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Suspendieron la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón
La Justicia uruguaya suspendió el trámite para definir la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el diputado del Parlasur y señalado como el principal operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, hasta que se defina su solicitud para ser considerado un refugiado político, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Así lo resolvió la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo, que dispuso que el ex funcionario macrista deberá “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” mientras que se dispuso el cierre de fronteras para él “con carácter de urgente”.
Todo sucedió en el marco de la audiencia que tuvo lugar esta tarde en los tribunales de Montevideo. Allí estaba citado el ex funcionario macrista a una audiencia clave que debía analizar sobre el pedido de la jueza María Servini para proceder a su captura y extradición. Luego de ese acto, la justicia local decidió suspender la extradición hasta tanto el gobierno de Luis Lacalle Pou defina si le otorga el asilo político que pidió por, supuestamente, ser “un perseguido”.
En el exterior del juzgado hubo una nutrida guardia periodística que buscó sin éxito contactar a Rodríguez Simón. Infobae pudo capturar las imágenes del ex funcionario macrista que el 17 de mayo pasado decidió anunciar su decisión de pedir convertirse en un refugiado político de Uruguay.
Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo, comenzó la audiencia a las 14:45. Allí estaba el propio Rodríguez Simón, de 62 años, sus abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey; y el titular de la la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2°Turno, Ricardo Lackner, junto a la fiscal Daniela Ramos. Casi una hora después, el ex funcionario macrista logró esquivar a los reporteros. De acuerdo a los cronistas, salió por una puerta destinada a detenidos. De inmediato se subió a un auto UBER al que había llamado minutos antes.
Precisamente, la defensa de Pepín ya informó y aportó a la causa “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”. Según indicaron las fuentes, la sola petición ya le otorgaría el estatus legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido.
El CORE es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El organismo tiene un plazo de 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.
Una vez que el CORE se pronuncie, el propio Pepin podría apelar esa resolución si la decisión le fuera desvalorable. El recurso podría llegar incluso hasta la Corte uruguaya, señalaron fuentes judiciales. Recién cuando la definición de la CORE esté firme, la jueza Chamsarián retomaría el proceso de extradición.
Allí, lo que se debatirá es el pedido de la jueza Servini para enviar a “Pepín” a la Argentina. Servini rechazó en una resolución que el imputado pueda ser considerado un refugiado politico. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, aseguró.
La jueza María Servini investiga a Rodríguez Simón en el marco de una denuncia que radicó el empresario Fabián de Sousa contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Cambiemos y meterlos presos.
“Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas. En ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”, sostuvo Servini ante la justicia uruguaya.
La magistrada había citado a indagatoria a Rodríguez Simón para indagarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio.