Migraciones: finalmente se reencontró la familia de Pueblo General Belgrano

En septiembre pasado debió viajar de urgencia hasta Montevideo para acompañar a sus seres queridos a raíz del fallecimiento de un familiar.

 

Cuando intentó regresar a su hogar, Migraciones en el puente internacional General San Martín se lo impidió y le exigió que presente el estudio PCR negativo y un seguro de Covid-19. Desde entonces, se encontraban varadas en el vecino país, hasta que el miércoles pudieron reencontrarse con su familia que había quedado en Pueblo General Belgrano.

Esta historia fue seguida de cerca por el ex juez Eduardo García Jurado, quien explicó a EL ARGENTINO que se trata de una familia humilde y que carece de los recursos para afrontar los 30 mil pesos que se requieren para cumplir con los requisitos que exigen las autoridades de Migraciones en Argentina, tal como se publicó en la edición del 18 de diciembre pasado.

Conocedor de las formalidades legales que deben ser satisfechas, García Jurado reconoció que esta señora no tenía la residencia provisoria otorgada, aunque inició ese trámite en marzo pasado, antes de la pandemia por el coronavirus.

“El expediente está paralizado por el contexto de la pandemia que vivimos en el país. Pero, del mismo modo hay que tener presente que su hija –que tiene 10 años- está matriculada en la escuela de Pueblo General Belgrano, y ni aun con esa constancia el Consulado argentino en Montevideo ni el de Fray Bentos se han conmovido”, denunció en su momento García Jurado, quien también indicó que su esposo y padre de la niña, se encuentra en Pueblo General Belgrano esperando la llegada de sus seres queridos.

 

Presentación formal

 

En ese contexto, García Jurado confío a EL ARGENTINO que el 16 de diciembre presentó un escrito ante el juez Federal de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Hernán Viri y ante la fiscal Federal Josefina Minatta y el defensor oficial Iván Gueler.

En el escrito, además de sus datos personales (como es de estilo), García Jurado funda la presentación por razones humanitarias.

De esa forma solicita la “inmediata intervención” de la Justicia Federal para que la niña y su madre “sean autorizados a regresar en forma urgente a nuestro país”, provenientes de la República Oriental del Uruguay.

Acto seguido, adjunta una serie de documentación como la exposición policial realizada por el padre y pareja conviviente de ambas personas, además de la certificación de la directora del Centro de Atención Primaria de la Salud de Pueblo General Belgrano, doctora Andrea Frutos.

“Razones de equidad, basados en principios y valores irrenunciables, enunciados en normativa nacional y universal, imponen a la justicia competente hacer cesar de inmediato la afectación de Derechos Humanos que causan la aplicación fría e injusta de las disposiciones migratorias argentinas”, resaltó García Jurado en su presentación.

“No existe otro medio casi expeditivo para hacer cesar el perjuicio a la unión familiar, la educación (la niña asiste a la Escuela de Educación primaria “Infantería de Marina” de Pueblo General Belgrano) y la salud psíquica de la niña y su familia”, advirtió.

“Como reza la exposición policial, ambos afectados iniciaron trámite en el sistema RADEX, en marzo de 2020. Por razones de pandemia, el trámite se encuentra paralizado, y ahora su regreso al hogar se ve impedida por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, al exigir tres requisitos insuperables para quienes son asistidos alimentariamente por acción social de Pueblo General Belgrano, en donde viven y residen”, contextualizó en el amparo presentado al Juzgado Federal.

Así, peticionó que se “ordene a la Dirección Nacional de Migraciones la inmediata autorización de ingreso –sin los tres requisitos de imposible e innecesario cumplimiento, de la menor y de su madre, ambas de nacionalidad uruguaya”.

Por último, García Jurado se mostró esperanzado al entender que las razones humanitarias deben prevalecer para una familia que tiene derechos vulnerados y una situación social apremiante. En ese marco, también reflexionó que no hay mejor política de migración que el de fortalecer los lazos familiares y el Estado debería ser el primer interesado en colaborar con el reagrupamiento familiar.

 

El reencuentro

 

Al dar a conocer el final feliz por el reencuentro familiar, García Jurado agradeció “a todos los medios de comunicación de Gualeguaychú, quienes pusieron en la agenda pública la problemática de una madre e hija menor de edad, que viven en Pueblo General Belgrano junto al padre de familia, todos uruguayos residentes en nuestro país”.

Luego de recordar el motivo del viaje que debieron realizar en septiembre pasado, contextualizó que “por la pandemia no pudieron regresar, al no poder pagar cien dólares cada una para el testeo –PCR-. Cuando pudieron recolectar solidariamente la suma aludida, quedaron atrapados por cierre de fronteras terrestres”.

“Ambas personas habían iniciado el trámite de residencia provisoria ante Migraciones de nuestro país, en el mes de marzo, quedando suspendido por la pandemia, circunstancia que también trababa el regreso”, contextualizó.

“Luego de diversos trámites y presentaciones, ante los Consulados de ambos países, en Gualeguaychú y Fray Bentos, más la presentación ante la directora Nacional de Migraciones de argentina, para implorar la excepción por razones humanitarias, en base a la violación a los derechos humanos de unión familiar y educación de la menor (que asiste a la primaria en Pueblo General Belgrano), logramos resolución favorable”, celebró García Jurado.

“Con ambos PCR en Montevideo, ayer (por el miércoles) viajaron y pude trasladarlos desde el Puente San Martín, a las 14:30, hasta el domicilio familiar”, en donde se concretó “la feliz reunificación familiar de nuestros hermanos uruguayos”, describió García Jurado y agradeció a quienes intervinieron para este logro.

“La experiencia demuestra que, ante casos especiales y debidamente documentados, el sistema administrativo de contralor debería aceitar las vías tendientes a una flexibilización, que facilite a instancias inferiores la posibilidad de decisión responsable. Ya que en estos casos se debió esperar una resolución de máximo nivel nacional, con las dificultades, tiempos, esfuerzos y derechos afectados, los que podrían superarse de la manera indicada”, reflexionó García Jurado.