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Diario El Argentinoviernes 29 de marzo de 2024
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La Municipalidad firmó un convenio de colaboración para luchar contra la trata

La Municipalidad firmó un convenio de colaboración para luchar contra la trata

El último viernes el intendente Piaggio firmó un convenio de colaboración con la Federación Argentina de Municipios y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.


El viernes pasado, el intendente Esteban Martín Piaggio firmó un convenio de colaboración con la Federación Argentina de Municipios (FEM) y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

Estuvieron presentes también el secretario general de la FAM, Juan Mateo, y Gustavo Vera, director nacional del Comité; además participaron representantes de organismos locales y provinciales, así como sindicatos, organizaciones barriales, legisladores, funcionarios y funcionarias municipales.

De esta manera, Gualeguaychú es la primera ciudad de la provincia en realizar un convenio de este tipo para comenzar a implementar diferentes herramientas para fomentar la lucha contra la trata y explotación de personas. Se realizarán capacitaciones y reuniones con diferentes sectores de la ciudad para trabajar en esa línea.

El Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022, fue elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Esta publicación se presenta en cumplimiento de la Ley N° 26.842, que establece la obligación de elaborar un plan de trabajo cada dos (2) años a cargo de dicho organismo.

El diseño del nuevo Plan Nacional, fue elaborado de manera participativa y transversal, en conjunto con los cinco Ministerios que integran el Comité Ejecutivo, y en articulación con 44 organismos asociados, que han asumido importantes compromisos para la ejecución de las acciones previstas.

En total, se han planificado cien acciones divididas en cuatro ejes de trabajo: prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento institucional, todas destinadas a definir las políticas públicas contra la trata de personas y asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías.

 

 

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