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Policiales

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“Contratos truchos”: la pericia del desfalco indica que fueron poco más de mil millones de pesos

“Contratos truchos”: la pericia del desfalco indica que fueron poco más de mil millones de pesos

Los peritos contables concluyeron el informe por la cual comprueban los contratos apócrifos de la Legislatura, entre el período 2008 y 2018.


Luego de más de año de trabajo, finalmente los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre 2008 y 2018.

 

El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido en 1.111.871.715 pesos, a valores de marzo último.

La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.

La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura en casi dos mil millones de pesos. Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de los imputados en la investigación, quienes pidieron una pericia contable independiente a cargo de un perito que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Fue así que, a fines de 2019, para esa tarea fue nombrada la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, designada por el vocal de esa Sala, Martín Carbonell. La tarea comenzó a finales de ese año y continuó durante la pandemia de 2020.

Según supo el portal Entre Ríos Ahora, finalmente el trabajo llegó a su fin, ya que la contadora Battisti, en forma conjunta con el perito de parte, el contador Cristián Dumé, presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados.

El documento cuenta con un extenso detalle –de más de 250 páginas-, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, identidad de cada beneficiario.

En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.

Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a 372.924.249 pesos. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.

En el informe contable se calculó que en el Senado se realizaron contratos por una suma total de 208.940.739 pesos; y en Diputados por 163.983.510 pesos.

A dichos montos se le realizó “la suma de intereses conforme la tasa Activa del Banco de la Nación Argentina al 31 de marzo de 2021, como así también se procedió a la conversión en dólares de los valores históricos a la cotización oficial tipo vendedor del dólar estadounidense correspondiente a cada mes publicada por el Banco de la Nación Argentina”.

Los montos quedaron determinados del siguiente modo:

* Senado: 653.105.009,36 pesos. Equivalentes a 25.841.916,88 dólares.

* Diputados: 458.766.706,68 pesos. Equivalentes a 12.955.628,17 dólares.

* Total: 1.111.871.715 pesos. Equivalentes a 12.955.628,17 dólares.

 

La causa

 

En la acusación, los fiscales sostienen que al menos entre 2008 y 2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, y Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial.

Y en esa organización, para los fiscales, en los escalones “superiores” se encontraban el cuñado de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera; el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso; el empleado de esa repartición y cuñado de Aguilera, Alejandro Almada; más el secretario Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez; y el contador Roberto Faure.

También se precisa que la detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, en los diferentes períodos.

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