Escándalo en la Municipalidad de Concepción del Uruguay por obstrucción a la información pública

Es más, al momento que el ciudadano Gustavo Baccon intentó ingresar una nota para acceder a información pública ambiental, el primer obstáculo fue la negativa y el segundo fue que, para vehiculizar su escrito dentro del Estado, antes debía pagar un sellado. Es decir, para presentar un pedido de información pública y antes de saber si se puede o no acceder a ella, se debe pagar. Una barbaridad por donde se lo quiera analizar.

Cuando se consultaron a varios funcionarios sobre esa situación, dijeron “desconocer cómo es la normativa” y se desentendieron del “pago” para el ejercicio de elementales derechos ciudadanos.

Fue el propio damnificado quien luego de mucho analizar, advirtió que se trató de un error de un empleado municipal y no de una suerte de protocolo. Esto le sucedió cuando en una segunda oportunidad presentó una nota de similar intención por Mesa de Entrada del HCD, donde dio cuenta de sus dificultades para acceder a dicha información y nuevamente le quisieron cobrar para ese trámite. En este punto, esbozó la teoría que la gestión debería ser gratuita. En ese acto y de manera milagrosa, el empleado municipal consultó “con altas esferas” del intendente Martín Oliva y desde “arriba” le ordenaron “que esta vez lo deje pasar”. Es decir, fue corregido por el instinto del propio ciudadano, no por protocolo del Departamento Ejecutivo. Así están las cosas en La Histórica en materia ambiental y de gestión democrática.

El pedido de acceso a la información fue para conocer el trabajo que se le encomendó de manera directa a la Universidad de San Martín relativa a un relevamiento de humedales en la ciudad y por la que se pagaron 150 mil pesos, en dos cuotas iguales y consecutivas.

Pero, desde el Ejecutivo se argumentó que no se podía divulgar dicha información porque forma parte de una estrategia judicial; de acuerdo a lo expresado a EL ARGENTINO por el secretario de Salud y Ambiente, Francisco Savoy.

Al ser consultado si la causa se encuentra en el fuero federal, Savoy aclaró que está en el fuero Contencioso Administrativo, es decir, reconoció que se promovió una acción reclamando derechos que el Estado Municipal ha negado como es el uso del suelo que permitiría realizar un estudio de impacto ambiental.

El 12 de mayo de 2021, el intendente Martín Oliva y el secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos, Miguel Arturo Toledo, emitieron la Resolución N° 48.390. Allí se dice textualmente: “Que, el Coordinador de Salud Ambiental Dr. Francisco Savoy, aclara que, debido al volumen de páginas del informe entregado, no se adjunta el Informe final recibido. Sin embargo, el mismo ya fue por él revisado y se encuentra disponible para cualquier consulta en la Dirección de Salud Ambiental”.

Pero, cuando el ciudadano Gustavo Baccon quiso acceder a dicho informe, se lo negaron argumentando que era parte de una estrategia judicial.

El propio Savoy reconoció que el pedido de informes fue el 4 de julio y el Municipio recién se notificó de la causa el 8 de julio y el 12 de julio le respondió por la negativa argumentando que era una estrategia judicial.

Por otro lado, en Concepción del Uruguay se está analizando una reforma al Código de Ordenamiento Urbano (COU), pero llamativamente nadie que está interviniendo en esos espacios sabe de qué se trata este informe de los humedales ni sus alcances. “Las malas artes al momento de gestionar en materia ambiental es toda una característica de la Municipalidad”, coincidieron en señalar varios desarrolladores privados, algunos vinculados con las más importantes inmobiliarias que operan en el mercado de La Histórica. “Nunca sabemos a qué atenernos, porque la información básica en materia ambiental es prohibitiva para los ciudadanos”, se quejaron unos y otros agregaron que el Municipio suele apartarse de las normativas provinciales e incluso nacionales, fue otra queja recurrente entre los desarrolladores.

 

Concejo Deliberante

 

En diálogo con EL ARGENTINO, el concejal Aldo Montañana (partido vecinalista “Uruguay se puede”), compartió su preocupación por la situación. Indicó que supo de la negatoria para acceder a la información pública y del mismo modo manifestó que la situación no le era extraña ante la falta de cultura democrática que muchas veces expresa el Departamento Ejecutivo.

En ese marco, resaltó que, ante el rechazo, este ciudadano ingresó una nota de similar contenido al HCD, y se la giró a la Comisión de Ambiente. Consultado si una negatoria de acceso a la información pública debe ser analizada en la Comisión de Ambiente, Montañana la justificó porque el contenido de la información que se quería acceder era de esa temática.

No obstante, adelantó que presentará una nota formal para que todos los concejales accedan a dicho relevamiento, porque entiende que en materia ambiental como en materia de salud no puede prevalecer el secreto de Estado.
Respecto de los otros bloques, desde el oficialismo no respondieron los llamados de EL ARGENTINO, actitud que para la oposición tampoco fue sorprendente.

Montañana también expresó su preocupación a raíz que el Municipio está promoviendo un acuerdo con la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) para que le realice un segundo informe sobre los humedales. Fuentes vinculadas con el Ejecutivo admitieron la situación y reconocieron que a cambio se le haría una intervención en infraestructura edilicia por un valor cercano a los cinco millones de pesos.

Lo otro que está prevaleciendo en el entorno del intendente Oliva es que quiere impedir todo desarrollo urbanístico “para verse obligado” a una expropiación y luego reformular otros impactos inmobiliarios de la mano de amigos de su gestión de gobierno. Esta es una “grieta” en su propio gabinete.

“Si el privado no puede hacer nada en su propiedad porque según la gestión Oliva ese predio brinda un servicio ambiental, está claro entonces que quiere expropiar. Y eso es lo que están buscando desde la gestión Oliva”, advirtieron algunas voces de la oposición y del propio oficialismo.