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Diario El Argentinoviernes 19 de abril de 2024
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Justicia Federal: se registran 87 delitos de orden económico financiero en la provincia

Justicia Federal: se registran 87 delitos de orden económico financiero en la provincia

En julio pasado se allanaron empresas vinculadas a Juan Contreras por parte de la Justicia Federal en el marco de un expediente por maniobras económicas y financieras ilícitas.


Se registran 87 casos de delitos contra el orden económico y financiero en la provincia de Entre Ríos. En los Tribunales de la provincia no se observa transitar con frecuencia a los denominados delincuentes de guante blanco. Generalmente en las causas penales y como consecuencia en las cárceles, los actores son pobres.

 

No obstante, en los últimos años se ha observado un incipiente impulso a la persecución de los delitos que se traman más en oficinas y despachos que en la calle, sobre todo en el fuero de la Justicia Federal.

Según las cifras oficiales publicadas en el Informe de Estadísticas Criminales publicado la semana pasada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en Entre Ríos se tramitaron 87 causas por delitos contra el orden económico y financiero entre 2017 y 2019.

Se trata de aquellos ilícitos cuyas ganancias son cifras que multiplican los réditos de los robos, hurtos y estafas comunes que abundan en los expedientes, y hasta llegan a camuflarse en la economía formal. Las causas por lavado de activos son el desafío para los próximos años, según han admitido autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, consignó el diario Uno de Paraná.

Al observar el cuadro estadístico, llama la atención que, Entre Ríos, junto a Tucumán, se encuentra al tope de delitos de este tipo en la Argentina, tanto por cantidad como en la tasa que promedia según la población de cada distrito.

En 2019, en la provincia se registraron 55 causas por delitos económicos, mientras que en Tucumán se contabilizaron 67, pero ambas cuentan una tasa de cuatro hechos cada 100 mil habitantes. Sólo supera a estas dos provincias Tierra del Fuego, con una tasa de 9,5 por 16 casos, pero con muchos menos habitantes. El resto de las jurisdicciones se encuentra muy atrás de las mencionadas.

Sin embargo, no se observa que abunden los expedientes por lavado de activos u otras maniobras con la utilización de diversos instrumentos que permitan obtener beneficios en negociación de determinados valores o bienes.

Una explicación de la cifra de 55 causas es que se hayan contabilizado en 2019 los expedientes de años anteriores, cuando se observan números muy inferiores: seis en 2017 y 26 en 2018, mientras que ninguno en los años previos.

Además, quizá se pueda computar que hubo varias causas de criminalidad organizada relacionadas al narcotráfico en el fuero Federal, que atento a los movimientos económicos que ostentaron podrían incorporarse a este tipo de delitos.

 

Algunas causas

 

Cabe recordar que en Entre Ríos, la primera causa por lavado de activos estuvo relacionada a la venta de drogas, en la cual se condenó a Claudia Bernal y su séquito, fue en marzo de 2017.

Luego hubo otras en las que lentamente se fue avanzando, también vinculadas al narcotráfico como la banda de Las Tanas en Concordia, que están procesadas a la espera del juicio. Y, más recientemente, un enfermero de la misma localidad procesado por presuntamente lavar dinero proveniente del comercio de drogas y del contrabando de mercadería desde y hacia Uruguay.

Asimismo, se destaca el expediente que se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, que tiene como imputado al empresario de concesionarias de vehículos Juan Contreras por maniobras económicas y financieras ilícitas supuestamente cometidas a través de sus empresas.

A principio de julio pasado, funcionarios de Prefectura Naval Argentina fueron convocados por el Juzgado Federal de Primera Instancia a cargo del juez Hernán Viri y se les informó que debían realizar allanamientos y requisas domiciliarias en al menos siete lugares diferentes, todos vinculados por un mismo delito del orden económico.

Como es de rigor en estos casos, los miembros de la Prefectura que fueron convocados para participar del procedimiento, fueron obligados a dejar sus celulares personales apagados y en resguardo de una autoridad de la Fuerza Federal; se los instruyó sobre la causa de modo de saber qué buscar y cuando desde la Justicia se dio la orden, se dirigieron a los domicilios asignados a cada grupo.

Los operativos se sucedieron de manera simultánea en el Edificio Torres 1, ubicado en avenida Luis N. Palma y 1° de Mayo, y en otros dos locales de compra y venta de automotores, ambos sobre la avenida Urquiza al Oeste.

La criminalidad económica se mueve a un ritmo mucho más vertiginoso que el de las investigaciones y causas judiciales. Mientras en América Latina los grupos delictivos avanzan en lavar dinero mediante la adquisición de criptomonedas, en el ámbito local todavía hay inversiones (por ejemplo, las inmobiliarias) que están lejos de observaciones oficiales.

Asimismo, Entre Ríos no ha debutado aún en causas por lavado de activos. Este tipo de delitos tradicionalmente se consideran del fuero federal, pero esto no es un mandamiento: en Santa Fe, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia de esa provincia ya han avanzado contra bandas que cometen estos crímenes económicos. De este lado del Paraná, podría ser un interesante objetivo para el futuro.

 

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