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Thursday 13 de May de 2021

Causa contratos: buscan saber qué legislador solicitó contrataciones

Causa contratos: buscan saber qué  legislador solicitó contrataciones

05/03/2021 |El Ministerio Público Fiscal solicitó a la Legislatura de Entre Ríos que informe quiénes fueron los senadores y diputados, o autoridad legislativa, que efectuaron las respectivas solicitudes con las que se inició el trámite de contratación de empleados, cuyos contratos, actualmente, son objeto de la investigación por presunto desfalco entre 2008 y 2018.

El oficio fue librado el 29 de abril, con la firma del fiscal Ignacio Aramberry. Según supo Entre Ríos Ahora, la petición obedece, en realidad, a un pedido que formuló el abogado Damián Petenatti, que representa a Alfredo Bilbao, a quien se lo acusa de formar parte de una organización que habría producido un desfalco a la Legislatura por medio de contratos apócrifos.

La investigación, que arrancó en septiembre de 2018, busca determinar si entre 2008 y 2018 se registraron contratos truchos o irregulares que le provocaron un perjuicio a las arcas de la Legislatura. A principios de abril, la perito contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, determinó que en ese período se formalizaron contratos por un monto de $1.111.871.715, a valores de marzo último.

Sin embargo, en estos más de dos años de investigación aún no se conoce qué legislador o autoridad firmó la nota que inició el trámite de contratación de las personas que hoy son parte de una larga lista que fue investigada por la Justicia.

Esa falta de información fue advertida por el abogado Petenatti, quien en una nota enviada a la Fiscalía, señaló que las dos Cámaras legislativas respondieron el 19 de abril de este año con una serie de documentación en la cual “no surge la menor constancia” en la que se pueda conocer “qué legislador o autoridad del cuerpo ha efectuado la respectiva solicitud inicial del trámite, no constando tampoco ningún acto donde se haya insistido en llegar determinar el origen y motivos de cada contratación investigada según la hipótesis desarrollada o determinar en su caso, por qué esa documentación no es hallada”.

Mencionó que el decreto 128, del 28 de abril de 2008, firmado por el entonces presidente de la Cámara de Senadores y vicegobernador, José Eduardo Lauritto, estableció que los senadores que requerían contratados debían dar fe de la necesidad de la contratación al igual que de la idoneidad de la persona contratada.

En ese sentido, refirió que dicho procedimiento de solicitud de contratos incluía la autorización del presidente del bloque partidario y un informe del Director General de Administración de este Honorable Senado.

La conclusión del letrado es que, siguiendo la teoría de la Fiscalía, es central conocer quién es la persona que efectuó el pedido de inicio de trámite de contrato, sea autoridad legislativa o legislador, ya que así se podría establecer “posibles responsables y grado de participación -siempre según la hipótesis del MPF-, dado que partir de allí y compulsando con los contratos catalogados de ilícitos, se podrá determinar el originador de esa contratación espuria invocada”.

En su petición, el abogado resaltó que conocer esta información podría ser clave para determinar si los legisladores involucrados o la autoridad legislativa pueden considerarse partícipes necesarios en el presunto desfalco que acusa la Fiscalía.

Bajo esos fundamentos, la Fiscalía aceptó librar un nuevo oficio a la Legislatura para que informe la nota del pedido inicial de contratación; y en caso de no encontrarse, que se indique en qué dependencia, dirección u oficina deberían hallarse archivados, indicando quién o quiénes han sido los responsable a cargo de la misma desde el año 2008 al 2018 inclusive.

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