La gestión de Bordet dio explicaciones por la acción de bonistas en Estados Unidos

“Comunicado de Prensa Provincia de Entre Ríos Bono ER 25”, es el título del texto que ayer por la mañana compartió el Gobierno de Entre Ríos. La referencia es ineludible a la información periodística surgida en las últimas horas del lunes, y que dio cuenta que un comité de tenedores de deuda de Entre Ríos inició un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, por el incumplimiento de pago de un cupón con vencimiento el 8 de agosto de 2020.

En 2017 Entre Ríos emitió el Bono ER 25 con un capital de 500 millones de dólares pagadero en tres amortizaciones en 2023, 2024 y 2025 y una tasa de interés pagadera semestralmente de 8,75 por ciento.

“A la fecha de emisión del Bono ER 25 las condiciones que hoy afectan al país y a la Provincia eran imposibles de prever”, advirtieron y añadieron que “una gran devaluación en 2018 fue seguida de una aguda recesión que llevaron al Gobierno anterior a recibir el rescate más grande de la historia del FMI e imponer estrictos controles cambiarios en 2019. A la crisis se sumó una pandemia sin precedentes en 2020”.

Mencionaron, luego en el mismo texto, que “Entre Ríos no tiene ingresos en moneda extranjera–tales como las regalías petroleras–, su relación entre recursos expresados en dólares y deuda en dicha moneda, sufrió una distorsión que impidió el cumplimiento de las obligaciones asumidas en las condiciones pautadas al momento de la emisión”.

Citaron, además, que “la variación del tipo de cambio fue del 191 por ciento desde la fecha de emisión del Bono ER 25 en 2017 al 2019 mientras que la variación de los recursos de solo el 92 por ciento, con una caída acumulada de ingresos expresados en dólares del 36 por ciento. A ello se suma que en 2019 con la reforma tributaria nacional se disminuyó significativamente la coparticipación a las provincias”.

 

No pudo pagar

 

“En tales circunstancias, el 8 de agosto de 2020 la Provincia se vio imposibilitada de hacer frente a un cupón de deuda de Bono ER 25”, admitieron desde la gestión que encabeza el contador Gustavo Bordet.

En el comunicado se dio cuenta que se inició un proceso de reestructuración de la deuda a instancias de la Provincia para lograr su sustentabilidad, “mediante un diálogo constructivo y de buena fe con sus principales acreedores. Dicha negociación necesariamente debe contemplar que la Provincia pueda cumplir con sus funciones esenciales y prioritarias en medio de esta crisis”.

Indicaron que, una proyección a mediano plazo, “muestra una prolongación indefinida de la pandemia y sus consecuencias, que afectará aún más la actividad productiva, reducirá los ingresos fiscales y obligará a aumentar gastos en salud, asistencia social y seguridad”.

“Es importante destacar que si bien la proyección presupuestaria para el ejercicio 2021 contempla el pago de los cupones del Bono ER 25 y arroja un superávit en el resultado primario, el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores, como también es conocido que el proyecto de ley de presupuesto se elabora varios meses antes de finalizar el período con lo cual se hice imposible mensurar consecuencias y extensión de circunstancias atípicas”, describieron después.

“La Provincia lamenta que los inversores hayan designado a una firma de abogados de Nueva York como su interlocutor en lugar de un asesor financiero como es práctica de mercado, lo que hubiera facilitado el análisis de las cuentas públicas provinciales entre especialistas en economía y finanzas y no en litigios”, destacó el gobierno.

“También lamenta que en cada ocasión que han tenido oportunidad desde el comienzo de este diálogo, han optado por amenazar a la Provincia y sus funcionarios con el inicio de acciones legales si no se aceptan sus inflexibles imposiciones. Ello pese a que la Provincia ha evidenciado su buena fe en las negociaciones desde el comienzo del proceso, incluso mejorando sus propuestas en tres oportunidades, sin tener un correlato similar de parte de sus acreedores”, advirtió.

“Dichas propuestas, han sido debidamente publicadas en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, al vencer los distintos acuerdos de confidencialidad firmados conforme lo establecido en estos últimos”, informó.

“El 4 de enero de 2021, tomamos conocimiento por los medios de prensa del supuesto inicio de una demanda por parte de un grupo de acreedores, tenedores del 54 por ciento del total de la deuda emitida, que tiene por objeto el cobro de los intereses vencidos, por un monto cercano a los 12 millones de dólares. Esto confirma que la intención de dichos inversores fue siempre de litigar si la Provincia no se rendía a sus amenazas y requerimientos inflexibles en un brevísimo lapso de tiempo. En caso de ser notificada de tal demanda la Provincia ejercerá la defensa en juicio de los intereses de su pueblo hasta las últimas instancias en los fueros que corresponda, sostuvo.

 

Para Benedetti Entre

Ríos está en default

 

Por su parte, el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) sostuvo que “la desidia del gobernador llevó a un grupo de bonistas a los Tribunales de Nueva York para poder cobrar la deuda que la Provincia no pagó”. Advirtió las “consecuencias negativas” que esto traerá para Entre Ríos.

“La inacción es la característica distintiva de la gestión de Bordet y este rasgo está empezando a sentirse y a hacer daño. El gobernador no tiene palabra ni para los entrerrianos ni para los de afuera”, sostuvo.

Para Benedetti, “el hecho de haber permitido que un reclamo de intereses de deuda se consolide y termine en los Tribunales de Nueva York es una muy mala noticia para Entre Ríos porque marca que hay una incompetencia grave en el manejo de los compromisos y que estamos ante un gobierno provincial que no tiene palabra ni para los entrerrianos ni para los de afuera”, enfatizó.

“Su pasividad ante este problema generó que el reclamo termine en los Tribunales de Nueva York y esto pone en riesgo el acceso a financiamientos futuros y constituye un obstáculo para el desarrollo de la provincia”, aseveró el diputado radical.

Y continuó: “Está más que claro que la grave situación a la que el gobernador está sometiendo a la provincia va a afectar el perfil crediticio de Entre Ríos y condicionará su acceso al crédito, lo cual impactará negativamente en su desarrollo y capacidad de crecimiento”.

A su vez, “la judicialización de la deuda generará altísimos costos en concepto de honorarios, que necesariamente deberán ser asumidos por la provincia”, advirtió Benedetti, quien señaló que a esto hay que sumarle “los cargos moratorios y costas que un reclamo de estas características tiene en esa jurisdicción”. Para dar un ejemplo, recordó que los abogados seniors que intervinieron por Argentina ante el juez Thomas Griesa cobraban mil dólares la hora.

“El panorama es oscuro y da cuenta de la ineficacia de la gestión de Bordet, que tomó deuda para seguir administrando pobreza y encima ahora no la paga”, cuestionó, al tiempo que afirmó que “este problema, que muchos verán lejano y complejo, caerá sobre las espaldas de cada uno de los entrerrianos y entrerrianas”.

Por último, el diputado nacional aseveró: “Espero que esta vez Bordet se haga cargo de sus errores y no vuelva a caer en la manía de echarle la culpa al gobierno de Mauricio Macri de esta situación, ya que él mismo fue quien contrajo esta deuda en dólares y no cumplió con los compromisos de pagos de intereses correspondientes”.