aún persisten en la medida extrema de protesta. En este caso, son más de treinta los internos que se han plegado a la demanda de mayor celeridad de sus causas y de “agilización” de los beneficios por buena conducta.

Los problemas para el Servicio Penitenciario no se agotan con lo que se está viviendo en la UP 2, porque en la Unidad Penal 9 Granja El Potrero, por lo menos desde el lunes se viven situaciones de similar tenor.

En este caso, tanto el sector donde están detenidas las mujeres como el de los hombres, se unieron para exigir que las visitas familiares sean trasladadas por el Servicio Penitenciario en sus unidades móviles como era antes de la pandemia por el Covid-19. Lo que ocurre es que, si bien se establecieron protocolos preventivos en materia sanitaria, los mismos no son viables –por el momento- para el traslado de los familiares.

La situación va creciendo en su malestar a tal punto que el director general del Servicio Penitenciario de la provincia, inspector general, Marcelo Rubén Sánchez, viajó ayer desde Paraná hasta Gualeguaychú para monitorear en el terreno la situación.

Fuentes vinculadas al Servicio Penitenciario confiaron a EL ARGENTINO, que la llegada de Sánchez debería descomprimir la situación de malestar o al menos evitar que su escalada se desmadre hacia situaciones indeseadas. Muchos temen que la protesta no sólo la impulsen los internos, sino que también se plieguen extra muro los propios familiares de los presos.

 

Contexto y perspectivas

 

El 16 de marzo pasado, los cinco jueces nacionales de Ejecución Penal -los encargados del control de la pena de los condenados- resolvieron suspender las salidas transitorias de los internos que tienen esa disposición. El objetivo de la medida es que los presos que salen y vuelven a la cárcel no sean afectados por el coronavirus y ser transmisores a otros internos.

Las salidas transitorias son las que permiten a los presos estar fuera de prisión por el día. Por ejemplo, lo hacen para ir a la universidad, hacer cursos o estar con su familia. Esas salidas las reciben los que están en la etapa más avanzada de la condena y la ley las establece como un acercamiento a la libertad para cuando la recuperen definitivamente.

La decisión de suspender las salidas transitorias fue adoptada como una medida ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y los jueces entienden que esto no debe generar reclamos judiciales por parte de los que perdieron ese beneficio. El fundamento lo sintetizan del siguiente modo: “La decisión no implica un agravio, porque es una medida protectora para los internos y para toda la población que conforman una unidad penal”.

Sin embargo, nunca se descarta la posibilidad de presentaciones judiciales.

El 8 de abril, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió recomendar a los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Jueces del Fuero Penal que extremen los recaudos y den trámite preferente a los casos en que los imputados privados de su libertad se encuentren en grupos de riesgo y/o con posibilidades de acceder a beneficios o alternativas al cumplimiento de prisión en establecimiento penitenciario.

La postura del STJ confirmó el rechazo del habeas corpus que en primera instancia había dictaminado el juez de Garantías, Mauricio Mayer, conforme el procedimiento de consulta establecido en el Artículo 35° de la Ley de Procedimientos Constitucionales: un caso de habeas corpus presentado por Felipe Andrés Rueda y otros internos de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Asimismo, los integrantes del Alto Cuerpo entendieron que “lo referido en el marco de las actuaciones administrativas en el contexto de huelga de hambre llevada a cabo en el mes de marzo no puede soslayarse la preocupación de quienes se encuentran privados de su libertad, como el de la sociedad toda, ante la posibilidad de contagio de Covid-19 y máxime en el panorama de hacinamiento que actualmente se observa en las Unidades Penales”.

Además, instaron “a nuestros jueces de Ejecución de Pena a priorizar los trámites de los internos que se encuentren en condiciones de acceder a los beneficios previstos en la Ley 24.660, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la misma, pudiendo instar a los equipos técnicos de los organismos como así también a los del servicio penitenciario para dar completitud al trámite logrando así, y en los casos posibles, el egreso de quienes se encuentren en dichas condiciones o auspiciar alguna otra salida alternativa”.

Por otra parte, hicieron hincapié considerar especialmente los casos de los internos que se encuentren en grupo de riesgo a los fines de atender sus dolencias o analizar medidas alternativas a su encierro; todo ello teniendo en cuenta los problemas de superpoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios en este especial contexto sanitario.

 

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