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Caso Gisela: “Al Estado le conviene reabrir el caso y evitar un juicio”
El abogado Martín Jáuregui se sumó a la representación de la familia de Gisela López, la joven asesinada en Santa Elena en abril de 2016 y cuyo caso sigue impune. Actualmente, la familia López, el Ministerio Público Fiscal y organizaciones civiles esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la causa y falle a favor de que se realice un nuevo juicio.
“Al Estado le conviene reabrir la causa y evitar un juicio”, dijo el abogado con experiencia en demandas contra el Estado por negligencia. Por citar un caso, en 2017 el letrado le ganó una demanda al Estado al representar a la familia de Víctor Andrés Rueda, un joven de 18 años, albañil y trabajador de la cosecha de arándanos de Concordia que fue asesinado el 26 de septiembre de 2014, por Carlos Buzzato e Ismael Ramat.
Buzzato estaba siendo buscado por las Fuerzas de Seguridad, ya que estaba prófugo de la Unidad Penal Nº 3 de Concordia. El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Carlos Rossi, le había otorgado las salidas transitorias en la modalidad socio familiar, es decir, que luego de realizar sus tareas debía volver al penal.
El fin de semana, Gabriel López (hermano de Gisela), informó a través de las redes sociales que recurrieron al abogado Jáuregui y su equipo “a los fines de que estudien el caso de Gisela López, nos den un diagnóstico y, si se puede, nos abran más posibilidades de las que lamentablemente visualizamos hasta este momento”.
En diálogo con el portal Entre Ríos Ahora, Jáuregui confirmó que comenzó a analizar las diferentes resoluciones del caso y se apoyó en el voto de uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el 20 de marzo de 2019, al confirmar las absoluciones, manifestó que fue deficiente la Investigación Penal Preparatoria de la Fiscalía y cuestionó el fallo de la Casación Penal de Paraná, que por mayoría revocó el fallo de primera instancia y abrió la posibilidad de un nuevo juicio.
Al respecto, Jáuregui sostuvo: “Estoy analizando los diferentes pronunciamientos y me hizo mucho ruido el voto del vocal Miguel Ángel Giorgio en el último pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia. Allí analiza la intervención del Ministerio Público Fiscal y entiende claramente la negligencia de la Investigación Penal Preparatoria. Dice que la Fiscalía no tienen certeza del lugar del hecho y que la deficiencia probatoria quedó corroborada en el fallo de primera instancia. Además, critica el recurso de casación y el fallo de Casación Penal”.
En esa línea, el letrado puso énfasis en el rol de la Fiscalía: “Acá la responsabilidad es de la Fiscalía. Lo más grave del caso es que desde Fiscalía le habrían manifestado a la familia López que no soliciten querella porque ellos eran autosuficientes. Ahora, en la instancia en que está la causa no se puede nombrar un querellante. El plazo para hacerlo es del auto de apertura hasta el auto de elevación a juicio”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
En ese marco, explicó que su rol en el expediente estará enfocado a dos posibles alternativas: la reapertura de una nueva investigación y una demanda por responsabilidad del Estado, por presunta negligencia en la etapa investigativa.