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Causa corrupción del Plan Argentina Trabaja: dos funcionarios entrerrianos, cerca de ir a juicio
Dos funcionarios de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) están al borde del juicio por delitos contra la Administración Pública. La causa se originó a partir de contrataciones que fueron reprochadas como irregulares durante 2016 para el Plan Argentina Trabaja. Según la Fiscalía, el perjuicio al Estado fue de alrededor de 1.603.046,89 pesos.
Luciano Exequiel González, coordinador general de UEP; y Silvio Lozano, coordinador Administrativo, son los acusados por la Fiscalía de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado, peculado, y falsificación ideológica de documento privado.
El 23 de diciembre pasado se realizó una audiencia ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, a quien el fiscal de la causa, Gonzalo Badano, le solicitó enviar las actuaciones a juicio.
Por su parte, las defensas de los acusados se opusieron argumentando que la Justicia provincial no tiene competencia para tratar el caso porque hay involucrados fondos nacionales. Los abogados Juan Antonio Méndez, Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy defienden al imputado Lozano; y los letrados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen son los defensores de González, publicó Análisis.
La causa se inició por la denuncia del diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos), tras la publicación de la Revista Análisis en mayo de 2017. Está caratulada «Lozano, Silvio-González, Luciano-Caíno, Guillermo-Plewinski, Rubén-Dolhat, Diego s/Defraudación a la administración pública-Peculado-Falsificación de documentos».
En la audiencia, el fiscal Badano enumeró cuatro contrataciones irregulares en las que habrían participado Lozano y González. “Luciano González, coordinador general, y Silvio Lozano, como coordinador administrativo de la Unidad Ejecutora Provincial del programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja sortearon la aplicación del procedimiento de licitación pública aplicable al caso según la Ley Nº 5.140, en contra de las pautas fijadas por el decreto Nº 795/96 y sus modificaciones y límites fijados por la ley Nº 10.262 y decreto de actualización 3368/15 MH”, precisó en la acusación, publicó Entre Ríos Ahora.
En ese sentido, explicó que “a través del fraccionamiento de la compra de calzados de trabajo, camisas y pantalones correspondientes al programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja” direccionaron contrataciones a personas que no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores del Estados “a quienes se les generó un lucro indebido al abonar sobreprecios y al habilitar los pagos con anterioridad a la recepción de la mercadería, apartando dicho dinero del control estatal. De este modo se ocasionó un perjuicio a la Administración Pública aproximado de 1.603.046,89 pesos”.
Tras ello enumeró las diferentes contrataciones sobre las cuales se puso la lupa. En primer lugar, mencionó que “el 26 de agosto de 2016 los funcionarios aprobaron y adjudicaron a la Ferretería Ariel, de Rubén Marcelo Plewinski, la adquisición de 1.500 pares de calzado de protección por el monto de $1.449.990, mediante la suscripción de la resolución Nº 055, de fecha 28 de septiembre de 2016”.
Asimismo, señaló que, con el fin de anticipar indebidamente los cobros, González suscribió con Plewinski el remito con Ferretería Ariel el 3 de octubre “acreditando falsamente haber recepcionado la mercadería contratada, lo cual obligó al Estado provincial a efectuar el pago, el cual se concretó el 25 de octubre de 2016. Recepcionándose la mercadería el día 2 de noviembre” Sobre esta contratación dijo que se ocasionó un perjuicio al erario público de aproximadamente $533.910, 25.
Segunda contratación
La segunda contratación cuestionada también se inició el 26 de agosto de 2016, y fue a favor de Las Nazarenas SA, de Guillermo Caíno. Entonces se compraron 1.500 camisas y 1.500 pantalones por el monto de $1.228.500. Ello quedó registrado bajo la resolución Nº 57 del 3 de octubre de ese año.
Señaló que una vez más se anticiparon los pagos acreditando falsamente haber recibido la mercadería contratada. El pago se efectuó el 14 de octubre y los elementos recién fueron recibidos por el Estado el 9 y 10 de noviembre. Precisó que aquí se calculó un perjuicio en torno a los $407.666,46.
Tercera contratación
La tercera contratación reprochada se inició el 14 de septiembre de 2016, cuando los acusados aprobaron y adjudicaron a la empresa DolMat, de Concordia, de Diego Federico Dolhat, la adquisición de 1.416 pares de calzados de protección por $1.350.864. La contratación quedó registrada en la resolución Nº 60 del 13 de octubre de ese año.
Al igual que en las otras ocasiones, indicó que el 18 de octubre, González aparece firmando un remito en el que se acredita falsamente haber recibido la mercadería. El Estado depositó el dinero el 2 de noviembre y la mercadería comprada fue recibida en dos tandas: una el 30 de enero de 2017 y otra el 14 de febrero. Además, hubo otra particularidad: los elementos no fueron alcanzado al Estado, sino que tuvieron que ser retirados en el domicilio del proveedor por personal del plan Argentina Trabaja. Aquí se estimó un perjuicio de $ 272.070,24.
Cuarta contratación
La cuarta irregularidad detectada fue afines de septiembre de 2016, cuando habrían falsificado la firma del empresario Juan Enrique Díaz, titular de la firma Todo Hierro. En este caso, el fiscal indicó que los acusados presentaron un falso presupuesto “con detalles de los productos a cotizar” pero con “firma estampada que no se corresponde al patrimonio escritural de Díaz, simulando una cotización de productos con precios mayor a la firma adjudicataria”.
De este modo, el fiscal señaló que adjudicaron a DolMat la adquisición de indumentaria de trabajo: 1.416 camisas y 1.416 pantalones por el monto de $1.081.824. La contratación se registró bajo la resolución Nº 61 del 13 de octubre de 2016.
El 18 de octubre se acreditó con la firma de un remito que la vestimenta fue recibida y el Estado pagó el 2 de noviembre. En realidad, dijo el fiscal, la mercadería recién llegó a manos del Estado el 16 de diciembre y el 14 de marzo. Como en otra oportunidad, personal del programa Argentina Trabaja tuvo que retirar los elementos en el domicilio del proveedor. El perjuicio calculado en este caso fue de $389.400.
Tras la lectura de la acusación, los abogados defensores solicitaron a la jueza Barbagelata que rechace la elevación a juicio y que se entienda que el caso no es de competencia provincial, sino de la Justicia Federal puesto que están involucrados fondos nacionales.
El abogado José Candelario Pérez, defensor de Lozano, dijo que “en el mismo legajo que hace Fiscalía existe la documentación que acredita que esos fondos nunca pasaron a la Provincia. Solamente la provincia tuvo el rol de ejecutor y administrador de esos fondos”.
“De tal manera que este Programa Argentina Trabaja, el subsidio u aporte que hace el Ministerio de Desarrollo lo hace a través de un convenio en el cual establecen las reglamentaciones y conductas que tiene cada parte y en ninguna de las disposiciones acordadas establece que esos fondos pasen a la provincia”, agregó.
Antes de finalizar la audiencia, el fiscal Badano aseguró lo contrario: que los fondos fueron transferidos a una cuenta del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia en el Banco de Entre Ríos y pidió que se rechace la pretensión de la defensa sobre la incompetencia de la Justicia provincial.
Tras oír a las partes, la jueza Barbagelata dispuso un cuarto intermedio para definir si eleva la causa a juicio o hace lugar al planteo de los defensores.