Los denunciados y los denunciantes

Tiene fundamento la presunción popular de que el brazo del Poder Judicial no alcanza sino a los débiles. Es cosa asumida la selectividad del sistema penal. Los jueces no llegan a los de guante blanco ni al poder político. Sin ir más lejos, son excepcionales las condenas por corrupción dictadas durante las últimas décadas en Entre Ríos, donde el periodismo y circunstanciales opositores han denunciado fabulosos estragos cometidos desde el aparato del Estado.

La causa de los denominados Contratos Truchos, que golpea al corazón del sistema político, se halla por estas horas sumida en un conflicto de competencia que acaso dilate los tiempos. Será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien dictamine si el expediente se debe sustanciar, como hasta ahora, en el ámbito provincial o si debe tramitarse ante la Justicia Federal como piensan defensores de algunos imputados y como sorpresivamente dictaminó, forzando argumentos, el juez federal Daniel Alonso.

Pero no son ladrones de gallinas los responsables de una estafa (material y política) estimada en más de 50 millones de dólares. Entre los imputados hay ex directores de servicios contables de la Legislatura de Entre Ríos, ex funcionarios de las cámaras, profesionales, empleados públicos y particulares. La nómina incluye a un cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, pero el actual embajador en Israel y Chipre no es el único político al que podrían alcanzar las esquirlas de semejante estropicio.

Por lo tanto, porque nadie cree que los imputados sean los autores ideológicos ni los beneficiarios últimos de la maniobra, es evidente que la de los denominados Contratos Truchos es una causa particularmente sensible para el poder. La investigación debe ser defendida y deben ser denunciados todos los intentos –los más evidentes y los más disimulados– para entorpecer la pesquisa. Los obstáculos pueden ser promovidos desde adentro del proceso o desde afuera. Los límites entre lo político y lo estrictamente jurídico suelen desdibujarse en este tipo de causas.

Los fiscales que investigaron la estafa y firmaron la elevación a juicio, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, ya han sido impugnados por algunos de los defensores. Ahora el Ministerio Público Fiscal sufre los embates de viejos enemigos que remontan a otros tiempos las razones de su (tal vez entendible) enfado. En consonancia con el planteo formulado por el abogado Carlos Reggiardo, ahora los letrados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto promueven un jury de enjuiciamiento contra el procurador Jorge García y la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche.

Al margen de la probidad de los denunciantes, que en tiempos de múltiples complicidades supieron denunciar la corrupción enquistada en las estructuras gubernamentales, los ataques contra los investigadores son en este momento absolutamente funcionales a quienes desde el Estado y su periferia se han comportado de una manera muy sugestiva. Allí y no en otro lado debe posarse la lupa, al menos por el momento. Ya habrá tiempo de detenerse en la labor de los sabuesos porque también es absolutamente cierto que toda investigación debe ajustarse acabadamente a los presupuestos del Estado de Derecho.

Hace un cuarto de siglo, también en esta provincia, un vocal del Tribunal de Cuentas, por investigar a legisladores, terminó destituido: lo llevaron al banquillo de los acusados por haberse tomado tres días de vacaciones en Mar de Ajó. Más tarde, un fiscal de Investigaciones Administrativas, un hombre valiente que había destapado desfalcos millonarios, fue denunciado por un viático de trescientos pesos. En ambos casos quienes habían investigado al poder terminaron mal. Distinta fue la suerte de los sospechados. Fueron triunfos del olvido. Fue el salvoconducto de los desprolijos.

¿Deberá Entre Ríos acostumbrarse a eso? ¿Siempre será igual? ¿Se podrá dar torcer la historia?

Es imprescindible, para que esta tierra no siga avanzando a paso de cangrejo.

 

(*) Antonio Tardelli es periodista y esta columna fue publicada originalmente en el portal Análisis.