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Sabado 24 de Julio de 2021

Ley de Emergencia Económica y Social: qué pasó con los juicios

Ley de Emergencia Económica  y Social: qué pasó con los juicios

21/07/2021 |El miércoles 16 de junio último, el gobernador Gustavo Bordet anunció que su gobierno no prorrogaría la vigencia de la Ley N° 10.806 de Emergencia Económica y Social, aprobada en julio de 2020 y cuya instrumentación generó un vendaval de demandas en la Justicia de parte de quienes se vieron afectados por quitas salariales y mayores aportes jubilatorios, dispuestos para sostener el sistema previsional entrerriano.

A continuación, se ofrece un informe que da cuenta del destino de esas demandas en la Justicia.

La Ley N° 10.806 declaró en la Provincia “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional”, con el propósito, según marca el texto legal, “de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos”.

La norma, que consiguió sanción definitiva en el Senado en la sesión del jueves 2 de julio de 2020 (luego de un trámite exprés en Diputados, tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2021), aunque se previó que fuera “prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial por 180 días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia”. Bordet decidió no apelar a esa herramienta de la prórroga, y la vigencia de la norma se cayó, reseñó el portal Entre Ríos Ahora.

Su sanción derivó en una batalla en la Justicia: hubo recursos de amparo y planteos de inconstitucionalidad, algunos resueltos y otros a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Hay 38 juicios contra la Ley de Emergencia. La gran mayoría están ya con sentencia definitiva a favor de la constitucionalidad. En los amparos, de Rombolá para adelante hay sentencia definitiva del Superior. Los que quedan sin resolver son las acciones de inconstitucionalidad. Había que dirimir competencia. Hubo jueces que se declararon competentes y dictaron cautelares, que fueron apeladas, pero están operativas”, había dicho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

El pleito que adquirió relevancia fue el de una docente jubilada de Concordia, Elida Beatriz Rombolá, quien cuestionó el Artículo 6º que fijó aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Ese amparo fue rechazado por el juez de Garantías, Gustavo Maldonado y, luego, esa decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Así, la causa Rombolá se convirtió en caso testigo para el Gobierno.

El último pronunciamiento fue el de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, que rechazó tres planteos de inconstitucionalidad contra la Ley de Emergencia Solidaria, aprobada en 2020 por la Legislatura, una norma que creó aportes extraordinarios para activos y pasivos como modo de enjuagar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La Fiscalía de Estado probó saltearse los tribunales inferiores y que sea el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el que resuelva, y de ese modo evitarse fallos adversos. Pero el máximo tribunal rechazó ese “per saltum”, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Aunque ahora el escenario es otro. Vencida la vigencia de la Ley de Emergencia, ¿qué ocurre con las demandas planteadas en la Justicia y que todavía no se han resuelto?

“Algunas causas tienen sentencias firmes. Y las que no tienen sentencia firme, quedan abstractas”, explicó el fiscal de Estado. “Las cautelares se cayeron todas”, completó Rodríguez Signes.

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