Los judiciales van al paro por la Ley de Enganche

El 26 de octubre de 2011, la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 10.068 que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional,, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.

Es lo que se conoce como “Ley de Enganche Salarial”. La vigencia de la Ley de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y que tuvo vigencia hasta junio último, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder Ejecutivo. Pero, sin Ley de Emergencia, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) salió a alertar que la Ley de Enganche sigue suspendida, y por eso resolvieron ir al paro en los Tribunales de la Provincia.

La decisión de los judiciales surgió tras conocer el texto del Decreto N° 1.805, del 15 de julio último, a través del cual el Gobierno dispuso un aumento de salarios del ocho por ciento sobre los haberes de febrero “al Escalafón Judicial y del Tribunal de Cuentas”.  En diálogo con el portal Entre Ríos Ahora, Mario Brmusak, secretario general de la AJER, señaló que ese decreto, emitido en julio, “cuando tenía plena vigencia nuestra Ley de Enganche, deroga de facto esa ley. La única forma de poder actualizar salarios es a través de la Ley 10.058, la llamada Ley de Enganche. Estuvo suspendida durante un año, pero después del 30 de junio cobró plena vigencia. Por eso decimos que ese decreto deroga de facto la ley”.

El miércoles pasado se reunió el plenario provincial de AJER con la presencia de sus 15 filiales y resolvió convocar a un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración, para los días 18 y 25 de agosto y celebrar un nuevo plenario provincial el 27 de este mes, instancia en la que se evaluará, de acuerdo a la respuesta del Gobierno, si se continúan o intensifican las medidas de fuerza, según adelantaron desde el gremio de los judiciales.

“La medida de fuerza es en reclamo a la inmediata restitución y aplicación integral de la Ley 10.068, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que fuera suspendida por un año por la ley de emergencia provincial. El gobierno en un acto de manifiesta ilegalidad ha derogado de facto nuestra ley salarial con un decreto por lo que los trabajadores y trabajadoras judiciales reclamamos se nos liquide lo que corresponde”, señaló AJER.

En el marco del reclamo por la restitución de la vigencia de la Ley de Enganche, el gremio de los judiciales inició una ronda de consultas para eventuales acciones legales.

Al respecto, el plenario de los judiciales manifestó que la Ley N° 10.068 “de enganche con los aumentos de la Corte no es un capricho ni un privilegio, es un mecanismo que garantiza la independencia del poder judicial, uno de los principios básicos del sistema democrático. Y su aplicación no solo evitó conflictos con los otros poderes del Estado y un funcionamiento ininterrumpido durante los casi 10 años de vigencia, sino que estableció aumentos equivalentes a los otorgados por el gobierno al resto de la administración pública sin ningún conflicto, por lo que pretender derogarla es un verdadero acto de irresponsabilidad”.

“Reclamamos que el gobierno recapacite y revea esta decisión no solo equivocada sino ilegal y nos permita volver a nuestras tareas con normalidad”, subrayó el sindicato.