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Diario El Argentinomiércoles 17 de abril de 2024
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El Ministerio Público rechazó que la fiscal Cedrés sea sancionada

El Ministerio Público rechazó que la fiscal Cedrés sea sancionada

Martina Cedrés.


El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, rechazó un planteo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, entidad que interesó la aplicación de una sanción disciplinaria a la fiscal Martina Noemí Cedres, de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, por un entredicho que sostuvo con el abogado Alfredo Vitale en una audiencia que se desarrolló el 20 de abril pasado.

En esa audiencia, el juez de Garantías Tobías Podestá le recomendó a la fiscal que, en lo sucesivo, 2se maneje con probidad y buena fe con el resto de las partes involucradas en el proceso”. Fue en el marco de una causa por comercio de estupefacientes y en la que la Fiscalía había interesado la aplicación de prisión preventiva a uno de los imputados en la investigación penal. El juez Podestá rechazó la petición de la prisión preventiva, y entonces la fiscal Cedrés acudió en apelación ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que confirmó lo resuelto en primera instancia, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Pero, la discusión en audiencia de la procedencia o no de la prisión preventiva se dio en términos que mereció el reproche corporativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

El abogado Alfredo Vitale, defensor de uno de los imputados en la causa por comercio de estupefacientes, señaló al portal Entre Ríos Ahora que en aquella audiencia de abril la fiscal Cedrés lo trató de “delincuente”. En el trámite de petición de la preventiva, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló, en palabras del letrado, que “el defensor técnico actúa en connivencia con sus defendidos”.

Al respecto, apuntó: “Tengo 27 años de profesión. Nunca me pasó esto. No es cierto lo que dijo, en primer lugar. En segundo lugar, jamás me pasó que me quieran impedir trabajar. Después de escuchar lo que dijo, pedí que si la señora fiscal tenía evidencias de lo que había dicho, que hiciera la denuncia así me puedo defender”.

Como no ocurrió tal cosa, Vitale acudió a la seccional Gualeguaychú del Colegio de la Abogacía para plantear su malestar con lo ocurrido en aquella audiencia, pero, dice, no tuvo eco. Fue entonces que decidió contactarse con el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, quien junto al abogado Miguel Ángel Cullen realizan una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La respuesta que obtuvieron en el Alto Cuerpo de justicia es que la Procuración es un órgano autónomo, y por tanto no podían actuar.

La respuesta del Alto Cuerpo indicó que la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público dispone que el Procurador General y el Defensor General son los titulares de las potestades reglamentarias, administrativas y disciplinarias de sus  respectivos Ministerios, estableciéndose entre sus deberes y atribuciones las de aplicar o solicitar sanciones disciplinarias correspondientes, ya sea disponiendo la sanción administrativa, en el supuesto que la falta sea corregible por dicha vía, o bien denunciando el hecho ante el Jurado de Enjuiciamiento, según dice el texto que firman los vocales  Martín Carbonell, Miguel Ángel Giorgio, German Reynaldo Carlomagno y Juan Ramón Smaldone.

El pedido de sanción, entonces, fue derivado a la Procuración. El 26 de mayo último, el Procurador Jorge Amílcar García firmó la Resolución N° 64 a través de la cual rechazó el pedido de sanción disciplinaria para la fiscal Cedrés que había solicitado el Colegio de la Abogacía, que exigía el inicio de un trámite sumarísimo disciplinario “ante la falta de respeto y consideración debido al abogado Alfredo Vitale” por parte de la fiscal Cedrés. En su contestación, el Procurador García reiteró los términos de la respuesta que ya había dado el 3 de mayo último y explicó que “no se ordenó ningún sumario administrativo contra la doctora Cedrés por no existir motivo alguno para ello”.

“La probidad, buena fe y leal desempeño de la función fiscal en los integrantes de la UFI (Unidad Fiscal de Investigación) Gualeguaychú se halla fuera de duda, al igual que el respaldo institucional de esta Procuración General”, concluyó el Procurador.

 

 

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