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Destituyeron al juez de Paz de Gualeguay Sebastián Salem
Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, reunidos en Acuerdo General, resolvieron el lunes por mayoría destituir al Juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Eduardo Salem, en orden a la causal de destitución del Artículo 15 inc. 9 de la Ley Nº 9.283 -texto conf. Ley Nº 9513.
Salem, fue denunciado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), a partir de la presentación realizada por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida, ambas de dicho Juzgado de Paz, por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.
El Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por el senador provincial Armando Gay, el vocal del STJ Daniel Omar Carubia, la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Davite, el vocal de la Cámara Tercera Sala II, Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y por el Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.
Por el Ministerio Público Fiscal participó el procurador general Jorge Amílcar García y el defensor técnico de Salem fue el abogado Ladislao Uzín Olleros.
Las audiencias del juicio se desarrollaron desde el 15 al 18 de marzo pasado en el Salón de Actos del STJ, y en virtud de la declaración de la pandemia por el coronavirus y las medidas de distanciamiento social vigentes, fueron transmitidas en vivo y en directo por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.
El voto del presidente
A su turno, el presidente del Jurado, senador provincial Armando Gay, expresó:
“En forma preliminar estimo necesario realizar determinadas afirmaciones, las cuales a mí entender hacen al fondo de la cuestión. En primer lugar, destacar el proceso en sí, en el cual se ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones de nuestra Constitución Provincial, como la norma infra constitucional que regula esta institución del Jurado de Enjuiciamiento”.
“En el grave contexto de pandemia que estamos atravesando, se tomó todos los recaudos para poder llevar el mismo adelante, habiéndose dispuesto todas las medidas de protocolo necesarias, sin que esto vaya en desmedro de las personas involucradas.
Así mismo merece una mención especial la transmisión en vivo realizada de todas las jornadas, lo que plasmó en la realidad la publicidad de un acto de tal trascendencia como es el de juzgar el desempeño de un magistrado”.
“Esta apertura, la publicidad en términos reales y no formales, permiten garantizar el derecho de defensa, y la obligación de cada uno de los integrantes del Jury de rendir cuentas sobre nuestro actuar. Quienes creemos en la democratización de las instituciones debemos fortalecer las herramientas que permiten el involucramiento de la sociedad en su conjunto, más aún en temas tan sensibles como el juzgamiento de un miembro del Poder Judicial”.
“Estoy convencido que el buen desempeño no se limita única y exclusivamente a la labor técnica, ni al trato con profesionales del foro o justiciables, sino también la necesaria empatía y respeto por los colaboradores, debiéndose ocupar el rol de un líder positivo, teniendo como premisa el respeto de los derechos fundamentales íntimamente vinculados a la dignidad humana. Sería una grave contradicción que un órgano encargado de impartir justicia, no vele por mantener la armonía y el equilibro en los recursos humanos que forman parte del mismo”, resaltó Gay.
“A su vez debemos todos los órganos de gobierno combatir férreamente todo acto de violencia, en especial aquella donde se dan situaciones de abuso de poder, y sobre todo debiéndose tener en mira que toda decisión institucional incluso la de este jurado de enjuiciamiento debe ser obligatoriamente con perspectiva de género, atento los tratados internacionales vigentes, las leyes nacionales e incluso las normas provinciales que nuestra legislatura ha sancionado”, reflexionó.
“Un juez, un legislador, o un miembro del Poder Ejecutivo debe ser consciente que es un servidor público, con todo lo que el término conlleva, no debiéndose admitir bajo ningún justificativo que un cargo sea una garantía de impunidad, ni de una autorización tácita para desviarse de las responsabilidades inherentes a la función. Hay que desterrar la mirada monárquica sobre los poderes, insisto ser juez o jueza, debe ser un honor, y llevarse adelante con suma responsabilidad, y no como atributos que nos permitan mancillar al otro, violentarlo y/o denigrarlo”, recalcó.
“Nuestra Constitución plasmó desde su origen en 1853 el derecho a la igualdad, el cual con el devenir de los tiempos y de la evolución de los derechos humanos se han ido concretización, eliminando todo privilegio o trato diferencial. Que el acusado como juez sea el responsable del funcionamiento de su juzgado no le otorga un cheque en blanco, no lo autoriza a manejarse en forma discrecional, autoritaria y contrario a derecho. No debemos dejar de lado que la violencia laboral, y la falta de perspectiva de género en el trabajo diario es de por sí una conducta que merece el reproche jurídico, atento el amplio espectro normativo vigente, y que todos debemos velar por cumplir, bajo la posibilidad de incurrir en responsabilidad internacional, conforme los compromisos asumidos por el estado argentino”, expresó el presidente del Tribunal.