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Opinión

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“El impuesto a la riqueza no resuelve una gestión ineficiente”

“El impuesto a la riqueza  no resuelve una  gestión ineficiente”

Argentina continúa acumulando años de déficit fiscal a pesar de tener más de 165 impuestos. Entre el 2003-2019 el gasto público se incrementó un 387% al pasar de US$36.442 millones a US$177.621 millones.


Por Ivan Cachanosky

 

En tanto, el PBI per cápita en el mismo lapso arroja un promedio de US$9.747 millones y en el 2019 ubicándose en torno a los US$8.617 millones. En este tiempo, Argentina se caracterizó por hacer siempre lo mismo: incrementar el gasto público (medido en dólares). Y el resultado no fue el adecuado ya que el PBI per cápita (también medido en dólares) no acompañó el destino alcista del gasto público. 

Ante la delicada situación fiscal de Argentina, el gobierno de turno opta una vez más por incrementar los impuestos. En esta ocasión, el debate se centra en el impuesto a las grandes fortunas. Nuevamente, el foco se encuentra lejos de una reducción creíble y sana del gasto público.

Sólo en el lapso 2003-2008 podría haberse especulado con una leve mejoría, que en realidad respondía más a un boom en el precio de los commodities que a virtudes propias. Luego, a partir del 2009, el PBI per cápita de Argentina no hizo más que estancarse. La solución para salir de la decadencia no pasa por cobrar más impuestos, sino por reducir el gasto público.

La devaluación del 2019 agravó aún más la situación generando una corrección con consecuencias sociales y macroeconómicas.

Argentina tiene impuestos más elevados que el de algunos países desarrollados pero los servicios que brinda es de un país sub-desarrollado. La caída del PBI per cápita también tiene su correlato en la pobreza que ha venido incrementando. Argentina ha optado por incrementar el gasto público y con ellos los impuestos que redundó en más pobreza.

No se trata de redistribuir la riqueza, sino de que las personas (especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad) puedan crear riqueza.

Para que esto ocurra, Argentina debe plantearse con madurez como encarar las reformas estructurales pendientes que permitan reducir tanto el gasto público como la presión tributaria que generen incentivos para proyectar.

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