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Insólito: la Justicia Federal rechazó una denuncia por daño al delta
Un empresario de Buenos Aires comenzó con tareas para levantar terraplenes en el Delta del Paraná con fines agrícola ganaderos. Para esto ingresó maquinaria pesada en la zona insular de Victoria, estando estas maniobras prohibidas por un mandamiento de la Justicia Federal.
Alertados de tales movimientos, la Municipalidad de la jurisdicción realizó la constatación de los hechos en los primeros días de marzo. También la ONG Cuenca Río Paraná presentó el 27 de abril una denuncia ante la posible violación del amparo vigente y el inminente daño a los humedales, pero el Juzgado Federal Nº 2 de Paraná desestimó el encargo contradiciendo su propia resolución. Desde la entidad ambiental se manifestó el malestar con la decisión del juez Daniel Edgardo Alonso porque entienden deja “en absoluto estado de desprotección al ambiente y a todo el sistema de islas”, se indicó el portal Era Verde.
La información sobre movimientos extraños en la zona de islas de Victoria, llevó a personal de la Municipalidad de la cabecera departamental con jurisdicción en el sector a realizar una serie de inspecciones en cercanías de arroyo Barrancoso, hacia el Sur del enlace vial que comunica con la ciudad de Rosario.
Hasta ese punto llegó una delegación oficial para tratar de relevar movimientos de tierra con vehículos de gran porte en una zona que tiene estos trabajos restringidos. Esto es porque a partir de un planteo de las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, a raíz de los devastadores incendios en el Delta el año pasado, el juez Federal 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, el 1° de julio de 2020 determinó “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en estos territorios afectados por las quemas, con especial énfasis en evitar que se construyan diques y terraplenes que vulneren el sector.
Entre otras particularidades, la orden judicial también dispuso que “a los efectos evitar cualquier tipo de hecho que pudiere generar una violación a lo antes dispuesto, el personal de Gendarmería Nacional con funciones en la traza vial de la Ruta Nacional Nº 174, deberá identificar debidamente a cualquier persona que desde la Ruta ingrese a la zona de humedales, como así cualquier material, maquinaria o elemento que se intente ingresar al sector y que tenga aptitud para vulnerar la prohibición de construcciones antes dispuesta”.
Esta misma orden de control fue dada a Prefectura Naval Destacamentos Victoria y Rosario para el monitoreo de embarcaciones. Y también a la Policía de Entre Ríos para extremar “las medidas a fin de identificar y neutralizar cualquier tipo de amenaza ya sea relacionada con eventuales incendios o con la construcción de instalaciones”, que afecten el área.
Pues bien, esto es lo que justamente constató personal municipal de Victoria el 4 de marzo pasado, cuando en el mencionado paraje, coordenadas S 32º 52’ 18’’ W 60º 12’ 55’’, registró la presencia de una retro pala amarilla JCB; un arado de 40 discos; un rolo para el desmalezado, una pala de acople frontal; y un tractor marca Agco Allis. Toda esta maquinaria, según registra el expediente al que accedió el portal Era Verde, tenía como fin llevar adelante tareas de remoción de tierra y levantar endicamientos que permitiera instalar una vivienda, así como acondicionar un potrero para ganadería, dijo el responsable del campo. El lugar presuntamente pertenece a Alberto Javier García, un empresario que estaría vinculado a la industria láctea, con domicilio en la Ciudad de José María Gutiérrez, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Más trámites
Atentos a la vigencia de la medida del juez Alonso, el informe fue elevado al intendente Domingo Maiocco, así como se dio traslado al Juzgado Federal Nº 2 de Paraná. Las actuaciones tienden a saber sobre si existe alguna autorización para este tipo de obras e ingreso de maquinaria que a la luz se hace evidente está prohibido. Es así que quien sería representante legal de García, presentó ante el municipio el 26 de abril pasado documentación en el que se daría cuenta de un pedido de autorización de obras al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) provincial.
No obstante, este trámite que sigue en curso, la situación irregular comenzó a trascender en esto días por datos de baqueanos de la zona y puso en alerta a organizaciones ambientales. El 27 de abril el grupo de abogados de la asociación civil Cuenca Río Paraná, presentaron al juez Alonso una denuncia por presunta violación de la medida cautelar por él dictada. En el escrito también se pide que se soliciten las actuaciones administrativas a la Municipalidad de Victoria, y que se ordene el retiro de las maquinarias.
Pero ante esta denuncia, en una respuesta inesperada, el juez Alonso no hace lugar a pedido de la entidad aduciendo que “en ningún momento se ha prohibido la tenencia o posesión de maquinarias en la zona de humedales”, aunque las mismas llegaron de algún modo cuando expresamente esto está restringido. Dadas las características del terreno conocedores de las islas plantean que las maquinarias podrían haber llegado por agua, lo que representa a priori una falta de control de Prefectura.
En diálogo con el portal Era Verde, el letrado de Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi, expresó “la profunda preocupación que causa este tipo de decisiones judiciales que son francamente inadmisibles. Porque dejan en absoluto estado de desprotección al ambiente y a todo el sistema de islas. Además, desde el punto estrictamente legal, es notorio que Alonso no aplica el principio rector del derecho ambiental que es el de prevención. La Corte Suprema de Justicia dice que la prevención del daño futuro tiene prioridad absoluta en las instancias judiciales, y esto el juez Alonso no lo está cumpliendo”, criticó.