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Impunidad: a cinco años del femicidio de Gisela López, nadie investiga
Hoy se cumple un lustro del rapto, abuso y femicidio de Gisela López ocurrido en Santa Elena (Departamento La Paz). Nadie investiga hoy quién mató a Gisela López. Tampoco está cerrada la causa, que tiene a tres imputados absueltos. En ese limbo están los familiares de la víctima desde marzo de 2019, esperando definiciones para avanzar hacia algún lado en busca de justicia.
El expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, recién hace tres semanas, se definió que la Vocalía Nº 2 (a cargo del ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda) trate el caso, pero vaya a saber cuándo. Mientras, en la Fiscalía de La Paz no se pueden tomar medidas para investigar, ya sea en la misma hipótesis que se frustró, ni en otras. Cinco años después del femicidio que conmocionó al país, la impunidad se consagra en una ciudad donde no llega ni la Justicia.
“Cinco años de impunidad. Cinco años de lucha por justicia”, escribió en sus redes sociales Gabriel López, hermano de la víctima, y agregó: “Queremos informarles que no convocaremos a ninguna manifestación ni concentración por la situación sanitaria, pero como cada día del año recordaremos a Gisela y seguiremos exigiendo justicia”.
En este sentido, el joven contó: “La causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, luego de esperar mucho tiempo por novedades, en los primeros días de este mes ha registrado un avance importante para que sea tratada. Si bien sabemos que falta mucho para tener una resolución, que el expediente haya cambiado de estado y haya registrado un movimiento, para que los jueces del máximo tribunal del país resuelvan y nos den una respuesta, nos renueva las esperanzas”.
La causa llegó a esa instancia por el recurso extraordinario federal presentado por la Procuración General de la Provincia, luego que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia confirmara la absolución de Mario y Elvio Saucedo y de Matías Vega. De este modo, el Ministerio Público Fiscal insistirá en volver a juzgar a los acusados del femicidio, luego que en la provincia se confirmara la falta de pruebas en su contra, publicó el diario Uno de Paraná.
El femicidio
El 22 de abril de 2016, poco después de las 22, Gisela López salió de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5 “Padre Fidel Alberto Olivera” de Santa Elena y regresó caminando a su casa, ubicada en el barrio 120 Viviendas, cerca del acceso a la localidad.
Cuando caminaba por un sendero al costado de la avenida Perón, en la zona conocida como El Bajo, fue raptada y llevada por la fuerza al campo lindero. Desapareció y durante 18 días la buscaron en Santa Elena y en toda la provincia, con múltiples rastrillajes en la zona donde fue vista por última vez, sin resultados. A los pocos días surgió el dato erróneo de que Gisela estuvo en Paraná y detuvieron durante 15 días a un hombre que era inocente.
El 10 de mayo, un chico que cruzaba a caballo el campo donde la habían raptado, encontró el cuerpo de la víctima, oculto entre yuyos. Según la autopsia, durante los 18 días que Gisela estuvo desaparecida, el cuerpo estuvo todo ese tiempo en el mismo lugar y nadie puede explicar por qué en el rastrillaje no fue detectado.
El fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la investigación, detuvo a cuatro personas. La hipótesis de la Fiscalía fue que Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo de 54 y 29 años) y Matías Vega (de 19 años), abusaron sexualmente de la víctima en la vivienda de los Saucedo en la zona de ladrillerías en cercanías al lugar del hecho, la mataron y luego dejaron el cuerpo en el lugar. También imputaron a Rocío Altamirano (novia de Vega, de 19 años) como encubridora, pero en el juicio desistieron de esa acusación.
En 2017 se realizó el juicio. Ningún testigo ni prueba objetiva incriminaron directamente a los imputados del femicidio. La Fiscalía (Santiago Alfieri y Carolina Castagno, hoy vocal de Tribunal de Juicio) analizó varios indicios y pidió la prisión perpetua. Lo acusaron a partir de tres testigos que ubican a Mario Saucedo caminando detrás de Gisela aquella noche del 22 de abril en El Bajo. Y también en los testigos indirectos que refirieron diálogos mantenidos con los imputados o sus familiares en los que habrían confesado la autoría del homicidio.
Los jueces Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Denbrouke consideraron que no hubo ninguna prueba objetiva ni testimonial que derribara el estado de inocencia de los acusados y los absolvió. Fundamentalmente, remarcaron que el rastro genético hallado en el cuerpo de la víctima, pelos rubios, corresponderían al autor del femicidio, que debe ser buscado.
Los jueces concluyeron que ni Gisela fue asesinada en la casa de Saucedo ni fueron ellos los autores del crimen. “Todo el desarrollo del suceso se produjo en la zona de la desaparición de Gisela, descartando de plano toda posibilidad del traslado de la víctima a la casa de Saucedo para someterla sexualmente, darle muerte y trasladarla nuevamente al lugar donde fue hallada. Tal hipótesis carece de asidero científico y resulta no solo inverosímil sino contrario a toda lógica”, afirmaron.
“Lamentamos profundamente que un hecho tan aberrante y desgraciado que truncó la vida de una joven en forma violenta y despreciable no sea posible llegar a su esclarecimiento y al castigo que su autor o autores merecen. Existe una prueba de ADN que arrojó un patrón genético masculino hallado en el cuerpo de Gisela que no pertenece a ninguno de los tres acusados, y que casi con seguridad llevaría al autor de este hecho”, sentenciaron.
Derrotero judicial
La Fiscalía presentó el recurso de Casación. En 2018, por mayoría, las camaristas Marcela Davite y Marcela Badano cuestionan errores en la valoración de pruebas por parte del Tribunal de Juicio, y ordenaron realizar un nuevo debate. El tercer integrante de la Cámara, Hugo Perotti, votó en disidencia, al sostener que aquel fallo no fue arbitrario y se fundamentó bien.
De este modo se anuló la absolución por ser incoherente y arbitraria, por “prescindir de prueba, como en valorarla fragmentariamente y en introducir en su análisis elementos que no formaron parte del acuerdo probatorio”.
Antes que el expediente sea enviado para hacer un nuevo juicio, el defensor Alsina presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia.
En 2019 la causa llegó a la Sala Penal. Por mayoría, los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia cuestionan a la Cámara de Casación y sostuvieron que el fallo del tribunal que dictó la absolución fue correcto. La vocal Claudia Mizawak consideró lo contrario y votó por confirmar lo resuelto por Casación. De este modo se confirmó el fallo del Tribunal de Juicio.
Ante este nuevo revés, la Fiscalía acudió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el expediente ingresó en agosto de 2019 y recién hace tres semanas cambió de estado para recalar en la Vocalía N° 2. Los supremos deben decidir si confirman la absolución o si ordenan hacer un nuevo juicio.