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Sunday 18 de April de 2021

Oficial de Policía comenzó a ser juzgado por explotación sexual de su esposa

Oficial de Policía comenzó a ser juzgado  por explotación sexual de su esposa

03/17/2021 |Un llamado a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata fue el principio del fin del infierno que vivió durante una década una mujer de Santa Elena

(Departamento La Paz); y también para su esposo Ángel Gerardo García, quien la sometió a la explotación sexual y a todo tipo de violencias.

Fue el 10 de abril de 2019 y pocos días después la víctima fue rescatada y el oficial de la Policía de Entre Ríos, detenido y encarcelado. El lunes 15 de  marzo comenzó a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal de Paraná por el delito de trata. El juez es el doctor Roberto López Arango, quien integra en forma unipersonal el Tribunal; en tanto que el fiscal general es José Ignacio Candioti y tiene a su cargo la acusación, y el abogado Manuel Valle defiende a García.

La víctima declaró con una psicóloga y ofreció un testimonio estremecedor donde ratificó todo lo sufrido a lo largo de su relación con García. También dieron sus testimonios la hermana y la madre de la mujer, quienes comprometieron al acusado.

En aquella denuncia telefónica, la mujer contó que su hermana le envió mensajes de texto donde le hacía saber sus padecimientos y la explotación a la que era sometida por su marido. Y pedía ayuda.

La imputación de la Fiscalía federal contra García es que entre 2009, sin poder precisar la fecha exacta, y el 10 de abril de 2019, ofreció en reiteradas ocasiones a su pareja con fines de explotación sexual, aprovechándose para ello de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, por necesidades económicas, carencia de empleo u oficio, la circunstancia de estar a cargo del cuidado de sus hijos y con una escasa instrucción. Asimismo, se valió de haber sido pareja, posteriormente esposo de la víctima y de su calidad de funcionario policial. Es más, ayer la víctima declaró que García la prostituía con otros policías que eran compañeros suyos, consignó el diario Uno de Paraná.

En la investigación desarrollada en el Juzgado Federal de la capital provincial, se estableció que la mujer fue trasladada en diferentes y reiteradas ocasiones para que mantuviera relaciones sexuales con diferentes hombres, intimidándola mediante el ejercicio de la violencia y las amenazas reiteradas hacia ella y sus hijos para obligarla a prostituirse, tales como que en caso de no hacerlo sus hijos no tendrían para comer o mostraría videos en los que ella aparecía manteniendo relaciones sexuales con hombres.

En su testimonio, la víctima dijo que poco después de comenzar la relación con García, en 2009, tuvieron inconvenientes económicos y el hombre le dijo que la llevaría con un amigo que le iba a pagar para que mantuviera relaciones sexuales con ella. El victimario la llevó a una choza donde había tres pescadores, donde fue sometida por algunos de ellos. Ella le dijo a García que no quería hacer eso nunca más. Se mudaron a La Paz porque allí lo trasladaron al oficial de Policía.

En 2011 volvió a forzarla para explotarla con hombres. En una ocasión la llevó a la localidad de Esquina (Corrientes) donde iba a estar con un hombre que pagaría 1.000 pesos además del alquiler de la cabaña. García nunca la dejaba sola y ella jamás tuvo acceso al dinero. Cada vez que planteaba que no quería seguir siendo explotada sexualmente “era una guerra”, según describió la mujer, y sufría amenazas.

En 2015 el hombre la trasladó bajo amenazas de muerte a Goya (Corrientes). La llevó a un pool y le dio para beber un trago dulce con alcohol, que le hizo perder el conocimiento. Una semana más tarde la mujer se enteró de lo que había ocurrido porque García le exhibió un video que había filmado, en el que la mujer mantenía sexuales con un hombre mientras ella lloraba.

“Las situaciones de explotación sexual sucedieron en numerosas ocasiones”, sostiene la imputación fiscal, y detalla que una de ellas ocurrió en el Parque Urquiza de Paraná, donde el cliente prostituyente le pegó con un cinturón porque ella no hacía lo que pretendía, lo que motivó que García lo amenace con su arma. También sucedió en una vivienda de la capital provincial donde clandestinamente se jugaba a las cartas y estaba a cargo de un tal Juan. También se detallan viajes por Concordia, Villaguay y Rosario del Tala.

“García no le permitía salir sola, las compras las hacían sus hijos, nunca fue a buscarlos a la escuela ni participó de ninguna reunión de padres. García se enteraba cuando iba al Centro de Salud cerca de la casa, no tenía acceso a dinero ni a DNI”, se fundamentó en la acusación.

Asimismo, una prueba fundamental que será expuesta en testimonios en el juicio es el informe de la Dirección General de Asistencia a la Víctima de la provincia, que tuvo a su cargo la contención y las entrevistas a la mujer. Concluyeron que su relato fue coherente, con detalles de todas las violencias padecidas (física, sexual, psicológica, económica y de explotación sexual). Afirmaron que la mayor preocupación de la víctima era la manutención de sus hijos y subrayaron que el grado de sometimiento al que se encontraba expuesta la víctima implicaba una situación de alto riesgo.

También fue muy importante la declaración de la hermana de la víctima y denunciante en esta causa, quien en su momento había dicho que solo podía verla dos veces al año, con García al lado. Si él salía a fumar, ellas tenían que salir. Si él iba al baño, en la planta alta, ella tenía que acompañarlo. No salía sola nunca, la única vez que lo hizo fue al dispensario y a los 10 minutos él llegó rompiéndole la puerta del consultorio.

Esta circunstancia fue acreditada por el testimonio de la médica, quien dijo que a la víctima se la veía con la autoestima muy baja, que el marido no la dejaba, era muy controlador. “Teníamos que dejar de hablar. Decía que quería ver lo que le hacía. En 20 años nunca vi una situación así”, afirmó la ginecóloga, quien está citad a declarar en el juicio.

Para la acusación en este caso se comprobó la violencia simbólica (las características del vínculo muestran el poder que García impartía hacia los integrantes de la familia, en especial hacia ella, dejándola en un lugar subordinado); psicológica: (la víctima no podía disponer en de nada que no fuera decidido por su marido ni salir si no era en su compañía); económica y patrimonial (García manejaba todo, obligándola a una dependencia absoluta); y sexual (era obligada no se podía negar a mantener relaciones sexuales con él).

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