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La energía K, en tiempos electorales
Guillermo Nielsen expresidente de YPF.
Al igual que sus tres predecesores kirchneristas, el actual Gobierno ostenta una manifiesta preferencia por los congelamientos tarifarios y por la intervención en los precios de los productos desregulados, manteniéndose fiel a sus preceptos populistas e intervencionistas.
Por Emilio Apud
El Gobierno del Frente de Todos se aferra a medidas transitorias porque le proveen de un confort político ficticio y circunstancial y se ilusiona con que puedan mejorar su performance electoral. Esa transitoriedad tiene un plazo, octubre 2021, en el que “todo vale “.
Claro que con prescindencia de las graves consecuencias que le producirá al país el día después, gane o pierda las elecciones de medio término.
El manejo discrecional de las tarifas y los precios energéticos guarda una analogía interesante con el utilizado por la actual administración en el sistema sanitario ante la pandemia COVID 19; es interminable, empeora los servicios, causa estragos a la economía y por ende, a la calidad de vida de la población
El desplazamiento de Guillermo Nielsen de la presidencia “virtual “de YPF, hubiese resultado ocioso de no mediar la intención del Gobierno de sumar la compañía al plan electoral, transformándola en un ente regulador de facto del precio de los combustibles, en un promotor de beneficios provinciales y en un difusor de propaganda gubernamental.
Ahora, otra vez el Gobierno se aferra al cortoplacismo, le interesa el hoy, el ir tirando y luego veremos, cuando ese “luego” es inminente por más que haga lo imposible para que no ocurra antes de octubre.
Aunque las consecuencias son harto conocidas después de la frustrante experiencia energética de doce años de kirchnerismo aplicando similar política, buena parte de la ciudadanía parecería haberlas olvidado luego de las mejoras introducidas por el gobierno de Cambiemos.
El sacrificio que significó a la sociedad el inevitable sinceramiento tarifario aplicado por la anterior administración y el inmenso costo político que pagó, fueron en vano. La mejora sustancial de los servicios, la reducción del déficit fiscal de 4 puntos del PBI a 1,5 producida por la baja de los subsidios energéticos, el equilibrio en las cuentas del comercio exterior, la mejora ambiental introducida por el uso eficiente del consumo ante las señales de precio de tarifas económicas y las ingentes inversiones en energías renovables, retornan aceleradamente a los valores paupérrimos de finales de 2015.
La gente había comenzado a tomar conciencia de lo que cuesta producir energía y estaba aceptando pagar su costo como en cualquier país del mundo y no hacerlo compulsivamente vía subsidio por la que no usa.
Hasta 2002 no había subsidio a la energía, no faltaba luz, y se exportaba gas. Las tarifas eran las más bajas de la región y fluían las inversiones privadas al sector. El Estado intervenía en el segmento de los servicios regulados de gas y electricidad mediante los Entes Reguladores, y se concentraba en recaudar impuestos estables respetando las leyes que rigen al sector, generando así un clima propicio para la inversión privada.
A su vez, el segmento no regulado, es decir con precios libres, como la producción de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, se manejaba bajo las reglas de mercado dentro del marco legal vigente y de valores de referencia internacional.