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Saturday 8 de May de 2021

Ante el paro de AJER, el Colegio de la Abogacía pidió que se garantice el servicio de justicia

Ante el paro de AJER, el Colegio   de la Abogacía pidió que se   garantice el servicio de justicia

04/19/2021 | Ante las medidas de acción directa anunciadas por la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos exhorta a las autoridades provinciales a garantizar el esencial servicio de justicia en el territorio entrerriano.

Desde el CAER entienden que asegurar la tutela judicial continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la justicia, según marca el art. 65 Constitución de Entre Ríos “son principios fundamentales de nuestra sociedad democrática y constitucional”.

“La preocupación de todos los matriculados de la provincia surge a partir del Plenario de AJER realizado el viernes pasado, en el que se decidió profundizar las medidas de acción directa estableciendo, para lo que queda del mes de abril, retenciones de servicios y dos jornadas de paro total, con quite de colaboración”, afirmó la entidad.

“Los principios de acceso a la justicia y la tutela se llevan a la práctica a través de la petición de justicia que realizan las personas ante los jueces (art. 65 Constitución de Entre Ríos, el art. 18 de la Constitución Nacional y los arts. 25 y 81 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. (CADH), como también que los actos y decisiones judiciales deben realizarse en tiempo razonable, sin retardos ni dilaciones indebidas, tal como lo marca el art. 65,  2° párrafo, de la constitución provincial”, agregó.

Desde el Colegio de la Abogacía remarcaron que estas medidas “sin dudas afectarán el normal servicio de justicia en la provincia”. En el marco de la actual situación económica y sanitaria, las autoridades del CAER reconocen que los trabajadores judiciales “han visto congelados sus salarios desde hace más de un año, comprendiendo que el ejercicio del derecho de huelga por garantía de justa distribución es un derecho de constitucional, pero sin omitir la defensa del derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos, ni de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango”.

Por otro lado, y en relación a la publicación de AJER, el CAER “acompaña y hace propia la petición de proscribir la violencia laboral en los tribunales provinciales que ha realizado AJER. Las autoridades deben extremar la prevención de tales conductas que no solo hace a la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores judiciales, sino también a todo el servicio de justicia entrerriano”, concluyó la entidad. 

 

Presencialidad

 

Dada la situación epidemiológica por la que transita Entre Ríos y considerando la curva ascendente de casos de Covid-19 que se replica hacia adentro del sistema judicial, el Superior Tribunal de Justicia resolvió disponer una nueva modalidad de trabajo: se extenderá desde este martes hasta el 30 de abril. 

Desde la Dirección de Gestión Humana del STJ se presentó una propuesta que apunta a reducir la presencialidad y la circulación por la vía pública.

 

Entre las mismas se detallan:

 

Teletrabajo: deberán utilizar esta modalidad un tercio (mínimo obligatorio)  del personal técnico y administrativo. Las autoridades del organismo deberán asistir de manera presencial, a excepción de aquellas que son de riesgo.

 

Doble turno: en caso de que el personal que se desempeña de manera presencial supere la cantidad aprobada por el Área de Salud Ocupacional, el mismo deberá distribuirse en turno mañana (7 a 13 horas) y turno tarde (14 a 20 horas).

 

Todos los actos deberán realizarse de manera telemática: audiencias, entrevistas, etc., salvo que ello resulte de imposible cumplimiento.

 

Restricción en el acceso de personas ajenas al Poder Judicial a los edificios de Tribunales, respetando el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones.

 

Cumplimiento de los protocolos sanitarios: se deberán reiterar los protocolos sanitarios aprobados; realizar rondas médicas semanales; encomendar a las autoridades de cada organismo el control activo del cumplimiento de los protocolos y utilización de elementos de bioseguridad

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